La crítica más certera que ha revelado que la privatización de Telmex le permitió a Carlos Slim Helú construir un imperio personal y familiar e incumplir con el compromiso de usar ese servicio para el desarrollo nacional proviene nada menos que de… Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República que privatizó Telmex en 1990 y qué en 2014 apareció arrepentido.

En dos textos publicados el 15 y 16 de diciembre de 2014 en El Financiero, a propósito de los primeros 25 años de la privatización de la empresa, Salinas se defendió de las acusaciones del imaginario popular en el sentido de que había sido una privatización amañada y que los dueños eran Carlos & Charlie, refiriéndose a Slim y el propio Salinas.

Aunque el expresidente culpa a sus sucesores de la falta de decisión para exigirle a Slim el cumplimiento de compromisos de modernización y socialización, en realidad la privatización no amarró las obligaciones originales de vender una empresa para potenciar el desarrollo y no, como ocurrió en realidad, para construir una fortuna familiar.

La queja de Salinas fue directa: el Estado prohijó a Slim como un rico sin compromisos sociales ni de desarrollo.

La principal acusación de Salinas, que contiene elementos suficientes para revertir la concesión y regresar a Teléfonos de México al Estado a jugar un papel importante en el desarrollo nacional, fue muy directa: “Telmex es hoy un monopolio privado”; en 2014 Telmex controlaba el 80% del mercado de telefonía fija y el 70% de la telefonía móvil, pero la clave de su fortaleza se localizó en el control de las conexiones hacia otras empresas telefónicas y ahí Telmex representa un monopolio que bien pudiera caer en las prohibiciones constitucionales.

En 2014, Salinas aceptó que Telmex era “una empresa ineficiente y abusiva”; y aunque culpó a gobiernos posteriores, en realidad la ineficiencia de Telmex nunca fue cubierta en el título de concesión, tampoco se establecieron condiciones para impedir que derivará en un monopolio privado y menos aún se fijaron límites para impedir el control de la empresa para una familia.

Los 70,000 millones de dólares de fortuna personal de Slim tuvieron su origen en Telmex y de alguna manera habría de muchas maneras recuperado lo invertido en 1990. En el mismo enfoque de preponderancia del Estado en energía eléctrica, se puede apreciar que el regreso de Telmex a propiedad del Estado sería vital para construir un nuevo modelo de desarrollo terminando con cuellos de botella que han sido producto de empresas privatizadas que beneficiaron solo la fortuna personal de una familia.

Los dardos de Salinas en 2014 revelaron las complicidades de Peña Nieto para mantener el imperio Slim. En ese año, el presidente Peña Nieto reformó la estructura de supervisión del Estado y le quitó al presidente de la república la facultad de decidir concesiones de servicios públicos y en 2016 el presidente Peña Nieto permitió adelantar la extensión de la concesión de Telmex que se vencía en 2023 en previsión al avance electoral del candidato Andrés Manuel López Obrador, uno de los más severos críticos de la privatización de empresas públicas y por supuesto de la privatización de Telmex.

Las razones para revisar la fase final de extensión por treinta años más el título de concesión que debe decidir el IFT en marzo del 2023 –aunque con facultades legales del presidente de la República para tomar decisiones ejecutivas en el sentido de permitirla o bloquearla– se localizan en los numerales 6, 8, 9, 10 y 11 del texto de Salinas: Telmex fue privatizada como parte de un proyecto autodenominado de “liberalismo social” y pervertida en el período que el propio Salinas señala como de “neoliberalismo”, refiriéndose a los gobiernos de los presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Salinas subraya de manera directa que Telmex abuso de su posición predominante en el mercado durante esos períodos presidenciales; hubo, agrega, repetidas violaciones y abusos que no tuvieron sanciones graves, como regulación asimétrica ni se exigió separación estructural de funciones o contable a pesar de su condición de dominante.

Y quedan como epitafio del fin de Telmex-Slim las palabras finales de Salinas:

“El señor Slim resultó un empresario hábil que aprovechó la débil regulación del Estado para establecer la posición preponderante de Telmex”.

La renovación de la concesión telefónica en marzo de 2023 puede extender por treinta años más que el poder y la fortuna económica personal de Slim o recuperar para el Estado una pieza clave para la modernización industrial.