San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 15 de julio de 2026.- Habitantes de la comunidad indígena de La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, exigieron la destitución y el encarcelamiento de la alcaldesa Silvia Medina Burgaña, a quien responsabilizan del desalojo que derivó en la demolición de viviendas, la destrucción de cultivos y presuntas agresiones contra familias que, aseguran, han habitado el predio por más de tres décadas.


Los afectados rechazaron las declaraciones del Ayuntamiento, que sostiene que en el sitio únicamente habitaban dos familias y que se trata de una colonia. Los pobladores afirmaron que La Peña es una comunidad indígena integrada por familias hablantes de náhuatl y tének, con más de 30 años de posesión del terreno, donde aseguran haber trabajado de manera permanente. Señalaron que existen expedientes y documentación en dependencias gubernamentales que acreditan la antigüedad de su ocupación.


Olga, una de las personas desalojadas, relató que las autoridades llegaron sin previo aviso y acompañadas por elementos armados, quienes obligaron a las familias a abandonar sus viviendas bajo la lluvia sin permitirles rescatar sus pertenencias. Afirmó que durante el operativo varias personas fueron golpeadas y que posteriormente las casas fueron demolidas, pese a que, según dijo, la orden únicamente contemplaba el desalojo del terreno y no la destrucción de las construcciones. Además, denunció el robo de objetos personales y aseguró que las autoridades nunca les mostraron documentos que acreditaran la propiedad del predio.


Los afectados también acusaron que maquinaria pesada fue utilizada para cubrir con tierra los restos de las viviendas y eliminar evidencias del operativo. Aseguraron que fueron destruidos árboles frutales, cultivos, muebles y enseres domésticos, pérdidas que consideran irreparables para las familias que dependían de esos bienes. Estimaron que al menos diez viviendas fueron derribadas, en contraste con la versión oficial que sostiene que no existían casas en el lugar.


Los representantes de la comunidad señalaron directamente a la presidenta municipal, así como a funcionarios del Ayuntamiento y mandos de corporaciones de seguridad, de haber ordenado y permitido las agresiones durante el desalojo. Por ello, exigieron que se inicien investigaciones penales, se sancione a los responsables y se repare integralmente el daño ocasionado a las familias afectadas.


Asimismo, denunciaron que continúan siendo objeto de intimidaciones mediante patrullajes y personas que toman fotografías y videos de quienes participan en las protestas. Informaron que en los próximos días acudirán a la Ciudad de México para exponer el caso ante la presidenta de la República, con el propósito de solicitar la intervención del Gobierno Federal y denunciar las presuntas violaciones a los derechos de la comunidad indígena.

San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 15 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) reconoció que ha iniciado diversas obras del Gobierno del Estado sin contar con todos los permisos municipales requeridos. Pese a ello, la titular de la dependencia, Leticia Vargas Tinajero, restó importancia a la falta de autorizaciones al asegurar que se trata únicamente de “trámites administrativos” que pueden resolverse mientras los trabajos ya se encuentran en ejecución.

La admisión ocurre después de que el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, denunciara que el Gobierno del Estado construye infraestructura sin las autorizaciones del Ayuntamiento, mientras mantiene detenidas alrededor de 30 licitaciones municipales en la Contraloría General del Estado, lo que, afirmó, evidencia un trato desigual en la aplicación de los procedimientos administrativos.

Cuestionada sobre estos señalamientos, Vargas Tinajero aceptó que existen proyectos que arrancan sin que la dependencia cuente con toda la documentación requerida. Sin embargo, defendió la decisión argumentando que las obras cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad, por lo que consideró que la ausencia de permisos no afecta su ejecución.

La funcionaria explicó que la obtención de las autorizaciones municipales suele tomar tiempo y aseguró que existe comunicación con el Ayuntamiento para gestionarlas. No obstante, dejó en claro que esa situación no modifica la planeación estatal, pues las obras continúan desarrollándose aun cuando los requisitos administrativos no hayan sido cubiertos en su totalidad.

Incluso, la secretaria reconoció que “en algunas ocasiones o varias ocasiones” la dependencia no dispone de las autorizaciones correspondientes al momento de iniciar los trabajos.

A pesar de ello, sostuvo que la falta de permisos no representa un impedimento para continuar con las obras, al afirmar que “no nos atrasa porque nosotros seguimos avanzando”, con lo que confirmó que la ejecución de proyectos estatales puede realizarse antes de cumplir con la totalidad de los requisitos municipales.

Las declaraciones de la titular de Seduvop contrastan con la exigencia que el propio Gobierno del Estado ha mantenido hacia los municipios y otros niveles de gobierno para que observen estrictamente la normatividad en distintos procedimientos administrativos.

En este caso, la dependencia reconoce que las obras avanzan aun cuando no se han completado las autorizaciones exigidas por la autoridad municipal, al considerar que dichos permisos pueden obtenerse de manera posterior al inicio de los trabajos.

San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 15 de julio de 2026.– El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que el Centro Histórico de la capital registre un incremento en los robos y asaltos, al asegurar que los indicadores de seguridad no muestran una situación fuera de lo habitual y desestimó las versiones que advierten un deterioro en las condiciones de esa zona.

Afirmó que, con base en la información que revisa de manera periódica en las mesas de construcción de paz convocadas por el Gobierno Federal, el Centro Histórico no ha sido identificado como un foco de preocupación durante el último año. Sostuvo que, por desgracia, se han detectado versiones sobre este tema que tienen tintes políticos, por lo que exhortó a la comunidad a evitar replicarlas.

El edil sostuvo que los datos oficiales respaldan su postura y destacó que recientemente la capital potosina dejó de figurar entre los municipios con mayor incidencia de feminicidios a nivel nacional. “No lo digo yo, lo dicen las estadísticas nacionales”, expresó.

Asimismo, indicó que las mediciones de percepción de seguridad y los registros de incidencia delictiva muestran un panorama distinto al que describen algunas versiones sobre el Centro Histórico, además de que existe un trabajo constante para mantener el primer cuadro y toda la ciudad en las mejores condiciones posibles, sobre todo en temas tan sensibles como lo es la seguridad pública.