San Luis Potosí, S.L.P., viernes 23 de enero de 2026.- La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en San Luis Potosí enfrenta una situación crítica debido a la falta de recursos presupuestales, advirtió el abogado José Mario de la Garza, quien consideró que, sin una inversión sustancial, el nuevo sistema corre el riesgo de fracasar.

Explicó que la reforma transforma por completo el modelo de justicia, al transitar hacia la oralidad y requerir nueva infraestructura, capacitación especializada, espacios adecuados y equipamiento tecnológico, elementos que no han sido acompañados de un incremento presupuestal al Poder Judicial.

“El presupuesto manda una señal muy clara de qué es lo que importa y a qué se le está apostando”, señaló, al advertir que la ausencia de recursos coloca al sistema judicial “contra reloj” para cumplir con los plazos legales de implementación.

De la Garza subrayó que el problema no es la reforma en sí, sino su ejecución. Recordó que experiencias previas, como el sistema penal acusatorio, demostraron que sin una correcta implementación se saturan los tribunales con asuntos menores que podrían resolverse por otras vías.

En ese sentido, insistió en la urgencia de fortalecer mecanismos de mediación y acuerdos, tanto en materia penal como civil y familiar, para evitar que conflictos cotidianos lleguen innecesariamente a juicio. “Nadie quiere ir a juicio, la gente quiere resolver sus problemas”, afirmó.

Criticó que, ante la falta de infraestructura y personal capacitado, se generen decisiones judiciales deficientes y se prolonguen procesos que afectan directamente a las personas, como casos de prisión preventiva por delitos menores.

En el ámbito político local, el abogado se refirió al veto del gobernador a la llamada Ley Gobernadora, al señalar que, desde el punto de vista legal, el procedimiento implica regresar la iniciativa al Congreso para su revisión y eventual nueva votación. Sin embargo, consideró que la decisión respondió más a un cálculo político.

“Era muy probable que la Corte invalidara la ley, así que se optó por frenarla a nivel local y dejarla en el congelador”, opinó, al estimar que el tema no volverá a avanzar en el corto plazo.

Finalmente, sostuvo que es legítimo impulsar leyes que fomenten una mayor participación de las mujeres en la vida pública, pero advirtió que no pueden diseñarse leyes a la medida, sino marcos jurídicos sólidos que resistan el escrutinio constitucional. “Hay que hacerlas bien para que se sostengan”, concluyó.

San Luis Potosí, S.L.P., viernes 23 de enero de 2026.- Las irregularidades en materia laboral continúan generando sanciones económicas significativas para empresas en San Luis Potosí así lo dio a conocer la secretaria del trabajo y previsión social, como resultado de revisiones derivadas de denuncias y supervisiones ordinarias, alrededor de 350 centros de trabajo han sido multados por incumplir disposiciones básicas de la legislación laboral, principalmente relacionadas con la seguridad social de sus empleados.


Las sanciones detectadas no se concentran en una sola región. Aunque la mayoría de los casos se ubican en distintas zonas del Estado, cerca de 20 corresponden a empresas asentadas en la Huasteca potosina, donde se identificaron prácticas que vulneran derechos laborales, aun cuando los trabajadores reciben un salario de manera regular.


Entre las faltas más comunes se encuentra la omisión del registro de los empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una práctica que impacta directamente en el acceso a servicios médicos, incapacidades y futuras pensiones. En otros casos, aunque los trabajadores están dados de alta, el salario reportado es inferior al que realmente perciben, lo que reduce de manera artificial las prestaciones y aportaciones legales.


Este tipo de incumplimientos no sólo genera afectaciones a los trabajadores, sino también consecuencias económicas relevantes para los empleadores. Las multas aplicadas oscilan entre 250 y 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), un rango que puede traducirse en montos que van desde decenas de miles hasta más de medio millón de pesos, dependiendo del tamaño de la empresa, el número de personas afectadas y la gravedad de la falta detectada.


El cálculo de las sanciones no es uniforme ni automático. Cada caso se valora de forma proporcional, considerando cuántos trabajadores resultaron perjudicados y si se trata de omisiones parciales o totales en el cumplimiento de las obligaciones laborales. Esta metodología busca que el impacto económico de la multa sea acorde con la dimensión del incumplimiento.


De acuerdo con la información recabada durante las inspecciones, en la mayoría de los casos las empresas optan por regularizar su situación tras recibir la sanción económica, principalmente mediante el alta de los trabajadores en el sistema de seguridad social o la corrección de los salarios reportados.