Región Altiplano, S.L.P., viernes 31 de julio de 2026. – Una familia indígena originaria del estado de Guerrero denunció públicamente la falta de avances en la reparación del daño por la muerte de su hijo Joel, un niño de tres años de edad que falleció tras ser atropellado el pasado 25 de julio en la comunidad de Estación Catorce, en el municipio de Catorce.

Según la denuncia, el conductor involucrado en el accidente fue puesto en libertad, situación que consideran injusta debido a que, aseguran, hasta el momento no han recibido indemnización ni apoyo para cubrir los gastos derivados del hecho. De igual manera, señalan que personas cercanas al conductor estarían intentando evadir responsabilidades relacionadas con el caso.

En ese sentido, los padres del menor solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se revise la situación jurídica del conductor y se garantice la reparación integral del daño conforme a la ley. De igual manera, hicieron un llamado a la ciudadanía para respaldar su exigencia de justicia y, en caso de contar con información relevante sobre el caso, ponerla a disposición de las autoridades competentes.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento público sobre las denuncias realizadas por la familia respecto al estado que guarda la investigación ni sobre la situación jurídica de la persona señalada como presunta responsable.

San Luis Potosí, S.L.P., viernes 31 de julio de 2026.- Trabajadores de la Secretaría de Bienestar adscritos a la Región 2, con cabecera en Matehuala, denunciaron de manera anónima una serie de presuntas irregularidades en la ejecución del programa federal La Escuela es Nuestra en San Luis Potosí, al señalar que servidores públicos habrían intervenido para dirigir contratos de obra hacia personas específicas, pese a que la normatividad establece que esa decisión corresponde a los comités escolares.


Los denunciantes, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias laborales, sostienen que durante la operación del programa se promovió la contratación de determinados ingenieros para realizar obras en planteles educativos beneficiados con recursos federales.

De acuerdo con la denuncia, algunos de los trabajos ejecutados presentaron deficiencias, quedaron inconclusos o fueron contratados por montos superiores a los costos que, aseguran, existen en el mercado.


Entre los casos señalados figura una obra realizada entre 2022 y 2023 en una comunidad del municipio de Charcas. Según la documentación aportada por los denunciantes, el responsable de los trabajos fue el ingeniero civil Uri Fernando Pantoja Pérez, quien presuntamente también se desempeñaba en ese periodo como Servidor de la Nación en la región de Matehuala.


Los trabajadores consideran que esta situación podría constituir un conflicto de interés, al coincidir funciones públicas con actividades como contratista dentro del mismo programa gubernamental. Además, afirman que el servidor público incumplía parte de las responsabilidades inherentes a su cargo.


La denuncia también menciona al entonces director regional de Bienestar, Jesús Guille Martínez Martínez, actualmente delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en San Luis Potosí, a quien señalan de instruir al personal para promover la contratación del citado ingeniero en las escuelas beneficiarias.


Asimismo, el documento involucra a la hoy diputada federal de Morena, Aremy Velazco, quien en ese momento fungía como Servidora de la Nación y coordinaba el programa en la región. Los denunciantes sostienen que presuntamente facilitaba a su esposo, Uri Fernando Pantoja Pérez, la información de contacto de las tesoreras de los comités escolares para que pudiera ofrecer sus servicios y obtener contratos de obra.


Incluso, aseguran que el ingeniero acudía junto con personal de Bienestar a reuniones con las comunidades escolares, donde presuntamente se ejercía presión sobre los integrantes de los comités para favorecer su contratación.


Los trabajadores sostienen que este mecanismo no se habría limitado a la Región 2, sino que continuaría operando en otras zonas de San Luis Potosí con la participación de distintos funcionarios e ingenieros. 

Aseguran contar con documentación que respaldaría los señalamientos y consideran que estas prácticas difícilmente podrían mantenerse sin el conocimiento de mandos regionales y de la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar.