La sumisión demostrada por el gobierno federal al entregar 29 prisioneros condenados en México por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y la violencia es, sin duda, solo una primera etapa. Sin embargo, esto no será suficiente para los norteamericanos, quienes exigen una respuesta más enérgica por parte de México en la lucha contra estos grupos. El siguiente paso, sin duda, será la caída de varias figuras clave y los vínculos gubernamentales con este sector.

Uno de los personajes más relevantes en este entramado es Manuel Bartlett, un antiguo funcionario vinculado al régimen en tiempos del caso de Enrique “Kiki” Camarena, el agente de la DEA convertido en símbolo de la impunidad, tras haber sido asesinado presuntamente por órdenes de Rafael Caro Quintero. Bartlett, exdirector de la CFE, y Javier García Paniagua, fallecido padre de Omar García Harfuch, eran funcionarios de alto nivel que, según documentos oficiales minimizados en su momento, aparecen como posibles responsables de ejecutar la orden de asesinar al agente de la DEA.

Ahora que Bartlett cuenta con la protección de la actual administración, la 4T, y que a los Estados Unidos parece importarles cada vez menos la diplomacia que mantenía a los políticos mexicanos a salvo, surge la pregunta: ¿qué pasará con estos personajes que han operado de la mano de las figuras más poderosas del crimen en México, hoy señaladas como terroristas por el gobierno estadounidense