San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 01 de julio de 2026.- Un Tribunal Federal ordenó la restitución inmediata de las familias indígenas tének que fueron desalojadas del predio La Peña, en la comunidad Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, al conceder una suspensión provisional con efectos restitutorios dentro del Recurso de Queja 195/2026.
La determinación modifica la resolución emitida previamente y establece que las personas promoventes del juicio deben ser reincorporadas a la posesión de sus viviendas y parcelas, de las cuales fueron desalojadas durante un operativo realizado días atrás. El cumplimiento deberá llevarse a cabo de forma inmediata.
De acuerdo con el fallo judicial, la diligencia será encabezada por el Ministerio Público adscrito a Tampamolón Corona, quien deberá levantar un acta circunstanciada sobre la restitución y remitirla al Juzgado Quinto de Distrito como constancia del cumplimiento de la orden.
La resolución también instruye que intervenga el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el propósito de proporcionar intérpretes en lenguas tének, náhuatl y maya, a fin de garantizar que las personas involucradas comprendan plenamente el desarrollo de las actuaciones y se respeten sus derechos como integrantes de comunidades indígenas.
El fallo federal se emite luego de que las familias afectadas denunciaran públicamente que, tras el desalojo, sus viviendas fueron destruidas y sus pertenencias saqueadas e incendiadas. Además, organizaciones campesinas señalaron que el operativo contó con la participación de autoridades municipales y el respaldo de instancias estatales.
Con esta resolución, el Tribunal Federal deja sin efectos prácticos la medida que permitió el desalojo y ordena restablecer la situación que existía antes de la intervención de las autoridades, mientras continúa el análisis de fondo del juicio de amparo.
La atención ahora se concentra en el cumplimiento de la resolución judicial, ya que las autoridades señaladas deberán ejecutar la restitución en los términos establecidos por el órgano jurisdiccional, cuyo incumplimiento podría derivar en responsabilidades legales.
