San Luis Potosí, S.L.P., jueves 03 de septiembre de 2026.- El Congreso del Estado retomará sus actividades el próximo quince de septiembre con una lista de pendientes que deberá desahogar durante el último año de la actual Legislatura, entre los que destacan la realización de consultas a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad, así como la aprobación de nuevas leyes en materia de transparencia, movilidad, agua y cuidados.
Entre los asuntos que quedaron sobre la mesa al concluir el periodo ordinario se encuentran las iniciativas para expedir las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, propuestas por el diputado Luis Felipe Castro Barrón.
También permanece pendiente la llamada “Ley Santi”, iniciativa ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial que busca establecer un nuevo marco para regular este ámbito en el estado. El diputado Emilio Rosas Montiel confió en que pueda avanzar durante el último año legislativo, aunque reconoció que todavía deben realizarse las consultas correspondientes y garantizarse los recursos para llevarlas a cabo.
La propuesta requiere 27 votos para su aprobación y, de acuerdo con Rosas Montiel, las consultas podrían comenzar durante el segundo semestre de 2026 y extenderse por al menos tres meses, lo que llevaría la eventual aprobación de la legislación hasta principios de 2027.
El legislador planteó que, ante la falta de recursos señalada por el Congreso, se solicite una ampliación presupuestal extraordinaria o que el gasto para las consultas sea contemplado dentro del Presupuesto de Egresos 2027. La decisión corresponderá a la Junta de Coordinación Política.
La “Ley Santi”, además, arrastra un señalamiento judicial. En mayo pasado, el Tribunal Electoral del Estado determinó que el Congreso incurrió en una omisión al no dar trámite a la iniciativa ciudadana y le ordenó dictaminarla dentro de los tres meses posteriores a la notificación de la sentencia.
A la lista se suman las tres iniciativas relacionadas con la llamada “Ley Serrano”, la legislación secundaria para concretar la desaparición de la CEGAIP, una nueva Ley de Aguas para San Luis Potosí, la Ley Reglamentaria del Sistema Estatal de Cuidados y una propuesta para establecer candados constitucionales y legales al financiamiento de la educación pública superior.
En materia electoral, el Congreso también llega al último año con restricciones de tiempo. El 15 de agosto venció el plazo para modificar la Ley Electoral de cara al proceso 2026-2027, que comenzará el 15 de noviembre. Por ello, cualquier modificación posterior a ese plazo dependería de las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las impugnaciones que permanecen pendientes.
Otro de los asuntos que deberá definir el Legislativo es la realización de las consultas a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad. El Congreso mantiene diálogo con la Suprema Corte para determinar la forma y los tiempos de estos ejercicios y trabaja en un protocolo que permita evitar que los recursos destinados a las consultas tengan que ejercerse nuevamente por deficiencias en su realización.
Con estos asuntos pendientes, el último año de la Legislatura arranca con una agenda que incluye reformas legales, resoluciones judiciales y procesos de consulta que deberán destrabarse antes de que concluya el actual periodo legislativo.
