San Luis Potosí, S.L.P., domingo 1 de marzo de 2026.– La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) recibe en promedio entre tres y cinco solicitudes mensuales relacionadas con procesos de reparación del daño, informó su nuevo titular, Juan Gerardo Castillo Mata, quien señaló que estas peticiones derivan tanto de violaciones a derechos humanos como de hechos delictivos.


El funcionario explicó que estas solicitudes provienen de víctimas que buscan acceder a los mecanismos institucionales para obtener reparación integral, ya sea por casos recientes o por resoluciones emitidas tiempo atrás en las que las personas afectadas deciden iniciar formalmente el trámite ante la comisión.


Castillo Mata detalló que actualmente el organismo cuenta con entre 50 y 60 expedientes en proceso relacionados con solicitudes de reparación del daño, los cuales se encuentran en distintas etapas de integración para que puedan resolverse y emitir el pronunciamiento correspondiente.


Indicó que la CEEAV mantiene coordinación con distintas instituciones para atender estos casos, entre ellas la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y organismos de derechos humanos, a fin de dar seguimiento a las carpetas de investigación y garantizar el acceso de las víctimas a los mecanismos de apoyo y reparación.

El titular de la comisión explicó que muchas de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos que involucran la intervención de la CEEAV se relacionan con el sector educativo, particularmente por posibles omisiones en la atención de conflictos dentro de las instituciones escolares.


En este sentido, señaló que se han detectado casos relacionados con situaciones de acoso escolar o conflictos entre estudiantes que, al no ser atendidos oportunamente por autoridades educativas, derivan en pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos.


Castillo Mata afirmó que, al asumir la titularidad del organismo, uno de sus compromisos será fortalecer las áreas operativas de la comisión y mejorar la coordinación interinstitucional para que las víctimas puedan acceder de manera más ágil a los procesos de reparación del daño.


Finalmente subrayó que la institución continuará atendiendo las recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos y garantizando el ingreso de las víctimas al registro estatal correspondiente para que puedan acceder a los apoyos y mecanismos que establece la ley.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 1 de marzo de 2026. – El sobreconcesionamiento del agua continúa siendo uno de los principales problemas estructurales en la gestión del recurso hídrico en México, reconoció la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) donde también se expuso el rezago administrativo que enfrenta la dependencia a nivel nacional.


El subdirector general de Administración del Agua de Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso, señaló que en diversas regiones del país el volumen de agua concesionado supera incluso la disponibilidad real de los acuíferos, una situación que se generó durante décadas de otorgamiento de permisos sin un control adecuado del recurso.


Explicó que en algunos casos se entregaron títulos de concesión que nunca se materializaron en infraestructura hidráulica ni en el aprovechamiento efectivo del agua, lo que permitió que ciertos titulares conservaran únicamente el documento sin desarrollar pozos o sistemas de extracción.


De acuerdo con el funcionario federal, esta práctica generó distorsiones en el acceso al recurso, pues algunos titulares mantuvieron las concesiones sin utilizarlas y posteriormente comenzaron a comercializar los derechos de agua cuando otros productores o usuarios requerían el suministro.


Rodríguez Alonso mencionó que existen casos documentados donde el agua llegó a venderse en porcentajes elevados respecto al valor original del título de concesión, lo que refleja los problemas derivados de un sistema de asignación que no siempre correspondía con la disponibilidad real del recurso.


Ante este panorama, el funcionario indicó que una de las tareas actuales de la dependencia es revisar y ordenar el sistema de concesiones, al mismo tiempo que se atienden rezagos administrativos que se acumularon durante años.


Detalló que al inicio de la actual administración federal se identificaron alrededor de 145 mil trámites pendientes dentro de la Conagua, muchos relacionados con renovaciones o procesos que quedaron inconclusos durante la pandemia o por fallas en sistemas administrativos.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 1 de marzo de 2026.– La seguridad pública continúa siendo un elemento fundamental para el desarrollo económico y la atracción de inversiones en el país, afirmó Ana María Abascal Sainz, presidenta en San Luis Potosí de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).


La dirigente empresarial señaló que los episodios de violencia registrados en distintas regiones del país generan preocupación en el sector productivo, ya que la falta de condiciones de seguridad puede incidir directamente en las decisiones de inversión. Aunque evitó pronunciarse sobre hechos específicos, sostuvo que el impacto de la inseguridad en la economía es innegable.


“Cuando no existen condiciones de seguridad, se afecta la confianza para invertir, y sin inversión se limita el crecimiento económico”, expresó.


Abascal Sainz subrayó que el fortalecimiento del estado de derecho es uno de los pilares para mantener la confianza de inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Explicó que la certeza jurídica y la estabilidad institucional son factores que permiten a las empresas planear y consolidar proyectos productivos a largo plazo.


Respecto a la situación en San Luis Potosí, la representante empresarial destacó que la entidad ha logrado mantenerse bien posicionada en diversos indicadores económicos a nivel nacional, lo que refleja condiciones favorables para el desarrollo de actividades productivas.


Indicó que las crisis de seguridad suelen impactar con mayor fuerza en estados donde la violencia se intensifica, ya que pueden provocar la interrupción de actividades comerciales e industriales.

Sin embargo, aseguró que en el caso de San Luis Potosí no se han presentado recientemente situaciones que hayan afectado de manera directa la actividad económica del sector empresarial.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 1 de marzo de 2026.– La desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) aún no puede concretarse, ya que el proceso depende de la emisión de las leyes secundarias y de la armonización normativa derivada de la reforma al artículo 17 de la Constitución local aprobada por el Congreso del Estado, señaló su comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso.


El funcionario explicó que, aunque la modificación constitucional ya fue avalada por el Poder Legislativo, todavía faltan varias etapas para que entre en vigor plenamente. Entre ellas se encuentran la validación de la reforma por parte de los ayuntamientos, su publicación en el Periódico Oficial del Estado y la expedición de la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales que definirá el nuevo modelo institucional.


Indicó que serán precisamente estas leyes secundarias las que determinen el procedimiento administrativo mediante el cual se llevará a cabo la extinción del organismo y la transición hacia el nuevo esquema previsto en la reforma.


Navarro Alviso detalló que el plazo de 120 días contemplado en el decreto servirá para completar la validación constitucional a través de los cabildos municipales y para elaborar el marco normativo que dará origen al nuevo órgano garante, el cual se prevé que quede adscrito a la Contraloría General del Estado. Precisó además que su encargo como comisionado concluirá hasta el último día de operación de la CEGAIP, es decir, cuando la nueva instancia inicie formalmente funciones.


En cuanto al personal del organismo, informó que actualmente la comisión cuenta con 46 trabajadores con plaza de base, por lo que deberán respetarse sus derechos laborales y la antigüedad adquirida. Comentó que la institución solicitó una partida presupuestal para cubrir una eventual liquidación del personal, calculada en alrededor de 20 millones de pesos hacia finales de 2025; sin embargo, ese recurso no fue autorizado por el Congreso del Estado.


Aun así, señaló que el monto podría modificarse conforme avance el proceso de entrega-recepción. Consideró que una alternativa viable sería incorporar a los trabajadores con experiencia al nuevo órgano garante, con el fin de mantener el conocimiento técnico en materia de transparencia y acceso a la información.


Respecto al funcionamiento actual del organismo, Navarro Alviso explicó que el pleno opera únicamente con dos comisionados, debido a que no se designó reemplazo tras la conclusión del periodo de una integrante. En ese contexto, señaló que el voto de calidad de la presidencia ha permitido mantener la toma de decisiones.

Finalmente, apuntó que el plazo de la reforma concluye el 30 de junio, mientras que el periodo de la otra comisionada termina el 24 de ese mismo mes, por lo que no descartó que, si el proceso de extinción se prolonga, él pudiera quedar temporalmente como único integrante del pleno antes de que se concrete la transición institucional.