San Luis Potosí, S.L.P., martes 07 de julio de 2026. – El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado recrudeció sus señalamientos contra la administración estatal al denunciar una serie de presuntas violaciones a los derechos laborales de sus agremiados. La secretaria general del organismo, Francisca Reséndiz Lara, afirmó que durante los cuatro años y medio del actual gobierno se han acumulado despidos, hostigamiento, incumplimientos patronales y falta de atención a las demandas del gremio, por lo que sostuvo que el Ejecutivo estatal ha incumplido tanto su papel como autoridad como el de patrón.
Entre los señalamientos más graves, la dirigente aseguró que desde el inicio de la actual administración han fallecido 24 trabajadores afiliados al sindicato, varios de ellos, dijo, después de perder el acceso a servicios médicos tras ser despedidos o quedar sin cobertura de salud. Agregó que también existen trabajadores jubilados y pensionados a quienes presuntamente se les redujeron sus ingresos sin justificación, afectando la continuidad de sus tratamientos médicos.
La lidereza denunció además que los familiares de los trabajadores fallecidos continúan sin recibir los gastos de marcha que les corresponden por ley. Afirmó que desde 2021 los beneficiarios firmaron la documentación para acceder a esos recursos, pero, hasta la fecha, ninguno ha recibido el pago. Incluso calificó esta situación como un despojo de recursos que pertenecen a las familias de los extrabajadores.
La dirigente agregó que actualmente existen al menos 86 trabajadores que requieren atención médica especializada y acusó al Gobierno del Estado de no garantizarles el derecho a la salud. Señaló que la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y la falta de incorporación de los empleados al Instituto Mexicano del Seguro Social han dejado a decenas de burócratas sin acceso a tratamientos, mientras que la atención médica proporcionada por Oficialía Mayor resulta insuficiente para atender enfermedades de alta complejidad.
En materia política, el sindicato acusó que conforme se aproxima el proceso electoral aumentan las presuntas presiones hacia trabajadores para afiliarse al Partido Verde Ecologista de México y participar en actividades de promoción política. Según la organización, a algunos empleados se les condiciona la permanencia en el empleo, además de exigirles interactuar con publicaciones en redes sociales hacia el gobierno estatal.
Reséndiz Lara sostuvo que la relación con el Gobierno del Estado permanece prácticamente rota, pues aseguró que durante más de dos años las reuniones sostenidas con autoridades no han derivado en soluciones concretas. Añadió que, pese a la intervención de la Secretaría de Gobernación para abrir canales de diálogo, el Ejecutivo estatal ha incumplido acuerdos previamente firmados, además de mantener retenidos recursos como cuotas sindicales, aportaciones a la caja de ahorro y el pago de pensiones a algunos extrabajadores.
Ante este panorama, el Sindicato Independiente informó que continuará con la defensa jurídica de sus agremiados y adelantó que analiza acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la negativa de la toma de nota.
Asimismo, recordó que mantiene tres denuncias presentadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por presuntas violaciones a la libertad sindical y advirtió que la asamblea del sindicato definirá en los próximos días las acciones legales que emprenderá tanto en instancias nacionales como internacionales.
