La mesa está puesta para la elección judicial. Ya, de manera oficial, sabemos quiénes aspiran al cargo de juez a nivel local, algo que a la gran mayoría de las personas no les genera eco, impacto ni preocupación. Nadie entiende qué está pasando, cómo va a funcionar el proceso, y es tan evidente que se trata de un capricho que las autoridades electorales ni siquiera quieren pronosticar la cantidad de votos que se recibirán, mucho menos si se alcanzarán los mínimos requeridos por el Instituto Nacional Electoral.
Entre los muchos problemas que han salido a flote está el tema de las campañas. En un inicio se estableció un tope de 220 mil pesos por aspirante, una cantidad mínima para ser competitivo en términos electorales. Para ser claros, ni siquiera el candidato del municipio más pequeño de San Luis Potosí recibe una cifra tan baja. A diferencia de una elección constitucional, en este caso no hay recursos públicos, y con dinero lícito tampoco podrán llegar a todo el país, ni siquiera al estado; es más, ni al ayuntamiento.
Pero el dilema es aún más grave. Con recursos propios y total inexperiencia electoral, los aspirantes han replicado las técnicas más básicas. Es lógico: ante la falta de dinero y difusión, recurren a las redes sociales, lo cual no considero negativo. Sin embargo, tener un perfil público en Facebook no garantiza votos. De hecho, les apuesto que, si todos los “likes” en sus redes sociales se convirtieran en sufragios, no alcanzarían ni el millar. Y esto no es solo un problema de los candidatos; pregúntenles a los mercadólogos que lidian todos los días con el posicionamiento de marcas.
Entiendo completamente el razonamiento, suena lógico, pero aquí va un consejo no pedido: la segmentación de su publicidad es clave, pero es solo una herramienta entre muchas. No por tener videos virales van a ganar votos. No por bailar canciones populares obtendrán el respaldo de los electores. No es una percepción personal ni una cuestión de ego, pero si los partidos con estructuras, recursos y figuras públicas visibles en el escrutinio cotidiano no logran juntar suficientes votos, ¿qué les hace pensar que el electorado optará por ellos? Difícil paradoja.
Otro elemento es la fama, y esta, sin duda, es subjetiva. ¿Quién me conoce y por qué? Una pregunta difícil de responder. Si soy funcionario judicial, solo un grupo limitado de abogados litigantes sabrá quién soy. A diferencia de lo que nos enseñan en la facultad, los abogados no somos el centro del universo ni lo sabemos todo, y con eso no se hace una campaña. Insisto: yo no me postularía sabiendo que estoy destinado a perder ante una maquinaria política que, incluso en este proceso, tampoco mueve masas.
Tomemos como ejemplo la elección de la Asociación Potosina de Abogados hace un año. Hagamos cuentas, algo que los abogados odiamos, pero que hoy es necesario. A pesar de la movilización de ministerios públicos, defensores y abogados con cédula profesional, no se lograron ni 5 mil votos. Y aquí, en confianza, en toda mi vida como abogado jamás he votado en la APA porque ni siquiera representa los intereses de los propios abogados. Ahora imagine usted a aquellos que jamás han requerido un abogado: están alejados de conocer los perfiles y, en cuanto a su trayectoria, mejor ni hablamos.
