Tras los complejos días de expectativas en torno a la reforma judicial, poco a poco se ha ido desmoronando la intención de hacer parecer que esta era una de las soluciones primordiales para resolver el complejo tema de la impartición de justicia en México. Desde el momento en que se planteó, ya se vislumbraba el estrepitoso fracaso de la reforma, ya que a cada paso que daba, terminaba por ser una falacia. Se han destinado una gran cantidad de recursos a una causa que parece más bien una ilusión, mientras se espera que, en el futuro, no haga falta para paliar alguna de las crisis que podría detonar el mandatario estadounidense en su segundo periodo al frente de la Casa Blanca.

Para contextualizar la actual problemática, debemos remontarnos al pasado y a lo complejo, costoso e incluso poco práctico que resulta acceder a la justicia en nuestro país. El problema no radica en las leyes ni en los operadores del sistema judicial, y mucho menos en los ciudadanos que cargarán con las consecuencias del capricho político de instaurar una reforma que no resuelve la impartición de justicia de manera populachera, como si se tratara de un tribunal inquisitorial medieval. Quienes impulsaron la reforma justificaron que, al ser el ciudadano el que elige a los jueces, esto parte de un conocimiento sesgado, pues no los conoce. Y no porque no quiera, sino porque rara vez se encuentra frente a un juez, y en pocas ocasiones puede utilizar servicios jurídicos, además de que no termina de entender el sistema judicial local.

El primer funcionario que pudiera tener presente una persona al ser víctima de la inseguridad en este país es el agente del Ministerio Público, quien en promedio atiende entre 50 y 100 carpetas de investigación a diario, en un horario burocrático, pero en una justicia que no puede permitirse el lujo de no atender las necesidades del ciudadano. En este panorama de las carpetas de investigación, tendríamos que dividir entre los delitos graves, que implican una expeditez en la justicia, y delitos menores como hechos de tránsito, discusiones, pleitos o robos menores. De las casi cien carpetas de investigación, los asuntos graves se podrían reducir a unas 20, las cuales deben recibir prioridad, pero también es importante atender las restantes 80. Surge la siguiente interrogante: ¿a quién dejamos en estado de indefensión? ¿Qué es más importante resolver? Si me lo preguntan a mí, los delitos dolosos, pero si se lo preguntamos a la persona que sufrió un accidente de tránsito, quizás piense que ese es el delito que debe resolverse. Es una cuestión de interpretación, pero a todo esto, ¿qué problema resuelve elegir jueces y magistrados por voto popular si en esta etapa aún no hemos cruzado el laberíntico camino de la Fiscalía y la burocracia? Nada aún ante un juez.

Uno de los problemas fundamentales es la simulación. Pareciera que se resuelve, pero la realidad es que la reforma planteada, defendida e incluso impulsada por el oficialismo, se perdió entre el contexto internacional y las prioridades del país. A esto se suman una serie de requisitos absurdos y una falta de precisión respecto a las reglas de votación, la participación y la burocracia necesaria para obtener la documentación, lo que desanima a cualquiera que aspire a un puesto judicial. Tal como dice la conseja popular: “No son enchiladas”. Sin embargo, quienes aprovecharon la oportunidad fueron, casualmente, personajes políticos, exfuncionarios, familiares y amigos de los propios, dejando claro que sus intenciones son saltar a puestos o, en algunos casos, doblar cargos, todo por la crisis económica, para no perder su estilo de vida.

En este contexto, los abogados postulantes, los egresados, los jueces y demás integrantes del Poder Judicial del Estado optaron por no inscribirse en el proceso. Durante mucho tiempo, cualquier abogado postulante hubiera deseado tener la oportunidad de participar en este proceso, pero la falta de certeza sobre si serán considerados para un puesto ha hecho que la carrera judicial se vea poco prometedora. De los trece distritos judiciales en el estado de San Luis Potosí, solo en el primer distrito, con cabecera en la capital, se completó el número necesario de vacantes para tres insaculaciones. En los demás distritos, todos los jueces menores y auxiliares van en automático, es decir, no tienen competencia, haciendo que se gasten recursos en una elección donde ya se sabe quién será el ganador.

Resulta complejo, en tiempos de austeridad, realizar una elección que, por lo menos en el estado de San Luis Potosí, costará 110 millones de pesos, solo para gastar en papel y urnas, para votar por personas que ya ocupan los cargos para los que se postulan. Llámenme loco, pero ¿no sería mejor quitar los frágiles alfileres que sostienen este intento de reforma? No tiene caso acudir a las urnas para elegir a personas que ya ocupan esos puestos, y en el peor de los casos, sostener perfiles con vínculos familiares a políticos del estado, sin mencionar al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien incluso busca doblegar el cargo. Por la mañana captura a los presuntos delincuentes como director de la SSPCE, y por la tarde los enjuicia como juez penal. Qué nivel de “justicia” tan pronta y expedita.