San Luis Potosí, S.L.P., lunes 6 de julio de 2026.– El Gobierno de la Capital mantiene labores permanentes de mantenimiento en la avenida Salvador Nava, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reforzar las condiciones de seguridad para automovilistas y peatones.

De acuerdo con la Dirección de Servicios Municipales, las cuadrillas municipales realizan trabajos de deshierbe, poda y recolección de residuos vegetales en las áreas verdes ubicadas entre los carriles centrales y las laterales de la avenida, como parte de las acciones ordinarias de conservación.

La dependencia explicó que las lluvias registradas durante las últimas semanas aceleraron el crecimiento de la maleza, por lo que fue necesario intensificar las labores de mantenimiento para conservar en buenas condiciones estos espacios y evitar afectaciones a la visibilidad de los conductores.

Asimismo, informó que la poda periódica del arbolado también busca impedir que las ramas obstruyan la iluminación pública o reduzcan el campo de visión en distintos tramos de la vialidad, contribuyendo así a una circulación más segura.

San Luis Potosí, S.L.P., lunes 6 de julio de 2026.– Los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y los derechos agrarios continuaron al alza durante 2025. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2026, elaborado por el INEGI, los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) recibieron 52 mil 185 asuntos, lo que representó un incremento de 4.9 por ciento respecto al año anterior. En ese mismo periodo concluyeron 51 mil 189 expedientes y mantuvieron 28 mil 692 asuntos en trámite al cierre del ejercicio.

El informe también ubica a San Luis Potosí entre las entidades con mayor actividad jurisdiccional. El Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con sede en Ciudad Valles, fue el segundo órgano del país con más asuntos ingresados al registrar mil 924 expedientes, equivalentes al 3.7 por ciento del total nacional, sólo por debajo del distrito con sede en Yucatán. Además, concluyó mil 671 asuntos y cerró el año con 737 expedientes en trámite.

Por su parte, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, con sede en la capital potosina, reportó el ingreso de mil 155 asuntos, la admisión del mismo número de expedientes y la conclusión de mil 156 casos, mientras que mantuvo 573 expedientes en proceso al finalizar 2025. En materia de productividad, el tribunal de Ciudad Valles también figuró entre los cinco órganos con mayor número de resoluciones emitidas durante el año, con mil 611, mientras que el de la capital dictó mil 24 resoluciones.

A nivel nacional, el Tribunal Superior Agrario recibió mil 51 asuntos y resolvió mil 143 durante 2025, en tanto que los Tribunales Unitarios Agrarios admitieron 50 mil 513 expedientes. Las materias con mayor incidencia fueron la jurisdicción voluntaria, las sucesiones de derechos agrarios y las controversias agrarias. El INEGI informó además que al cierre del año operaban 51 Tribunales Unitarios Agrarios en el país, dos de ellos en San Luis Potosí: uno en la capital y otro en Ciudad Valles.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 5 de julio de 2026.– La actuación de un comandante de la Policía de Investigación quedó bajo cuestionamiento luego de que un empresario presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en un operativo irregular que, según la acusación, incluyó el ingreso sin orden judicial a un taller mecánico, la privación ilegal de la libertad de dos personas, agresiones físicas y el robo de dinero y diversos objetos de valor.
La denuncia identifica al mando policial como Carlos Iván N. y señala que los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Quintas de las Haciendas, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. De acuerdo con el relato del denunciante, un grupo de hombres armados llegó al establecimiento en una camioneta, irrumpió en el lugar sin presentar una orden de cateo y permaneció aproximadamente 40 minutos dentro del negocio.

Durante ese tiempo, padre e hijo, quienes laboraban en el taller, presuntamente fueron sometidos, golpeados y privados de la libertad. El empresario también aseguró que los participantes en el operativo sustrajeron dinero en efectivo, documentación de vehículos y otros bienes pertenecientes al establecimiento.

Uno de los principales señalamientos contenidos en la querella sostiene que, 48 horas después de esos hechos, personal de la propia Fiscalía regresó al inmueble para realizar un cateo con autorización judicial. A decir del denunciante, esa diligencia habría tenido como propósito legitimar la primera intervención, la cual califica como ilegal, además de presentar públicamente el resultado como un operativo exitoso sin mencionar las acusaciones de abuso atribuidas a los agentes.

En la denuncia también se describe el primer ingreso al taller como un presunto “levantón” cometido por elementos de la Policía de Investigación y se solicita que las investigaciones no se limiten al comandante señalado, sino que incluyan a todos los funcionarios que participaron en el despliegue, a fin de determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

A la controversia se sumó un documento difundido en redes sociales que hace referencia a una supuesta orden de aprehensión emitida en 2010, en Chiapas, contra una persona con el mismo nombre por el delito de tortura. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la autenticidad del documento, su vigencia o que corresponda al servidor público denunciado.

Pese a la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento sobre la denuncia ni ha informado si el comandante señalado continúa en funciones o si se abrió alguna investigación interna derivada de las acusaciones.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de supervisión de los cuerpos de investigación y la obligación de las instituciones encargadas de procurar justicia de esclarecer cualquier denuncia que involucre a sus propios elementos. Hasta que exista una resolución oficial, corresponderá a las autoridades determinar la veracidad de los hechos denunciados y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 5 de julio de 2026.– La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) hizo un llamado para que la mayor parte de la obra pública que se ejecute en San Luis Potosí continúe siendo adjudicada a empresas locales, al considerar que esta medida genera un mayor beneficio económico para la entidad y fortalece la cadena productiva del sector.

El presidente del organismo, Leopoldo Stevens Pérez, señaló que cuando una constructora potosina obtiene un contrato, la inversión permanece en el estado, ya que la compra de materiales, la contratación de proveedores y buena parte de la mano de obra se realizan con empresas y trabajadores locales.

Explicó que esta dinámica permite que los recursos circulen entre distintos sectores económicos, generando un efecto multiplicador que beneficia tanto a la industria de la construcción como a miles de familias potosinas. En contraste, señaló que cuando los proyectos son adjudicados a empresas foráneas, una parte importante del presupuesto sale de la entidad.
“Cuando participa una empresa potosina, el dinero circula varias veces dentro del estado y beneficia directamente a las familias potosinas; se genera un círculo virtuoso para la economía”, afirmó el dirigente empresarial.

Stevens Pérez agregó que las empresas afiliadas a la CMIC cuentan con la capacidad financiera para participar en licitaciones que no contemplan anticipos, por lo que la ausencia de estos recursos no representa un impedimento para ejecutar las obras. Sin embargo, reconoció que otorgar anticipos desde el inicio permite agilizar los trabajos y facilitar el desarrollo de los proyectos.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades para mantener como prioridad la participación de constructoras potosinas en las licitaciones de obra pública. Sostuvo que, además de contar con la experiencia técnica necesaria, estas empresas contribuyen a fortalecer la economía regional y a mantener la inversión pública dentro del estado.