El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que reformó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal, cambios que entraron en vigor al día siguiente y que impactan de manera directa a diversas actividades económicas consideradas vulnerables.
Estas reformas hacen indispensable que empresarios y profesionistas revisen sus operaciones y cumplan, en tiempo y forma, con las nuevas obligaciones. Lejos de verse como una carga, la actualización normativa representa una oportunidad para fortalecer la transparencia, el control interno y la confianza en los negocios.
En la práctica, la prevención de lavado de dinero suele percibirse como un tema complejo e intimidante. Sin embargo, el objetivo de la ley no es criminalizar la actividad económica, sino evitar que ciertos sectores sean utilizados para fines ilícitos, protegiendo así la estabilidad del sistema económico y financiero.
La LFPIORPI identifica como actividades vulnerables, entre otras, la emisión de tarjetas de crédito o prepagadas fuera del sistema financiero, el otorgamiento de préstamos no financieros, la compraventa y desarrollo de bienes inmuebles, la comercialización de joyas, obras de arte y vehículos, el arrendamiento de inmuebles, ciertos servicios profesionales, la recepción de donativos y las operaciones con activos virtuales. Quienes realizan estas actividades tienen obligaciones específicas como identificar a sus clientes, resguardar información y, en algunos casos, presentar avisos ante la autoridad.
En este contexto, el asesor en materia de PLD juega un papel fundamental, ya que su función es orientar y acompañar al empresario para integrar la prevención como parte de la operación diaria, con un enfoque práctico y preventivo.
Ignorar estas disposiciones puede generar sanciones económicas, procedimientos administrativos e incluso responsabilidades penales, además de afectar la reputación de los negocios. Por el contrario, una correcta implementación de controles de PLD fortalece la estabilidad y credibilidad de las empresas.
Cumplir con la prevención de lavado de dinero no es solo una obligación legal, sino un compromiso con la legalidad, la ética y la sostenibilidad empresarial.
