San Luis Potosí, S.L.P., martes 25 de noviembre de 2025.– En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el senador de la República Ricardo Anaya Cortés acusó a diversas fiscalías estatales entre ellas la de San Luis Potosí de incurrir en prácticas de ocultamiento y manipulación de información relacionada con los casos de feminicidio en el país. Advirtió que esta situación impide dimensionar la gravedad real del problema y actuar de manera efectiva.

En el caso de la entidad potosina, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha reportado que durante 2024 no se actualizó información relacionada con las estadísticas de personal ni con las tasas de delitos de alto impacto.

El legislador señaló que, de forma sistemática, algunas fiscalías han optado por minimizar, ocultar e incluso falsear datos oficiales, particularmente en estados que no han reportado avances o actualizaciones ante las autoridades federales y los organismos encargados de concentrar esta información. “Si seguimos teniendo fiscalías que lo que hacen es minimizar, ocultar, inclusive falsear información, no estaremos caminando en la dirección correcta”, afirmó.

Anaya Cortés subrayó que el primer paso para resolver cualquier problemática es reconocerla, por lo que exigió a las procuradurías estatales transparentar de manera puntual los registros de feminicidio y otorgar a estos delitos la máxima prioridad, al tratarse de crímenes de extrema gravedad por el hecho de que las víctimas son mujeres asesinadas por razones de género.

En ese contexto, consideró indispensable reforzar los protocolos de actuación y la capacitación del personal ministerial para garantizar que los casos sean correctamente tipificados desde el inicio de la investigación, evitando que los feminicidios sean registrados como homicidios dolosos u otros delitos menores, práctica que señaló distorsiona las estadísticas reales de violencia contra las mujeres en México.

San Luis Potosí, S.L.P., martes 25 de noviembre de 2025.– Un grupo de jubilados y pensionados de Telesecundaria realizó una manifestación la mañana de este martes en las instalaciones de la Dirección de Pensiones del Estado para exigir el pago inmediato de diversas prerrogativas que permanecen pendientes desde hace varios meses. Señalaron que la falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado total incertidumbre en el gremio.

Explicaron que, entre los adeudos, destaca el pago de cerca del 50 por ciento de bonos y prestaciones que debieron cubrirse hace meses, de acuerdo con los calendarios establecidos. Sin embargo, afirmaron que lejos de atender la deuda, las autoridades han evitado brindar información o atender las demandas, lo que lamentaron los mantiene en el abandono, pues ninguna instancia respeta sus derechos ni atiende sus solicitudes.

En ese sentido, criticaron que recientemente se anunció de manera oficial que la Dirección de Pensiones había liquidado su adeudo total; no obstante, señalaron que este anuncio no se ha reflejado en mejoras para los jubilados y pensionados. Por el contrario, aseguraron que la situación se ha agravado, incrementando la incertidumbre debido a la negligencia de las autoridades responsables de resolver estos conflictos.

San Luis Potosí, S.L.P., martes 25 de noviembre de 2025.– Pese a que 14 organismos operadores de agua aseguraron el pasado 5 de noviembre que no presentarían incrementos a sus tarifas para evitar politizar el tema, en sus propuestas formales ante el Congreso del Estado sí incluyeron ajustes, algunos de hasta el 20 por ciento,
principalmente en el sector comercial, como en el caso del DAPAS de Ciudad Valles.

La situación fue expuesta durante la sesión de la Comisión del Agua, donde inició el análisis de las tarifas para el ejercicio fiscal 2026. Legisladores señalaron la contradicción entre las declaraciones públicas de los titulares de estos organismos y los documentos oficiales entregados posteriormente al Poder Legislativo.

La presidenta de la Comisión, la diputada de Morena Nancy Jeannine García, cuestionó esta incongruencia al recordar que representantes de municipios como Matehuala, Cerritos y Ciudad del Maíz habían manifestado previamente dificultades financieras para mantener en operación sus sistemas de agua potable y saneamiento.

Ante este panorama, la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, propuso respetar lo dicho públicamente por los organismos y, por tanto, establecer un “cero incrementos”, aun cuando ello implicara asumir un costo político.

Sin embargo, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera pidió que la discusión se centrara en las propuestas oficiales, por ser las únicas con validez jurídica, aunque sugirió exhibir las inconsistencias ante la opinión pública.

En cuanto a las tarifas para 2026, se acordó de manera preliminar aplicar un incremento general del 4.93 por ciento, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), únicamente en los sectores comercial e industrial de los organismos operadores.

Para el sector doméstico se planteó mantener sin cambios la tarifa general; no obstante, se decidió trabajar en un dictamen que contemple un ajuste únicamente para usuarios domésticos residenciales, al considerar que no todos los hogares reciben el servicio en las mismas condiciones ni registran el mismo nivel de consumo.