San Luis Potosí, S.L.P., domingo 25 de octubre de 2026.- La evaluación aplicada a jueces y juezas del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí fue cuestionada por integrantes de la Asociación de Abogados de San Luis, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., quienes acusaron una presunta simulación en el proceso, luego de que se informara que solamente uno de los juzgadores no logró acreditar las pruebas realizadas por el Tribunal de Disciplina Judicial.
El presidente de la organización, Efraín Torres Salazar, y el abogado Víctor Hugo González Arias señalaron que los resultados no corresponden con las deficiencias que, aseguran, enfrentan diariamente los litigantes en los juzgados, donde persisten retrasos, errores procesales y resoluciones que ponen en evidencia la falta de preparación de algunos funcionarios judiciales.
Los abogados cuestionaron las aparentes contradicciones en la información proporcionada por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, pues señalaron que inicialmente se habló de varios juzgadores que no habían aprobado las evaluaciones, mientras que posteriormente se informó que únicamente uno obtuvo resultados insuficientes.
Torres Salazar consideró que esta situación genera dudas sobre la transparencia y credibilidad del procedimiento, al sostener que las autoridades judiciales pretenden presentar resultados favorables para proyectar una imagen de eficiencia que, desde su perspectiva, no corresponde con la realidad del sistema de justicia potosino.
Asimismo, denunció que los criterios utilizados para calificar a los jueces incluyeron supuestamente aspectos como productividad y satisfacción de los usuarios, sin que los abogados litigantes fueran consultados sobre el desempeño de quienes tienen a su cargo la resolución de los asuntos judiciales.
Por su parte, Víctor Hugo González Arias advirtió que las deficiencias no se limitan a los juzgadores, sino que también alcanzan a los secretarios de acuerdos, cuyas actuaciones, afirmó, pueden generar irregularidades procesales e incluso provocar la nulidad de procedimientos, con consecuencias para las personas que buscan justicia.
Ante este panorama, ambos abogados exigieron a los órganos de gobierno del Poder Judicial transparentar los resultados de las evaluaciones, aclarar las inconsistencias señaladas y fortalecer los mecanismos de capacitación y supervisión del personal jurisdiccional.
Finalmente, criticaron que, mientras las autoridades judiciales sostienen que existe un nivel satisfactorio entre los juzgadores, los usuarios continúan enfrentando problemas en la atención y resolución de sus asuntos, por lo que insistieron en que la calidad de la impartición de justicia debe medirse por sus resultados y no únicamente por evaluaciones internas cuya metodología y resultados han sido cuestionados.
