San Luis Potosí, S.L.P., sábado 18 de abril de 2026.– Ante la caída a nivel nacional en los niveles de violencia, en entidades como San Luis Potosí persisten vacíos de información que impiden confirmar si esa tendencia realmente se traduce en mejores condiciones de seguridad o si responde a fallas en el registro y medición de los delitos.
El análisis más reciente de México Evalúa “Reducción de la violencia letal en el primer bimestre de 2026 necesita ser explicada” advierte que la disminución de la violencia letal registrada en el arranque de 2026 “necesita ser explicada”, ya que no necesariamente implica una pacificación sostenida. En su evaluación, la organización señala que el país sigue inmerso en niveles históricamente altos de violencia y que los descensos recientes pueden ocultar dinámicas más complejas.
El propio estudio subraya que la violencia letal al integrar homicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida ha crecido más de 68% en la última década, lo que evidencia que el problema no ha desaparecido, sino que se ha transformado.
Incluso a nivel mediático, la narrativa de reducción se sostiene principalmente en la baja de homicidios dolosos, que actualmente promedian cerca de 50 casos diarios en el país, la cifra más baja en diez años.
Es en este punto el caso de San Luis Potosí resulta especialmente relevante al contrastar datos ya que de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Fiscalía General del Estado se negó a proporcionar información clave sobre su capacidad operativa, como el número de ministerios públicos, policías de investigación y personal pericial.
Esta opacidad no es un dato menor. Si, como advierte México Evalúa, existe el riesgo de subregistro o reclasificación de delitos a nivel nacional, en San Luis Potosí ese riesgo se amplifica ante la falta de información básica para evaluar el funcionamiento del sistema de justicia.
El contraste marcado es que mientras los indicadores nacionales sugieren una disminución de la violencia, en lo local no existen condiciones para verificar si esa baja se refleja en la realidad o si, por el contrario, podría estar escondida en las propias limitaciones institucionales.
Además, el propio INEGI reporta que en 2024 se abrieron más de 60 mil carpetas de investigación en el estado, la mayoría por delitos del fuero común. Sin embargo, al desconocerse cuántos agentes atienden estos casos, es imposible medir la carga de trabajo, la eficiencia o el nivel de rezago, lo que abre la puerta a posibles simulaciones en la procuración de justicia.
A esto se suma la negativa de transparentar áreas clave como la unidad de inteligencia criminal, lo que debilita la posibilidad de conocer si existe una estrategia real para combatir la delincuencia o si las instituciones operan con capacidades limitadas y sin rendición de cuentas.
En este contexto, la aparente reducción de la violencia en México podría estar reflejándose más en las estadísticas que en la realidad cotidiana de estados como San Luis Potosí. Sin datos completos, no hay forma de confirmar avances ni de corregir fallas.
