San Luis Potosí, S.L.P., jueves 07 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí opera con capacidades tecnológicas limitadas para la investigación criminal y, además, mantiene zonas de opacidad sobre los mecanismos con los que supervisa a sus propios agentes. Así lo exhibe el informe “Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México”, elaborado por la organización México Evalúa, que coloca a la institución potosina entre las fiscalías con menor desarrollo digital del país.
El diagnóstico, construido a partir de solicitudes de información enviadas a las fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República, muestra que San Luis Potosí dispone únicamente de seis de las 14 herramientas tecnológicas consideradas en la evaluación. La cifra la ubica por debajo de entidades como Baja California, Querétaro o Guanajuato, donde las capacidades digitales son considerablemente mayores.
Sin embargo, el señalamiento más delicado del estudio no radica únicamente en las herramientas que la Fiscalía no tiene, sino en la información que evitó transparentar. La dependencia no respondió qué sistemas utiliza para monitorear patrullas ministeriales ni cómo supervisa las cámaras corporales portadas por sus agentes.
La ausencia de esa información deja abierta la duda sobre el nivel de control interno y trazabilidad de las actuaciones ministeriales, en un contexto donde la vigilancia institucional resulta clave para prevenir abusos, irregularidades o alteraciones en investigaciones.
El informe identifica rezagos importantes en áreas vinculadas con delitos digitales y análisis forense. La Fiscalía potosina reconoció que no cuenta con tecnología de reconocimiento facial ni con herramientas para desbloquear y extraer información de teléfonos celulares, una limitación que puede afectar investigaciones donde dispositivos móviles contienen evidencia relevante.
A ello se suma la falta de sistemas para rastrear direcciones IP o realizar análisis masivos de datos, capacidades que resultan cada vez más necesarias frente al crecimiento de delitos como fraudes electrónicos, extorsiones telefónicas o acoso digital. Tampoco dispone de mecanismos para levantar denuncias directamente en el lugar de los hechos, lo que obliga a trasladar la documentación a oficinas y puede retrasar o afectar la precisión de los primeros registros.
México Evalúa advierte además que, incluso en estados con mayores recursos tecnológicos, muchas fiscalías continúan operando bajo esquemas tradicionales basados en expedientes físicos. Es decir, la digitalización no necesariamente implica investigaciones más eficientes si las herramientas no están integradas ni conectadas con otras áreas de seguridad y procuración de justicia.
En el panorama nacional refleja carencias estructurales solo tres fiscalías del país pueden rastrear direcciones IP y apenas seis cuentan con herramientas digitales para presentar pruebas en audiencias, el caso de San Luis Potosí evidencia un rezago que impacta directamente en la capacidad de respuesta institucional ante delitos cada vez más vinculados al entorno digital.
La organización plantea la necesidad de desarrollar capacidades integrales, con capacitación continua, coordinación entre corporaciones y mecanismos de evaluación claros.
