San Luis Potosí, S.L.P., domingo 18 de octubre de 2026.- Con el objetivo de establecer sanciones contra abogados que incurran en negligencia grave durante la representación de sus clientes, la asociación Movimiento Acción Revolucionaria presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para reformar el artículo 246 del Código Penal de San Luis Potosí, relacionado con los delitos contra la fidelidad profesional.

Marcela Alicia Galarza López, presidenta de la organización, explicó que la propuesta busca establecer mecanismos legales para sancionar conductas dolosas, corruptas o desleales de los profesionistas del derecho, particularmente cuando sus actuaciones ocasionen perjuicios a las personas que contrataron sus servicios.

La iniciativa contempla la posibilidad de aplicar sanciones que van desde amonestaciones y suspensiones temporales hasta la inhabilitación profesional, además de permitir que los afectados puedan reclamar la reparación de daños y perjuicios por la vía civil.

Galarza López señaló que también se plantea la creación de un organismo con facultades disciplinarias, como un tribunal civil especializado, encargado de investigar las denuncias relacionadas con malas prácticas profesionales y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre las principales irregularidades identificadas por la asociación se encuentran el abandono de procedimientos judiciales después de recibir anticipos de honorarios, la inasistencia a audiencias, la falta de seguimiento a expedientes y la omisión de presentar pruebas dentro de los plazos establecidos por la legislación.

Asimismo, mencionó casos de abogados que solicitan cantidades de dinero bajo la promesa de garantizar la libertad de sus representados o que omiten informar a sus clientes sobre el estado real de los procedimientos judiciales.

De acuerdo con la dirigente, entre 2022 y 2025, Movimiento Acción Revolucionaria recibió más de 150 quejas por presuntas actuaciones negligentes de abogados. Además, estimó que estas prácticas podrían presentarse en aproximadamente el 40 por ciento de los litigios, aunque reconoció que una proporción importante de los casos no llega a denunciarse formalmente por desconocimiento o desconfianza de los afectados.

La promovente aclaró que la reforma no pretende criminalizar a los abogados por perder un juicio, cometer errores razonables o sostener criterios jurídicos distintos, sino establecer consecuencias cuando se acrediten conductas indebidas que afecten los derechos de sus representados.

Con esta iniciativa, la organización busca que el Congreso del Estado analice modificaciones al marco jurídico para fortalecer la responsabilidad profesional de los abogados y establecer vías de sanción frente a actuaciones que causen perjuicios a sus clientes.

La propuesta deberá ser analizada por el Poder Legislativo para determinar su viabilidad jurídica, así como los alcances de las posibles sanciones y las facultades de la instancia disciplinaria que se plantea crear.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 18 de octubre de 2026.- El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí, Neil Selene Castro Ortega, consideró positiva la propuesta para regular los incrementos en los precios de arrendamiento; sin embargo, advirtió que la medida debe enfocarse en proteger a las familias de menores ingresos sin afectar a otros segmentos del mercado inmobiliario.

Explicó que la iniciativa responde a la necesidad de evitar aumentos injustificados en las rentas, particularmente entre las personas que no cuentan con recursos suficientes para adquirir una vivienda y dependen del arrendamiento como alternativa habitacional.

No obstante, señaló que es necesario precisar los alcances de la regulación, debido a que las viviendas de nivel medio y alto generan gastos adicionales que no necesariamente aumentan al mismo ritmo que la inflación, como los correspondientes al mantenimiento de fraccionamientos privados, áreas comunes y amenidades.

Detalló que estos costos pueden incrementarse considerablemente cuando se incorporan nuevos servicios o se requieren reparaciones de infraestructura y equipamiento, por lo que establecer límites generales a los aumentos de renta podría generar dificultades para los propietarios de este tipo de inmuebles.

Finalmente, Castro Ortega reconoció que la implementación del impuesto cedular del tres por ciento sobre las ganancias obtenidas por la venta de propiedades generó incertidumbre entre compradores y vendedores, principalmente por la falta de información inicial sobre su aplicación.

Explicó que este gravamen se calcula sobre la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta del inmueble, por lo que representa un gasto adicional para quienes obtienen ganancias mediante estas operaciones. Sin embargo, aseguró que su aplicación no ha provocado una disminución generalizada de las transacciones inmobiliarias.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 18 de octubre de 2026.— Las deficiencias en los servicios públicos de salud han llevado a trabajadores a manifestarse para exigir atención médica adecuada, pese a que empleados y patrones cumplen con sus aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló Ana María Abascal, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La dirigente empresarial consideró que las protestas registradas en San Luis Potosí evidencian inconformidades que las autoridades deben atender, particularmente en lo relacionado con la disponibilidad de insumos médicos, las condiciones laborales del personal sanitario y la calidad de los servicios que recibe la población.

Abascal sostuvo que las contribuciones de empresas y trabajadores al sistema de seguridad social deben traducirse en servicios oportunos y suficientes. Por ello, insistió en que corresponde al Estado garantizar una atención que responda a las necesidades de los derechohabientes.

Respecto a las inconformidades de trabajadores del Hospital Central y las denuncias por falta de materiales e insumos, señaló que es necesario identificar las responsabilidades de las autoridades competentes y exigir soluciones a los problemas que afectan al personal médico y a los pacientes.

Asimismo, destacó que los profesionales de la salud deben contar con salarios dignos y condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones, pues las carencias que enfrentan repercuten en la atención que brindan a la ciudadanía.

La presidenta de Coparmex subrayó que la salud, junto con la educación y la seguridad, constituye uno de los pilares del desarrollo del país. Consideró que las deficiencias del sistema requieren respuestas institucionales para mejorar los servicios.

Finalmente, reiteró que garantizar atención médica de calidad es una responsabilidad del Estado y pidió que las inconformidades expresadas en las manifestaciones se traduzcan en acciones para resolver las carencias denunciadas por trabajadores y usuarios.