San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 14 de enero de 2026. – Mientras los partidos políticos en San Luis Potosí recibirán 174 millones 215 mil 596 pesos de financiamiento público durante 2026, el Congreso del Estado informó que no cuenta con recursos presupuestales para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordenan realizar consultas públicas a comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad.


De acuerdo con la repartición de presupuesto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), el mayor monto será destinado al Partido Verde Ecologista de México, con 47.6 millones de pesos, seguido de Morena con 35.1 millones y el Partido Acción Nacional con 28.8 millones. El resto se distribuirá entre PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza San Luis Potosí y el Partido del Trabajo, conforme a los criterios establecidos en la legislación electoral.


En contraste, el Poder Legislativo estatal reconoció ante la SCJN que no ha podido dar cumplimiento a las sentencias derivadas de las controversias constitucionales 141/2022 y 152/2022, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales invalidaron parcialmente la reforma electoral de 2022 por haberse aprobado sin realizar consultas a los sectores directamente afectados.



Fue mediante la solicitud de acceso a la información promovida por el abogado Luis González Lozano solicitó a la Suprema Corte información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las sentencias. En la respuesta, se confirmó que el Congreso del Estado no ha realizado las consultas ordenadas y que el argumento expuesto es la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo dichos ejercicios de participación ciudadana.


La reforma modificó diversos artículos de la legislación electoral local, entre ellos el 98, 221 y 269, relacionados con los derechos político-electorales de personas indígenas, afromexicanas y con discapacidad. En su resolución emitida en julio de 2023, la Suprema Corte ordenó al Congreso reponer el procedimiento legislativo y llevar a cabo consultas previas, libres e informadas, conforme a los estándares constitucionales.


De acuerdo con la normatividad vigente, el financiamiento a los partidos políticos se encuentra garantizado en el Presupuesto de Egresos del Estado, mientras que las consultas ciudadanas ordenadas por la SCJN no cuentan con una partida específica, lo que ha impedido su ejecución.


El contraste entre ambos rubros en cuanto al financiamiento pondera las prioridades de los legisladores que asignaron montos para los partidos políticos y mantiene un rezago de 4 años en el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.

San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 14 de enero de 2026.- El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE) denunció presuntas amenazas contra personal de la Casa de Desarrollo Infantil y del Jardín de Niños “Dr. Salvador Nava Martínez”, además de reiterar su rechazo a una posible reducción en el pago de aguinaldos a trabajadores activos y jubilados del estado.

De acuerdo con la secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, personal directivo y docente de ambos planteles habría recibido llamadas y mensajes telefónicos intimidatorios con el objetivo de que renuncien a su afiliación sindical.

Señaló que previamente se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el robo de documentos y pertenencias tras el daño al vehículo de la directora de uno de los centros educativos.

La dirigente sindical afirmó que el sindicato responsabiliza al titular del Ejecutivo estatal de cualquier daño que pudiera sufrir el personal afectado o sus familias, y señaló que desde el inicio de la administración se ha registrado hostigamiento contra el servicio de guardería y educación infantil destinado a hijas e hijos de trabajadores sindicalizados, incluyendo retrasos en el pago de salarios.

Asimismo, Reséndiz Lara manifestó su oposición a una eventual reducción del aguinaldo de 70 ó 90 días a 30 días, como lo ha planteado la Dirección de Pensiones del Estado. Indicó que se trata de un derecho adquirido tanto para personal activo como jubilado, y rechazó las versiones oficiales sobre presuntos pagos elevados a pensionados del sistema educativo.

La dirigente sindical también cuestionó la situación financiera del Fondo Estatal de Pensiones, al señalar que las aportaciones de los trabajadores y del gobierno estatal no han sido depositadas de manera regular, lo que, aseguró, ha generado un adeudo millonario. Añadió que actualmente se mantienen restricciones en el otorgamiento de préstamos y en nuevos procesos de jubilación.

Finalmente, el SITTGE pidió a las autoridades estatales atender las denuncias presentadas ante instancias locales e internacionales, y reiteró que continuará con la defensa de los derechos laborales de sus agremiados, tanto en activo como jubilados.