San Luis Potosí, S.L.P., jueves 05 de marzo de 2026.- A poco más de dos meses de iniciado 2026, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha recibido cerca de 65 quejas, lo que representa un promedio aproximado de cinco casos por semana. El ritmo con el que comenzó el año se mantiene cercano al registrado en 2025, cuando la instancia universitaria concluyó con alrededor de 270 expedientes atendidos.
La encargada del despacho de la Defensoría, Olivia Salazar Flores, explicó que, aunque buena parte de la atención pública suele centrarse en los casos de violencia de género, las inconformidades que llegan al organismo abarcan distintos tipos de conflictos dentro de la comunidad universitaria. Entre ellos se encuentran denuncias por presunta discriminación, trato irrespetuoso o decisiones consideradas injustificadas dentro de las facultades y dependencias.
Según detalló, los asuntos que recibe la Defensoría involucran tanto a estudiantes como a personal académico y administrativo, lo que refleja la diversidad de situaciones que pueden surgir en el ámbito universitario.
Uno de los temas más frecuentes tiene que ver con desacuerdos respecto a evaluaciones académicas. En estos casos, estudiantes que no están conformes con la calificación otorgada solicitan la intervención del organismo; no obstante, la Defensoría no tiene atribuciones para modificar las notas. Su función se limita a orientar y acompañar a las partes para que el desacuerdo se revise ante las autoridades correspondientes de cada facultad.
Durante lo que va del año también se han registrado al menos dos casos de hostigamiento a través de redes sociales, particularmente desde perfiles anónimos. Salazar Flores aclaró que estas situaciones no corresponden a denuncias de acoso sexual, sino a conductas de asedio digital.
Frente a estos episodios, la Defensoría busca coordinarse con la Policía Cibernética para intentar identificar a las personas responsables. En caso de lograrlo, la Universidad podría determinar medidas o sanciones en el ámbito interno.
A los conflictos entre integrantes de la comunidad también se suman inconformidades relacionadas con decisiones administrativas, como cambios de oficina, reasignación de actividades o modificaciones en las funciones del personal. En estos casos, el organismo revisa si las determinaciones se apegan a la normativa universitaria y a la legislación laboral vigente.
Cuando se detecta que una medida carece de sustento jurídico, la Defensoría interviene para recomendar su corrección; si las decisiones están debidamente fundamentadas, su labor consiste en explicar a las personas involucradas el marco normativo que respalda la resolución.
Con 65 expedientes abiertos en el primer tramo del año, la Defensoría mantiene una actividad constante de atención a conflictos dentro de la comunidad universitaria, en un contexto donde las diferencias no solo persisten en los espacios institucionales, sino que también comienzan a manifestarse con mayor frecuencia en el entorno digital.