Cuando en 2023 se promulgó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el Estado mexicano hizo algo más que reorganizar el andamiaje institucional de la ciencia. Redefinió su sentido. La investigación dejó de concebirse como una actividad confinada a laboratorios y cubículos para entenderse como un derecho social y una herramienta al servicio del bienestar colectivo. Es un giro que tiene consecuencias profundas y que todavía no hemos procesado del todo, particularmente quienes trabajamos en las Ciencias Sociales y las Humanidades.

El concepto que mejor condensa ese giro es el de la territorialización del conocimiento, que aún circula poco fuera de los documentos científicos. La idea es sencilla en su formulación, pero radical en sus implicaciones: el saber que producimos desde las universidades y los centros públicos de investigación debe tener un anclaje verificable en los territorios donde se genera, dialogar con las comunidades que los habitan y traducirse en una comprensión pública de los problemas que enfrentan. No se trata de subordinar la investigación a una lógica utilitaria ni de coartar la libertad intelectual en la formulación de preguntas. Se trata de preguntarnos, con honestidad, si lo que producimos llega a donde debe llegar.

La pregunta no es nueva ni exclusivamente mexicana. En América Latina, la tradición del pensamiento social comprometido con su entorno tiene raíces profundas que se remontan desde la investigación-acción participativa de Orlando Fals Borda en Colombia hasta la pedagogía de Paulo Freire hasta los proyectos de extensión universitaria que marcaron a las universidades argentinas. Más recientemente, la Red CLACSO ha insistido en la “ciencia abierta con pertinencia territorial”, mientras que la Unión Europea, en el marco de Horizonte Europa, incorporó las misiones como estrategia para vincular la investigación con problemas sociales concretos. Pero en México, ese impulso ha adquirido un carácter normativo sin precedentes, ya que hoy es política de Estado, respaldada por una ley general y un programa sectorial que sitúan a las comunidades en el centro de la acción institucional.

¿Estamos a la altura de ese mandato? Me temo que todavía no. Y no por falta de capacidades, sino por inercia. Las Ciencias Sociales y las Humanidades en México producen conocimiento riguroso y relevante. Nuestros centros públicos de investigación cuentan con plantas académicas sólidas, programas de posgrado acreditados y publicaciones que dialogan con los circuitos internacionales. El problema no es la calidad de lo que se produce, sino la distancia entre esa producción y los territorios a los que debería llegar. Publicamos en revistas indexadas que leen nuestros pares, pero ¿cuánto de ese conocimiento llega a los municipios, a las comunidades rurales, a los actores políticos y sociales que podrían utilizarlo para tomar mejores decisiones? ¿Cuántos de nuestros diagnósticos sobre violencia, desigualdad, migración o exclusión, por ejemplo, se traducen en una interlocución efectiva con quienes viven esos problemas?

La deuda no es solo de difusión; es estructural. Territorializar el conocimiento no consiste simplemente en divulgar lo que ya hacemos en formatos más accesibles. Significa repensar la manera en que las instituciones de investigación se organizan, priorizan y se vinculan con su entorno. Significa preguntarnos si nuestras sedes regionales funcionan como plataformas vivas de articulación con los territorios o como apéndices administrativos. Significa revisar si la forma en que medimos nuestra productividad —libros, artículos, capítulos, índices— no ha terminado por alejarnos de la función pública que la ley ahora nos exige. Significa, en suma, asumir que la excelencia académica y la pertinencia territorial no son valores opuestos, sino complementarios. Uno sin el otro produce conocimiento sin destino más allá de la ciencia misma, produce intervención sin rigor.

San Luis Potosí, como muchos estados del país, concentra problemas que las Ciencias Sociales y las Humanidades conocen bien pero atienden de forma intermitente. Desigualdades regionales profundas, tensiones entre desarrollo industrial y tejido comunitario, diversidad lingüística y cultural que convive con la marginación, urgencias ambientales que exigen comprensión histórica y social además de soluciones técnicas. Las instituciones y quienes producimos conocimiento tenemos la obligación de preguntarnos si nuestra presencia en esos territorios es proporcional a la gravedad de lo que estudiamos.

Territorializar el conocimiento debe ser una decisión institucional, una práctica cotidiana y una deuda que quienes trabajamos en la investigación pública tenemos con la población, las comunidades y el país que nos sostiene. La política científica ha señalado el rumbo con claridad. El siguiente paso —el más difícil— nos corresponde a las instituciones. Y ese paso no puede seguir esperando.

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Dr. José Armando Hernández Soubervielle

Investigador y Secretario Académico de El Colegio de San Luis. Miembro del SNII nivel III. Correo: [email protected]