San Luis Potosí, S.L.P., lunes 2 de marzo de 2026.– El proceso de verificación del estatus legal de los bienes inmuebles se ha encarecido para ciudadanos y abogados, luego de que el Registro Público de la Propiedad modificara el esquema de visualización de antecedentes de escrituras dentro de su sistema electrónico.

De acuerdo con usuarios del sistema, anteriormente era posible consultar los antecedentes registrales mediante el pago de 74 pesos para acceder a la plataforma y revisar el estatus de las propiedades, sin embargo, con los cambios recientes, quienes requieren revisar la información ahora deben solicitar copias certificadas de las escrituras, lo que implica un costo cercano a los 400 pesos.

La modificación representa un incremento de casi seis veces respecto al esquema anterior para quienes realizan búsquedas registrales, trámite que constituye el primer paso para verificar la situación jurídica de un inmueble.

Abogados y usuarios señalaron que este proceso de búsqueda es fundamental en distintos procedimientos legales relacionados con bienes raíces, como operaciones de compraventa, sucesiones, elaboración de testamentos o juicios intestamentarios.

Con el nuevo esquema, explicaron, los litigantes y ciudadanos se ven obligados a asumir un mayor gasto para localizar antecedentes registrales, costo que en muchos casos termina trasladándose a los clientes dentro de los procedimientos legales vinculados con la propiedad inmobiliaria.

San Luis Potosí, S.L.P., lunes 2 de marzo de 2026.– El arranque de la cuaresma comienza a reflejarse en los mercados de San Luis Potosí, donde comerciantes reportan un incremento gradual en la demanda de pescados, mariscos y algunos productos agrícolas, aunque con precios que se mantienen relativamente estables durante los primeros días de la temporada.


En el área de pescados y mariscos, los vendedores señalan que el movimiento comercial empieza a fortalecerse conforme se acerca el primer viernes de abstinencia, una práctica tradicional que lleva a muchas familias a sustituir la carne roja por productos del mar.


Entre los productos más solicitados destaca el camarón, que continúa siendo uno de los preferidos por los consumidores. Actualmente, el camarón grande se comercializa alrededor de 230 pesos por kilogramo, el camarón mediano en 200 pesos y el camarón chico en aproximadamente 180 pesos por kilo.


Otros pescados también registran buena demanda en los mercados locales. La tilapia y la mojarra se venden en alrededor de 150 pesos por kilogramo, mientras que el marlín alcanza precios cercanos a los 200 pesos por kilo.


En los puestos de frutas y verduras también se observa un ligero aumento en las compras, impulsado por la preparación de platillos tradicionales de la temporada, como los caldos de pescado, que requieren distintos ingredientes frescos.


Comerciantes señalaron que, aunque el flujo de clientes todavía es moderado, la demanda comienza a incrementarse conforme avanza la temporada religiosa y cultural.


En cuanto a precios, varios productos básicos se mantienen accesibles. El tomate se comercializa alrededor de 35 pesos por kilo, el aguacate en 70 pesos, la cebolla y la lechuga en aproximadamente 25 pesos por kilo, el chile serrano en 35 pesos y el pepino en cerca de 20 pesos por kilogramo.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 1 de marzo de 2026.– La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) recibe en promedio entre tres y cinco solicitudes mensuales relacionadas con procesos de reparación del daño, informó su nuevo titular, Juan Gerardo Castillo Mata, quien señaló que estas peticiones derivan tanto de violaciones a derechos humanos como de hechos delictivos.


El funcionario explicó que estas solicitudes provienen de víctimas que buscan acceder a los mecanismos institucionales para obtener reparación integral, ya sea por casos recientes o por resoluciones emitidas tiempo atrás en las que las personas afectadas deciden iniciar formalmente el trámite ante la comisión.


Castillo Mata detalló que actualmente el organismo cuenta con entre 50 y 60 expedientes en proceso relacionados con solicitudes de reparación del daño, los cuales se encuentran en distintas etapas de integración para que puedan resolverse y emitir el pronunciamiento correspondiente.


Indicó que la CEEAV mantiene coordinación con distintas instituciones para atender estos casos, entre ellas la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y organismos de derechos humanos, a fin de dar seguimiento a las carpetas de investigación y garantizar el acceso de las víctimas a los mecanismos de apoyo y reparación.

El titular de la comisión explicó que muchas de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos que involucran la intervención de la CEEAV se relacionan con el sector educativo, particularmente por posibles omisiones en la atención de conflictos dentro de las instituciones escolares.


En este sentido, señaló que se han detectado casos relacionados con situaciones de acoso escolar o conflictos entre estudiantes que, al no ser atendidos oportunamente por autoridades educativas, derivan en pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos.


Castillo Mata afirmó que, al asumir la titularidad del organismo, uno de sus compromisos será fortalecer las áreas operativas de la comisión y mejorar la coordinación interinstitucional para que las víctimas puedan acceder de manera más ágil a los procesos de reparación del daño.


Finalmente subrayó que la institución continuará atendiendo las recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos y garantizando el ingreso de las víctimas al registro estatal correspondiente para que puedan acceder a los apoyos y mecanismos que establece la ley.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 1 de marzo de 2026. – El sobreconcesionamiento del agua continúa siendo uno de los principales problemas estructurales en la gestión del recurso hídrico en México, reconoció la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) donde también se expuso el rezago administrativo que enfrenta la dependencia a nivel nacional.


El subdirector general de Administración del Agua de Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso, señaló que en diversas regiones del país el volumen de agua concesionado supera incluso la disponibilidad real de los acuíferos, una situación que se generó durante décadas de otorgamiento de permisos sin un control adecuado del recurso.


Explicó que en algunos casos se entregaron títulos de concesión que nunca se materializaron en infraestructura hidráulica ni en el aprovechamiento efectivo del agua, lo que permitió que ciertos titulares conservaran únicamente el documento sin desarrollar pozos o sistemas de extracción.


De acuerdo con el funcionario federal, esta práctica generó distorsiones en el acceso al recurso, pues algunos titulares mantuvieron las concesiones sin utilizarlas y posteriormente comenzaron a comercializar los derechos de agua cuando otros productores o usuarios requerían el suministro.


Rodríguez Alonso mencionó que existen casos documentados donde el agua llegó a venderse en porcentajes elevados respecto al valor original del título de concesión, lo que refleja los problemas derivados de un sistema de asignación que no siempre correspondía con la disponibilidad real del recurso.


Ante este panorama, el funcionario indicó que una de las tareas actuales de la dependencia es revisar y ordenar el sistema de concesiones, al mismo tiempo que se atienden rezagos administrativos que se acumularon durante años.


Detalló que al inicio de la actual administración federal se identificaron alrededor de 145 mil trámites pendientes dentro de la Conagua, muchos relacionados con renovaciones o procesos que quedaron inconclusos durante la pandemia o por fallas en sistemas administrativos.