San Luis Potosí, S.L.P., viernes 23 de octubre de 2026.- Los fondos de la burocracia estatal y de los trabajadores de la Dirección de Pensiones enfrentan riesgos de descapitalización, mientras la Secretaría de Finanzas reconoce una presión financiera cercana a los cuatro mil millones de pesos.
Dos fondos del sistema estatal de pensiones de San Luis Potosí podrían agotar sus reservas financieras en 2027, de acuerdo con las proyecciones actuariales incluidas en el Presupuesto de Egresos del Estado, situación que contrasta con las garantías de pago expuestas por la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.
Se trata de los fondos correspondientes a la burocracia estatal y a los trabajadores de la Dirección General de Pensiones, cuyos estudios actuariales establecen el próximo año como fecha estimada de descapitalización, lo que significa que las reservas acumuladas podrían resultar insuficientes para cubrir las obligaciones previstas.
Durante su comparecencia, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, García Vidal reconoció que el sistema de pensiones enfrenta una presión financiera cercana a los cuatro mil millones de pesos. Sin embargo, no precisó el periodo al que corresponde dicha cantidad, los fondos involucrados ni las medidas que se implementarán para enfrentar los posibles faltantes de recursos.
La funcionaria también informó que el número de personas jubiladas prácticamente se duplicó durante la actual administración, al pasar de aproximadamente cinco mil al inicio del sexenio a casi diez mil en 2026, situación que incrementa las obligaciones financieras del sistema y plantea desafíos para garantizar su sostenibilidad.
De acuerdo con el estudio elaborado por Valuaciones Actuariales del Norte, S. C., en 2025, con información al 31 de diciembre de 2024, los fondos de la burocracia y de la Dirección de Pensiones presentan 2027 como año proyectado de descapitalización. Aunque esto no significa que automáticamente se suspenderán los pagos a jubilados, sí advierte sobre la posibilidad de que los recursos disponibles resulten insuficientes para cubrir las obligaciones futuras.
Pese a este escenario, la secretaria de Finanzas aseguró ante los legisladores que el Gobierno del Estado no mantiene adeudos con la Dirección General de Pensiones y que los pagos a las personas jubiladas están garantizados, aunque no presentó durante su intervención un desglose de las acciones específicas para enfrentar los riesgos de descapitalización identificados en los estudios actuariales.
Para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno del Estado contempló una asignación de dos mil 605 millones 248 mil 684 pesos al rubro de pensiones y jubilaciones. Por su parte, la Dirección General de Pensiones reportó haber recibido más de cuatro mil 300 millones de pesos durante el quinto año de administración, provenientes de retenciones a trabajadores y aportaciones patronales canalizadas mediante la Secretaría de Finanzas.
No obstante, el propio Presupuesto de Egresos reconoce que los fondos enfrentan riesgos financieros y establece que los posibles faltantes deberán atenderse mediante los procedimientos legales correspondientes y conforme a la disponibilidad presupuestaria, lo que podría representar una presión adicional sobre las finanzas estatales.
Ante este panorama, la comparecencia de García Vidal dejó sin explicar de manera detallada cómo se garantizará la viabilidad financiera de ambos fondos más allá del cumplimiento de los pagos actuales, particularmente cuando las proyecciones oficiales advierten que sus reservas podrían agotarse durante el próximo año.
El riesgo de descapitalización en 2027 coloca así al sistema estatal de pensiones frente a un escenario que requerirá recursos adicionales o medidas de financiamiento, mientras permanece pendiente conocer una estrategia gubernamental que permita atender las obligaciones con los trabajadores jubilados sin comprometer otros rubros del presupuesto público.
