San Luis Potosí, S.L.P., sábado 29 de agosto de 2026.- Un juez federal ordenó la restitución inmediata de viviendas y predios a familias indígenas de La Peña, en Tampamolón Corona, como parte de un proceso judicial relacionado con el conflicto territorial que mantienen desde hace más de tres décadas.

La determinación deriva del Incidente de Suspensión 405/2026, promovido ante el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Ciudad Valles y posteriormente modificado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.

Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, informó que la suspensión inicialmente concedida de manera provisional tuvo efectos restitutorios y posteriormente fue ratificada con carácter definitivo.

El conflicto se agravó en junio pasado, cuando un operativo para desalojar a las familias del predio involucró a elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Ministerial y civiles armados, de acuerdo con las denuncias presentadas por habitantes de la comunidad.

Las familias afectadas, principalmente de los pueblos tének y nahua, denunciaron durante esos hechos agresiones y daños a sus viviendas y cultivos, además del desalojo de más de un centenar de familias.

La resolución federal establece también restricciones para las actuaciones de diversas autoridades que intervienen en el expediente, entre ellas el Juez de Control de Tancanhuitz, agentes del Ministerio Público, elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Investigadora y Policía Municipal.

Como parte de las medidas ordenadas, el Juzgado de Distrito estableció apercibimientos económicos de hasta 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en caso de que el Ministerio Público incurra en retrasos u omisiones en el cumplimiento de la restitución ordenada.

Después del desalojo, representantes de La Peña solicitaron tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno Federal intervenir para atender el conflicto agrario y buscar una solución a la disputa territorial.

Las y los comuneros también han planteado que se investigue la actuación de funcionarios municipales y estatales que, según sus señalamientos, tuvieron responsabilidad en el operativo. Entre sus demandas se encuentran la destitución y el inicio de procesos penales contra la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, y otros funcionarios.

Cisneros Sánchez sostuvo que la resolución judicial representa un límite a la actuación de las autoridades estatales involucradas en el conflicto y destacó que el fallo obliga a restituir a las familias afectadas mientras continúa el proceso relacionado con la disputa territorial.

El caso permanece en el ámbito judicial, mientras las familias de La Peña buscan que la restitución de sus viviendas y terrenos permita avanzar hacia una solución definitiva del conflicto que se ha prolongado durante más de 30 años.

San Luis Potosí, S.L.P., sábado 29 de agosto de 2026.- El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, negó que exista actualmente algún acuerdo o negociación política con Morena rumbo a las elecciones de 2027, aunque reconoció que estaría dispuesto a dialogar con ese partido si recibe una invitación formal.

El edil capitalino aclaró que las versiones sobre un eventual acercamiento electoral con Morena corresponden, hasta ahora, a especulaciones, pues aseguró que no ha sostenido reuniones con dirigentes de ese instituto para analizar posibles acuerdos.

Galindo Ceballos reconoció, sin embargo, que mantiene una buena relación con la dirigencia estatal de Morena y que existe disposición para conversar. Subrayó que una eventual plática no debe confundirse con una negociación política o con la construcción de una alianza rumbo al próximo proceso electoral.

En contraste, el presidente municipal descartó cualquier posibilidad de participar en una mesa de negociación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al considerar que esta fuerza política representa precisamente a uno de los adversarios frente a los cuales deberá darse la competencia electoral.

El alcalde también señaló que mantiene comunicación con la dirigencia nacional del PAN y que su relación con el PRI continúa, aunque evitó adelantar definiciones sobre posibles alianzas o candidaturas para 2027.

Finalmente, reiteró que su prioridad está en atender las responsabilidades que tiene al frente del Ayuntamiento capitalino, por lo que cualquier definición sobre acuerdos electorales deberá esperar a que avance el proceso político.

San Luis Potosí, S.L.P., viernes 28 de agosto de 2026.- La discriminación contra los pueblos originarios provocó que algunas comunidades dejaran de transmitir sus lenguas a las nuevas generaciones, situación que posteriormente derivó en la pérdida de su reconocimiento como pueblos indígenas, señaló el representante del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi) en San Luis Potosí, Mario Godoy.

Explicó que actualmente algunas comunidades buscan recuperar su incorporación al catálogo de pueblos y comunidades indígenas, luego de haber quedado fuera en administraciones anteriores debido, entre otros factores, a que dejaron de utilizar su lengua originaria.

Godoy señaló que, para obtener nuevamente este reconocimiento, las comunidades deben acreditar una serie de elementos relacionados con su organización y forma de vida. Entre ellos se encuentran contar con una población asentada de manera conjunta, tener una propiedad territorial y conservar prácticas, costumbres y formas de organización propias.

Aunque anteriormente el dominio de una lengua indígena era uno de los principales criterios para determinar la pertenencia a un pueblo originario, actualmente este elemento ya no es considerado determinante por sí solo.

El funcionario sostuvo que la pérdida de las lenguas no necesariamente significó la desaparición de las comunidades, sino que, en muchos casos, fue consecuencia de prácticas discriminatorias que llevaron a las familias a dejar de transmitir sus idiomas a sus hijos.

Como ejemplo, mencionó el caso de Tancanhuitz, donde, de acuerdo con lo relatado, en una secundaria vinculada con integrantes de la Iglesia se pedía a los estudiantes indígenas que no hablaran su lengua durante las clases. Incluso, quienes insistían en utilizarla eran castigados.

A decir de Godoy, este tipo de prácticas contribuyó a que algunas lenguas dejaran de utilizarse de manera cotidiana. Entre los casos se encuentra el huachichil, cuya presencia en los registros oficiales comenzó a desaparecer, pese a que las comunidades que se identifican con esta cultura permanecieron asentadas en distintas regiones del estado.

Recordó que durante la década de 1960 todavía había personas registradas en los censos como hablantes de huachichil; sin embargo, para la década siguiente ya no aparecían en los registros, lo que contribuyó a que el pueblo huachichil quedara invisibilizado oficialmente.

No obstante, señaló que la ausencia de hablantes registrados no implica necesariamente que haya desaparecido la identidad de estas comunidades, pues existen grupos asentados principalmente en municipios del Altiplano potosino que mantienen formas de vida y prácticas vinculadas con su origen huachichil.

Ante este escenario, el Indepi analiza las solicitudes de comunidades que buscan recuperar su reconocimiento como pueblos indígenas, bajo criterios que consideren no solo la lengua, sino también su territorio, organización, costumbres e identidad colectiva.

San Luis Potosí, S.L.P., viernes 28 de agosto de 2026.- Un fondo federal de 300 millones de pesos será destinado a la homologación y nivelación salarial de trabajadores docentes de distintos subsistemas de educación media superior, entre ellos los CECyTE, CONALEP y Colegios de Bachilleres, informó el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de CECyTES, Ramón Antonio Gastelum Lerma.

Durante una rueda de prensa en San Luis Potosí, el dirigente sindical explicó que los recursos buscan atender las diferencias salariales que persisten entre trabajadores de los distintos subsistemas de educación media superior y que han sido señaladas por el sector sindical desde hace varios años.

Acompañado por el secretario general del Sindicato del CECyTE en San Luis Potosí, Miguel Ángel Martínez Zamarripa, y otros representantes sindicales, Gastelum Lerma señaló que cada entidad distribuirá los recursos conforme a las reglas establecidas para la operación del programa.

En el caso de San Luis Potosí, destacó que fue uno de los primeros estados en emitir la convocatoria para que los docentes interesados puedan participar en el proceso de nivelación. La selección considerará factores como la antigüedad, preparación profesional y capacidad académica.

El dirigente sindical destacó, además, la participación del Gobierno del Estado, que aportará recursos para ampliar el alcance del programa, con el objetivo de que la nivelación salarial pueda beneficiar hasta al 90 por ciento de la plantilla docente del CECyTE en San Luis Potosí.

Por su parte, Miguel Ángel Martínez Zamarripa estimó que entre 80 y 90 trabajadores docentes del estado podrían incorporarse a esta segunda etapa del proceso, lo que representaría un incremento en sus percepciones y mejores condiciones para el desempeño de sus funciones.

Recordó que, en la primera etapa, realizada hace dos años, más de 200 trabajadores lograron acceder al esquema de homologación salarial, por lo que ahora se busca avanzar con un nuevo grupo de docentes que cumplan con los requisitos establecidos.

Gastelum Lerma señaló que San Luis Potosí recibirá una parte de los 300 millones de pesos contemplados a nivel nacional y manifestó su expectativa de que el Gobierno estatal realice una aportación similar para ampliar el número de trabajadores beneficiados.

El representante sindical consideró que la asignación federal constituye un avance para reducir las diferencias salariales que existen entre los trabajadores de los diferentes subsistemas de educación media superior, aunque señaló que todavía queda pendiente atender el rezago acumulado durante años.