En una democracia real, la participación ciudadana no debería ser vista como una concesión, sino como un derecho fundamental. Cada vez que se intenta restringir los mecanismos para que las personas incidan en las decisiones públicas, surge una pregunta: ¿A quién le incomoda la voz de la ciudadanía?

La sociedad civil organizada no redacta iniciativas por capricho ni entretenimiento. Su labor se construye a partir de la comunidad, el análisis y el contacto directo con una realidad que, muchas veces, no se percibe desde el Congreso del Estado. Asociaciones civiles, colectivos y organizaciones han aprendido a hacer incidencia no solo desde la exigencia, sino desde la propuesta.

San Luis Potosí fue uno de los primeros estados del país en reconocer el derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas de ley, lo que en su momento representó un avance significativo en la participación democrática. Actualmente, cualquier persona en ejercicio de sus derechos políticos puede presentar una propuesta sin necesidad de cumplir con porcentajes de representación ni requisitos adicionales. Este derecho ha permitido que, desde las comunidades y sus realidades, se lleven al Congreso problemáticas urgentes, muchas de las cuales no han sido abordadas por los legisladores en sus agendas. Las iniciativas ciudadanas no solo enriquecen el debate legislativo, sino que también representan una vía de acceso para que grupos históricamente excluidos puedan incidir en las decisiones que afectan sus vidas.

Sin embargo, el hecho de que este derecho exista en la ley no significa que, en la práctica, sea accesible. Muchas iniciativas ciudadanas quedan sin discusión ni dictamen, no porque sean inviables, sino porque el Congreso opera bajo sus propias dinámicas y prioridades. En otras ocasiones, la falta de voluntad política impide que estas propuestas avancen, lo que genera un doble obstáculo: por un lado, la dificultad de acceder a los mecanismos de participación y, por otro, la indiferencia ante las iniciativas que sí logran presentarse.

La sociedad civil arrastra el lápiz, camina las calles y documenta realidades que pocas veces llegan al Pleno del Congreso. Las iniciativas que presenta no surgen de la nada; son el resultado de horas de trabajo, análisis y consulta con quienes enfrentan diariamente las problemáticas que se buscan resolver. Intentos por restringir la iniciativa ciudadana afectan directamente a todas y todos. Si se limitan los mecanismos formales de incidencia, se niega la posibilidad de participar en la construcción de un mejor marco legal. Además, este tipo de reformas envían un mensaje preocupante: en lugar de fortalecer la democracia, se están generando barreras que desincentivan la participación de la ciudadanía en los procesos legislativos.

San Luis Potosí ha demostrado que puede ser un referente en participación ciudadana. Ha habido avances y espacios donde las voces de la sociedad civil han sido escuchadas. Sin embargo, esa apertura no puede depender de coyunturas o voluntades individuales; debe ser una constante. Más que cerrar espacios, se necesitan mecanismos que garanticen que las iniciativas ciudadanas sean escuchadas y discutidas. De lo contrario, aunque el derecho exista en la ley, en la práctica seguirá habiendo barreras para quienes no ocupan un cargo público.

Es cierto también que, a lo largo de los años, se han encontrado aliados dentro del Congreso que han abierto las puertas a estas iniciativas. Existen legisladores y legisladoras que han entendido que la participación de la sociedad civil fortalece el trabajo legislativo y han acompañado propuestas surgidas desde la comunidad. Pero es importante precisar que la sociedad civil no solicita favores ni espacios por cortesía: exige que se reconozca su derecho a incidir en las decisiones que afectan la vida diaria.

Estos nuevos intentos por restringir la iniciativa ciudadana no son un hecho aislado; son síntoma de un problema mayor: la falta de una cultura política que entienda la participación ciudadana como un derecho y no como una concesión. Lo cierto es que, con o sin obstáculos, la sociedad civil continuará trabajando, escribiendo, proponiendo y alzando la voz. Porque la democracia no es un acto de un solo día y la participación no es opcional.