Se repite desde las tribunas oficiales que el país ha superado los tiempos del autoritarismo burdo, de la censura abierta y de la persecución contra voces incómodas. Pero basta mirar hacia San Luis Potosí para entender que el viejo impulso de silenciar persiste, solo que ahora se disfraza con lenguaje tecnológico, discursos de “protección digital” y reformas legales adornadas con conceptos modernos como inteligencia artificial o identidad digital. Esta modificación legislativa representa exactamente eso: un sofisticado mecanismo de control político vestido de innovación jurídica.

La narrativa oficial, en su momento, describió esta reforma como un escudo contra los excesos de la inteligencia artificial, los deepfakes y la desinformación. Incluso se buscó compararla con la Ley Olimpia, sin tener relación alguna o, en su caso, fundamentos que permitieran hacer semejante comparación. En la cabeza de los 18 legisladores que votaron a favor parecía razonable esta iniciativa, en la que la discusión fue breve y, con una oposición dividida, la mayoría votó a favor; los restantes ocho diputados: cuatro abstenciones y cuatro en contra. ¿Quién podría oponerse a combatir la manipulación digital? ¿Quién defendería el uso criminal de imágenes o voces alteradas? El problema no es el propósito aparente de la ley; el problema es el inmenso margen que deja para criminalizar el disenso, perseguir periodistas y castigar a quienes incomodan al poder, algo que se advirtió y no fue replicado por los legisladores que se llenaron la boca diciendo que en la entidad hay libertad de prensa. Pero, ante las deficiencias legislativas, las leyes ambiguas rara vez terminan utilizándose contra el poderoso. Su destino casi siempre es el ciudadano incómodo y, en este caso, el periodista.

Ahí radica el verdadero rostro de esta legislación impulsada por Héctor Serrano Cortés. La redacción del artículo 187 Ter y de las disposiciones relacionadas abre una peligrosa puerta para interpretar como delito prácticamente cualquier contenido digital que genere molestia política. Conceptos como “alarma pública”, “paz social”, “honor”, “reputación” o “alteración de la confianza institucional” quedan sujetos a interpretaciones discrecionales. Y cuando el Estado obtiene la facultad de decidir qué discurso altera la paz y cuál no, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en una concesión. Esto ha permeado los diferentes entornos periodísticos del estado y, para muestra, el Premio Estatal de Periodismo, donde los medios críticos no tienen opción ante un comité comandado por el titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado. ¿Qué libertad hay para expresar información si quien carga la balanza es el encargado de proteger los intereses de Palacio de Gobierno? Pero el periodismo se ejerce muchas veces por algo más allá de lo económico.

Lo ocurrido en días recientes confirma precisamente ese temor. Las detenciones de Christian Herrera, Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, así como las investigaciones contra periodistas y administradores de medios digitales, no pueden analizarse aisladas del contexto político. Y es que la determinada ley se basa en el precepto de actos contra servidores públicos, haciendo una especie de símil en relación con crear cierta paranoia o actos que provoquen el caos o una marcada inestabilidad en el gobierno, algo que hasta el momento no ha existido.

Y es que no se trata únicamente de expedientes judiciales; se trata de un mensaje. El mensaje de que cualquier comunicador crítico puede convertirse en objetivo ministerial si toca fibras sensibles del poder, algo que garantiza el artículo quinto constitucional, en referencia a que cualquier persona puede ejercer el oficio o profesión que le plazca, siempre y cuando no se requiera una patente específica para ejercerlo, que no es el caso. De lo contrario, imaginemos cuántos medios sin el mínimo rigor periodístico hubieran desaparecido solo por no cumplir con ese requisito.

Resulta imposible ignorar la desproporción. Órdenes de aprehensión, prisión preventiva, traslados, incomunicación y operativos ministeriales desplegados contra periodistas, activistas o creadores digitales, mientras en paralelo México continúa acumulando impunidad en asesinatos, desapariciones y agresiones contra la prensa. El Estado demuestra una eficacia sorprendente cuando el objetivo es perseguir comunicadores; una eficacia que desaparece cuando toca investigar a criminales, corruptos o redes de violencia.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿por qué el aparato estatal parece reaccionar con mayor velocidad ante un video incómodo, que además es falso y no generó la actividad que refiere, que ante las amenazas reales que viven periodistas en el país?

La respuesta quizá sea dolorosamente sencilla: porque el poder político en México se protege mejor a sí mismo de lo que protege a quienes lo vigilan.

Y eso convierte a la “Ley Serrano” en algo todavía más grave. No solo amenaza la libertad de expresión; exhibe la jerarquía real de las prioridades institucionales. Hoy parece existir mayor sensibilidad jurídica para defender la reputación de actores políticos que para garantizar la seguridad de periodistas o activistas amenazados.

El contraste es brutal. Mientras comunicadores enfrentan prisión por presunta manipulación digital, decenas de periodistas en México trabajan bajo amenazas, sin mecanismos efectivos de protección, sin garantías laborales y muchas veces completamente abandonados por el Estado. Hay reporteros que cubren la nota roja usando recursos propios, sin seguros, sin respaldo institucional y con miedo permanente. Hay activistas que reciben amenazas todos los días por denunciar corrupción, desapariciones o abusos policiacos. Pero para ellos no existen operativos espectaculares ni urgencia ministerial. Para ellos existe el abandono.

La ironía resulta casi obscena: el Estado mexicano ha sido incapaz de construir condiciones mínimas de seguridad para ejercer el periodismo, pero sí ha encontrado capacidad suficiente para perfeccionar mecanismos de persecución penal sobre contenidos digitales.

Y entonces surge otro elemento profundamente alarmante: la utilización expansiva del concepto de inteligencia artificial como herramienta criminalizante. La ley presume excluir fines periodísticos, académicos o de crítica política siempre que “no exista dolo”. Pero, ¿quién determina el dolo? ¿La Fiscalía? ¿El poder político aludido? ¿Un juez sometido a presión pública? La ambigüedad convierte la excepción en una simulación jurídica. Porque cualquier crítica incómoda podría reinterpretarse como intención dolosa de afectar reputaciones o alterar la paz social.

Ese es precisamente el peligro de las leyes mal diseñadas en democracias frágiles: terminan funcionando más como armas políticas que como instrumentos de justicia.

No es casual que organismos defensores de derechos humanos y libertad de expresión hayan encendido alertas. Tampoco es casual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya promovido una acción de inconstitucionalidad. La preocupación no gira únicamente alrededor de la IA; gira alrededor del uso del derecho penal como método de silenciamiento.

Y México tiene una larga tradición en eso. Durante décadas, el poder encontró distintas maneras de castigar periodistas: publicidad oficial condicionada, amenazas fiscales, presiones políticas, espionaje, campañas de desprestigio o violencia directa. Ahora el riesgo adquiere una nueva envoltura: delitos digitales suficientemente ambiguos para judicializar voces incómodas bajo apariencia de legalidad.

El problema no es únicamente jurídico. Es profundamente político.

Detrás de esta discusión existe una visión peligrosa del poder: aquella donde el gobernante considera que la crítica representa una amenaza institucional y no un componente esencial de la democracia. Bajo esa lógica, la prensa deja de ser contrapeso y se convierte en enemigo potencial.

Por eso preocupa tanto la normalización del discurso que intenta justificar estas acciones. Cuando desde el poder se insiste en que “no se persigue a periodistas por ejercer el periodismo”, mientras simultáneamente existen detenciones, órdenes de aprehensión e investigaciones contra comunicadores, la contradicción se vuelve evidente. No basta negar la persecución; también debe evitarse construir condiciones legales que la faciliten.

La democracia no se erosiona únicamente cuando se clausuran periódicos o se encarcelan reporteros de manera abierta. También se desgasta cuando el miedo comienza a instalarse silenciosamente entre quienes informan. Cuando un periodista empieza a preguntarse si publicar cierta información podría derivar en una carpeta de investigación. Cuando un activista duda antes de compartir contenido crítico. Cuando la amenaza judicial sustituye al debate público.

Ese quizá sea el daño más profundo de esta ley: convertir la libertad de expresión en un territorio condicionado por el temor.

Y en un estado donde los actores políticos parecen gozar de mayor protección institucional que quienes arriesgan su integridad para exhibir abusos, corrupción o vínculos oscuros, la señal es devastadora. Porque una democracia donde el poder se protege más a sí mismo que a sus críticos deja de parecer democracia y empieza a parecer advertencia.

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Por: Ernesto García