En San Luis Potosí tenemos una fiscalía digna de admiración… si se midiera por la cantidad de expedientes acumulados, no por los resueltos. Una institución que parece especializada en los casos imposibles, esos que nunca terminan, que nadie puede probar, que se pierden en la neblina de los procedimientos y las prórrogas. La Fiscalía General del Estado (FGE) vive atrapada en su propio laberinto: abre carpetas, anuncia investigaciones, promete resultados, pero nunca llega al final del camino.
En el discurso, lo suyo son los grandes crímenes, los misterios dignos de novela negra. En los hechos, su eficacia se resume en unas cuantas detenciones menores, decomisos sin contexto y comunicados que repiten la palabra “seguimos investigando” como si fuera una oración ritual. Las víctimas esperan, los expedientes se empolvan y la justicia sigue archivada en el cajón de los pendientes.
Los ejemplos abundan. La reciente violación de una estudiante en la Facultad de Derecho de la UASLP estremeció a la comunidad universitaria y encendió protestas. Sin embargo, la respuesta de la fiscalía ha sido la de siempre: ninguna. No hay detenidos, no hay avances, no hay siquiera un parte claro que demuestre que se está haciendo algo. La misma historia se repite con el caso de Paul Jonathan Brown, el ciudadano estadounidense desaparecido en Villa Juárez. Se habla de restos, de indicios, de peritajes en curso, pero la verdad sigue igual de perdida que él.
Y mientras tanto, los números no mienten. El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025 del INEGI ubica a la FGE entre las instituciones más opacas del país. La dependencia se negó a revelar cuántos agentes, peritos o policías tiene, ni cuántas investigaciones logra cerrar. En 2024 abrió más de 60 mil carpetas de investigación, pero sin información sobre quién las atiende o cómo avanzan, ese número se convierte en un monumento al rezago.
La ironía es que San Luis Potosí comparte su nivel de opacidad con Campeche y Tlaxcala, estados que ni siquiera cuentan con unidades de análisis criminal. Aquí sí las hay al menos en el organigrama, pero parece que su especialidad es analizar el silencio. Y mientras los informes se llenan de cifras inconclusas, la realidad se llena de víctimas sin justicia.
Más de mil 300 órdenes judiciales giradas durante 2024 y apenas la mitad cumplimentadas. 58 mil 740 carpetas abiertas y miles de ellas sin resolución. La fiscalía potosina no resuelve, pero se multiplica en comunicados, en promesas y en la eterna narrativa de que “todo lleva su tiempo”.
Tal vez esa sea su verdadera vocación: no impartir justicia, sino administrarla a cuenta gotas, hasta que la gente se canse de esperar. Porque aquí, los delitos parecen diseñados para nunca tener final y los casos, para nunca tener culpables.
San Luis Potosí tiene una fiscalía que persigue los grandes enigmas del siglo… pero que tropieza con la realidad cada vez que tiene que resolver un caso concreto. Una fiscalía que investiga todo, menos lo urgente. Que abre carpetas como quien colecciona estampas, sin importar si alguna vez se completan.
Y así seguimos: con expedientes que no se cierran, víctimas que no obtienen justicia y una institución que, con tanto misterio a cuestas, ya parece más una oficina de ficción que un órgano de procuración de justicia.
