La competencia por los espacios en el Poder Judicial se ha convertido en un enfrentamiento entre candidatos surgidos de la propia judicatura y aspirantes provenientes de la política. Ambos grupos juegan sus cartas: los políticos apuestan por el carisma, las estructuras partidistas prestadas y, sobre todo, por una operación que, desde los poderes fácticos, pretende imponerse sobre las candidaturas nacidas en el ámbito judicial.
Por su parte, aunque pareciera que están alejados de las campañas tradicionales, los aspirantes del Poder Judicial han comenzado a armar estructuras, realizar proselitismo y organizarse estratégicamente para impulsar sus candidaturas. Su apuesta no es descabellada: cuentan con una base gremial capaz de operar en el terreno. Sin embargo, enfrentan un reto significativo en cuanto al voto en bloque o el llamado “voto en cascada”, que podría ser más complejo de articular en este contexto.
La realidad es que quienes provienen del sistema judicial deben dividir su tiempo entre múltiples responsabilidades, lo que impacta sus aspiraciones políticas. Jueces y secretarios actuales deben resolver largas filas de expedientes, lo que, en muchos casos, hace incompatible el ejercicio de la judicatura con una campaña electoral.
Hacer campaña requiere dedicación, preparación, tiempo, esfuerzo y un enfoque claro. No dudo que varios aspirantes podrán sortear estos obstáculos, pero aquellos inmersos en el sistema judicial tienen un margen de acción limitado. Quien ha participado en una contienda sabe que un solo día de campaña puede ser extenuante, con recorridos agotadores y jornadas intensas. Si a esto se suma la carga de trabajo en los juzgados, se hace evidente que el uso de estructuras judiciales se convierte en una herramienta clave para quienes buscan competir.
Los operadores, auxiliares y trabajadores del Poder Judicial que impulsan una candidatura desde dentro deben actuar con cautela. No pueden destinar recursos públicos a una campaña, pero sí pueden contar con el respaldo de una base gremial o de compañeros de trabajo, un punto en el que se sustenta esta interesante estrategia.
En cuanto a las estrategias de comunicación, es evidente que las promesas vacías, los apodos y los bailes están lejos de convencer al electorado. Más que atraer, generan rechazo y desencanto. Es un error reducir el problema de la justicia en México a la forma en que se eligen los jueces, cuando el verdadero desafío radica en la falta de autocrítica del sistema y en su función social. A tres meses de la elección, el camino hacia el tan anunciado cambio en el Poder Judicial sigue sin definirse con claridad, pese al discurso de los impulsores de la reforma.
La estrategia contra los partidos es simple: el apoyo de voz en voz. Aquellos integrantes del Poder Judicial, como trabajadores administrativos, jueces, oficiales y secretarios, al formar un bloque, podrían aprovechar la estructura laboral que incluso ya está establecida en el sindicato de burócratas del propio órgano judicial, que ha sido castigado duramente por las reformas recientes y que busca proteger a su gente en un panorama adverso. Solo falta confirmar si esta movilización surte efectos.