“Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba.”

En 1964, una de las producciones cinematográficas más emblemáticas del contexto de la Guerra Fría fue Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. La película narra la historia de un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Jack D. Ripper, cuyo nombre hace una clara referencia a Jack el Destripador, el infame asesino del Londres del siglo XIX. Esta analogía nos permite ejemplificar el contexto actual del modelo electoral, basado en la toma de decisiones sesgadas por un desmedido control del poder y en una narrativa que busca justificar una reforma que, por sí sola, no avanza, a pesar de los intentos de hacer parecer que el pueblo decide. Se insiste en que el pueblo manda, pero la realidad es que no tiene interés en participar en una elección. Tan grave es el caso que la gente ni siquiera quiere involucrarse en los conteos. La elección está tan premeditada que el propio Instituto Nacional Electoral llevará a cabo los conteos en sus comisiones distritales, relegando así el papel ciudadano en el proceso electoral.

En este escenario, se observa una fuerte confrontación entre el Poder Judicial Federal y el Tribunal Electoral. Desde una perspectiva jerárquica, la Suprema Corte de Justicia debería imponer su supremacía en las controversias constitucionales; sin embargo, el Tribunal Electoral, que durante mucho tiempo fue un organismo destacado por ajustar a los actores políticos a la norma jurisdiccional, se ha convertido en un contrapeso al propio Poder Judicial. Esto quedó evidenciado en la validación de la votación que permitió obtener la mayoría calificada en el Senado a los aliados de la Cuarta Transformación. Esta situación ha otorgado al Tribunal Electoral una especie de inmunidad, convirtiéndolo en un aliado importante del poder de Morena. Aunque no es un fenómeno nuevo en la política, los tiempos recientes han generado una especie de rebeldía oficialista. Durante el sexenio de Peña Nieto y gran parte del de AMLO, el Tribunal Electoral se mantuvo apegado al derecho, pero ante la embestida de una posible desaparición de los organismos electorales, ha optado por alinearse con las políticas oficialistas.

Desde la perspectiva de la construcción de instituciones, es fundamental advertir lo peligroso, costoso e incluso nocivo que ha sido el proceso de elección judicial. Desde el inicio de este proceso, no existe certeza de nada, salvo que los perfiles alineados con el oficialismo han aprovechado las lagunas de la ley en una descarada interpretación a su favor. Esto ha llevado al límite sus aspiraciones, como en el caso de las tres ministras que buscan la reelección y que, casualmente, han buscado figurar más que la propia presidenta del Poder Ejecutivo. Paradójicamente, esta última, lejos de apoyar esta vulgar intentona de llegar al puesto por popularidad, se ha convertido en víctima de ataques y embates de quienes, hasta ahora, ni siquiera se han inscrito ni han mostrado interés en participar como funcionarios electorales. Peor aún, muchos de ellos ni siquiera comprenden cómo se desarrolla el proceso electoral, lo que ha abierto la puerta a aspirantes con amplios cuestionamientos.

Al igual que en la emblemática película de Stanley Kubrick, en la que Jack D. Ripper ordena un ataque nuclear contra la Unión Soviética ignorando los mecanismos de control, el Tribunal Electoral ha dinamitado los cimientos del constitucionalismo. Ha tenido en sus manos una bomba nuclear y ha decidido detonarla. El costo de esta elección, en la que muy pocas personas participarán, será alto. A la par, los grupos políticos de siempre han mostrado los dientes, han salido a relucir acuerdos por debajo de la mesa, negociaciones políticas e intercambios entre grupos parlamentarios. Que a nadie sorprenda que, en los próximos meses, aquello que tanto nos dolía se convierta en la catarsis del sistema judicial mexicano: la cacería de brujas contra aquellos jueces que se atrevieron a desafiar los abusos del poder. Esto marcará un antes y un después en la historia judicial del país. Será, sin duda, una bomba que dejará a la justicia a merced de poderes descontrolados que buscarán aplastar a los más pequeños. No obstante, esa misma catarsis podría ser la oportunidad perfecta para construir un nuevo sistema judicial.