Las fechas fatales siempre son momentos culminantes para lograr determinados objetivos que, con una consecución lógica, se establecen para llegar a un resultado común. En este caso, la reforma judicial en el estado de San Luis Potosí es un claro ejemplo de que, por más que se quieran hacer las cosas, se requiere una serie de objetivos específicos, pasos y, sobre todo, tiempos. Digamos que, si hacer leyes fuera como hacer enchiladas potosinas, deberíamos empezar por elaborar la masa, combinarla con la salsa, preparar las tortillas pequeñas, hacer la mezcla de queso y chiles para rellenarlas y, posteriormente, calentarlas. Algo que podría parecer simple para quienes deseen elaborarlas; sin embargo, no lo es. Si fuera así de fácil, cualquiera las haría, lo cual no sucede en los hogares potosinos.

Y es que la reforma terminó por exhibir a aquellos que pregonaban que la reforma judicial era la panacea de la justicia, la solución a todos los actos de corrupción, el fin de los cacicazgos judiciales, el final del nepotismo e incluso, por qué no traerlo a colación, el fin de la corrupción. Algo que sería deseable en el mundo de la ficción, porque reformar la ley tiene implicaciones graves, consecuencias y, sobre todo, la necesidad de saber lo que se está haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera uno mismo sabe qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va? Sumado a la inexperiencia, esto ha dejado un mal sabor de boca entre quienes aspiraron legítimamente a un cargo, incentivados por el espíritu reformador, pero se encontraron con varias limitantes, entre ellas, la burocrática solicitud de papelería. Especialmente para aquellos aspirantes que egresaron hace años de la facultad, pues se les requirió su kárdex de materias o, a la vieja escuela, su tira de materias… ¡vaya dilema! Ni en la maestría piden esos requisitos.

Mientras tanto, el proceso sigue avanzando, pero la famosa tómbola de insaculación resultó ser un chiste. Disculpe la expresión, querido lector, pero hacer tres tómbolas para sortear apenas una veintena de aspirantes para un par de posiciones en la boleta, como dirían en la iniciativa privada, era más fácil hacerlo por correo o, en el mejor de los casos, con un sorteo en Facebook Live. La verdad es que el interés de la ciudadanía fue mínimo: no se inscribió la cantidad necesaria de aspirantes para volver competitiva la elección. Basta decir que habrá 11 distritos judiciales con candidatos únicos, y esos candidatos son los mismos que ya ocupaban el cargo. Es decir, la gente votará en cerca de 50 municipios por los mismos funcionarios de siempre. Ese recurso bien podría destinarse al hospital central o a los bomberos, pero el tema es cumplir los caprichos políticos.

Aunado a la desnudez de nuestro efímero proceso electoral, que pretende instaurarse para la próxima elección judicial dentro de nueve años, debemos señalar que el precario sistema tuvo omisiones graves. Entre ellas, el hecho de que el día del sorteo de la tómbola tuvo que acudir Rosalinda Ávalos Reyes, víctima de sus propios excompañeros de la Policía de Investigación en el homicidio de sus hijos, para interrumpir el sorteo. ¿La razón? Al comité evaluador del Poder Legislativo no se le ocurrió realizar una búsqueda breve de los aspirantes, entre los que se encontraba Sabas Santiago Ipiña Ramírez, quien incluso fue uno de los mejor evaluados, a pesar de que no cumplía con el requisito de ejercicio profesional por más de cinco años. Su título de licenciatura y su jubilación son incompatibles con los requisitos de ley, pero el proceso fue “transparente” y “vigilado” por los comités que, casualmente, tampoco percibieron los vínculos familiares entre los aspirantes ni la falta de cumplimiento de los requisitos en casos tan notorios y públicos como este.

En esta breve experiencia también debemos considerar aspectos relacionados con la pesada responsabilidad de impartir justicia. Parece interesante llegar al puesto, ocupar el cargo y recibir una remuneración económica, pero dar a cada quien lo que le corresponde y juzgar sin concesiones es un riesgo latente.

Entre los aspirantes hay personajes que han concursado en cuanta convocatoria han visto. Se trata de chapulines con aspiraciones económicas que un día pueden aspirar a una contraloría, al siguiente a un organismo autónomo y hoy a un puesto en el Poder Judicial. El tema es acomodarse como “todólogos”, mientras que los ciudadanos acudirán en busca de justicia ante un juzgador que puede tener poca o nula experiencia en la impartición de justicia. Ojalá no nos toque ser el daño colateral de este sistema tan ligero, que se sostiene más en una ilusión que en hechos concretos.