Este próximo domingo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dará por concluidos oficialmente los cómputos de las elecciones para integrar los distintos cargos dentro del Poder Judicial del Estado. Se trata de un momento crucial: aquellos aspirantes que aún tienen intenciones de llegar a los tribunales comenzarán a presentar impugnaciones, las cuales deberán ser revisadas, en primera instancia, por los tribunales locales y, posteriormente, por los tribunales federales.

El eje de esta última etapa se centra en la postura que asumirán las distintas partes, considerando que hay actos ya consumados que, por tanto, solo podrán impugnarse conforme a lo establecido en el procedimiento electoral. Sin embargo, llama la atención que, casi de manera simultánea a la conclusión de la elección judicial y la publicación de los resultados preliminares, las personas que ocuparán las 15 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se declararon ganadoras en una conferencia de prensa convocada por los canales oficiales del gobierno estatal, sin siquiera esperar el cómputo oficial. Una estrategia que, a mi parecer, busca hacer creer tanto a la ciudadanía como a los candidatos no favorecidos que el proceso ya está cerrado.

Nada más alejado de la realidad. Y podría tratarse de un error que, eventualmente, genere dolores de cabeza e incluso deje fuera de la contienda a más de uno. En este contexto, hay al menos tres casos cuestionables, entre ellos el del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Ruiz Contreras, quien, a todas luces, no cumplió con los requisitos constitucionales, tanto a nivel federal como local. Por ello, debería estar particularmente atento a las impugnaciones que puedan presentar quienes no lograron obtener la mayoría.

No obstante, como dice el dicho: “en la ley está la trampa”. Durante los próximos tres meses seremos testigos de los argumentos que se presentarán ante las autoridades electorales. Un detalle que podría parecer menor podría, en realidad, definir el rumbo de esta elección judicial: los expedientes integrados por los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial no obran actualmente en poder del Consejo Estatal Electoral. Es probable, incluso, que dichos comités tampoco los conserven, ya que fueron desintegrados. Este podría convertirse en el argumento central para revertir candidaturas: la inexistencia del expediente. Por tanto, se apelará al silencio procesal como mecanismo para invalidar dichas postulaciones.

La desaparición de estos comités deja la carga procesal en manos del Congreso, del Poder Judicial y del Ejecutivo. Serán estas instancias las que deberán exhibir los documentos que acrediten que los comités actuaron con transparencia, evaluaron los perfiles y determinaron que eran idóneos para ocupar los cargos. Un punto sobre el cual ni siquiera la autoridad electoral tiene certeza, pues su participación se limitó a recibir las postulaciones, validarlas e incluirlas en las boletas. Esta es la contradicción más significativa: los aspirantes impugnan un proceso donde posiblemente no exista la documentación que respalde las decisiones de los poderes que organizaron dicha elección.

Aún no se ha declarado válida la elección, pero las fichas ya comienzan a moverse. Los aspirantes preparan sus juicios, mientras que los electos podrían llegar a lamentar haberse proclamado ganadores en un proceso que todavía no ha concluido formalmente. Veremos cuántos enojos o enfrentamientos surgen a raíz de estos errores y del intento de imponer una narrativa que, quizás, aún no está escrita. Como reza el dicho: “del plato a la boca se cae la sopa”.