De la opacidad a la trazabilidad: El uso del Machine Learning en contra de la corrupción

Por

Redacción

- viernes, agosto 7 de 2026

La corrupción pública es un fenómeno muy complejo, que lastra la vida pública de los países que la padecen. Basada en la opacidad en el uso de los recursos públicos y en el tráfico de influencias la corrupción mina no solo las finanzas públicas, sino que genera inequidad en la redistribución de los recursos, contamina la obra pública y pone en entredicho la legitimidad de los gobiernos.

Sin embargo, el identificar en el inmenso número de contratos, licitaciones, subsidios, declaraciones patrimoniales, transferencias presupuestarias y empresas proveedoras actos de corrupción pareciera fuera de las capacidades humanas. No obstante, la tecnología actual como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y el análisis de redes, es posible identificar precios atípicos, contratos repetidamente asignados a determinados proveedores, empresas vinculadas entre sí, conflictos de interés o modificaciones presupuestarias sospechosas.

Su modelo se basó en el uso de 33,497 contratos etiquetados como corruptos y 1,506,892 contratos no corruptos. Sus hallazgos consistieron en que las variables más informativas no fueron únicamente las características individuales del contrato, sino las que describen la relación entre comprador y proveedor: gasto recurrente, concentración de contratos, favoritismo, adjudicaciones directas y gasto por semana activa.

Por ello, considero que su uso debe someterse a cuatro condiciones. Primero, los modelos deben ser auditables y ofrecer explicaciones comprensibles sobre las alertas generadas. Lo anterior no quiere decir que sean inteligibles a las personas legas. Sino inteligibles para las personas entrenadas en Machine Learning y otras técnicas de IA.  Segundo, los datos y criterios de riesgo deben estar sujetos a controles independientes. Tercero, ninguna decisión sancionadora debe descansar exclusivamente en una predicción algorítmica. Cuarto, la ciudadanía, el periodismo y la academia deben poder evaluar los resultados del sistema, respetando las restricciones legítimas relacionadas con la privacidad.

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Antonio Aguilera Ontiveros