En más de una ocasión hemos escuchado que la 4T ha emitido críticas virulentas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo cuando no participa en sus propuestas o las detiene al caer en contradicción con la Constitución Política de nuestro país. Esos ataques suelen centrarse en acusaciones de parcialidad y de no anteponer el bien social al detener dichas propuestas de ley.
Pero, ¿cuál bien común? Ah, pues el que ellos, en su propia parcialidad, dictan y deciden que lo es. La Constitución previene que en muchas ocasiones la autoridad no acabe perjudicando al país al realizar alguna acción que, aunque parezca beneficiar a muchos en una primera instancia, podría perjudicar a todos a largo plazo.
La insistencia de la 4T en que se promuevan sus propuestas y leyes en un principio beneficia a su movimiento por su carácter netamente populista, pero también existe un trasfondo en el cual se percibe corrupción y el uso de los recursos públicos para acabar comprando las conciencias de los ciudadanos. Y, por supuesto, que muchos de estos recursos son desviados para beneficiar a miembros de la 4T. Claro que esto es lo más difícil de comprobar. Entonces, se acusa de tomar decisiones que favorecen a algunos pocos, o tomar decisiones que se adentran en la ideología o la política por encima de la ley escrita, o incluso se acusa de que ministros del poder judicial han dictado sentencias favoreciendo los intereses de ciertas personas o de ciertos movimientos políticos. Esa ha sido la cantaleta de quienes hoy apoyan al actual gobierno. Y resulta que todo se les va en gritos y sombrerazos, pero nunca en acusaciones fundamentadas ya que no existen.
Sin embargo, recientemente el presidente de México declaró que el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea era literalmente un cómplice de su movimiento político y dictó sentencias que favorecían a su mandato o su capricho y detenía a personas que podrían estar libres cuando no había un proceso que los llevara a una sentencia. Es decir, confesó haber cometido todas las acciones que precisamente su movimiento utilizaba para atacar a los jueces que no se alineaban con ellos.
Y ahora se ha promovido una investigación en contra del ex presidente de la Suprema Corte, quien realizó muchas acciones durante su cargo que fueron más que cuestionables e incluso de conocimiento público. Y todas ellas, repito, formaban precisamente el eje de ataque con el que la Cuarta Transformación trataba de someter al poder judicial. El hecho en sí de que tenga una investigación de esta envergadura y alcance, contra quien fuera presidente de la Suprema Corte, es un escándalo inédito y que muestra cómo López Obrador ha llegado a corromper ámbitos en los que todavía los mexicanos podían llegar a confiar.
Este monero pronostica que el proceso contra Zaldívar va a durar bastante todavía, pero que el simple hecho de que haya una investigación seria ya empieza a poner en tela de juicio lo que significa la ley y justicia para la latente dictadura que se avecina de continuar la 4T. Hoy por hoy se ve más difícil que el ciudadano que recibe un beneficio económico directamente en su bolsillo y después se cruza de brazos, cierra los ojos y hace oídos sordos ante tanta y ridícula arbitrariedad y corrupción, se dé cuenta de que está en su voto evitar que esto se vuelva en su contra, su familia, su comunidad y su país. Y más aún cuando lo único que aún los detiene, es decir la Constitución, está en juego para que se modifique a contentillo y modo de estos autócratas protiránicos. Pero a veces existen los milagros.
