Ni 48 horas duró la “nueva administración” del ahora, y por segunda ocasión, exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, quien en meses pasados había sido acusado de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, situación que lo orilló a pedir licencia de su cargo para que el Gobierno mexicano procediera con las investigaciones pertinentes.
Mientras que el discurso dentro de MORENA era de total apoyo y de hacer un frente único para respaldar al mandatario en contra de las “blasfemias de la ultraderecha”, la oposición y un considerable sector de la sociedad civil clamaban porque se hiciera justicia y se le aplicara todo el peso de la ley al funcionario en cuestión.
Todo esto en una coyuntura en la que el partido en el poder atraviesa, tal vez, por su crisis de credibilidad y legitimidad más severa desde que el movimiento triunfó por primera vez, hace ya 8 años, de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Numerosos son ya los casos de corrupción, desvío de recursos, nepotismo, entre otros, que rodean a altos mandos del Movimiento Regeneración Nacional.
Si bien la noticia sorprendió a propios y extraños, al no ser una práctica usual en nuestro país que un funcionario de alto mando, en este caso un gobernador, se separe de sus funciones tras una acusación tan severa y, más aún, que nuestro vecino del norte se involucre (para nada raro hoy en día) con el fin de desestabilizar a la izquierda mexicana, o como los americanos le dicen, “llevan democracia a los países subdesarrollados”, sobre todo a los que les representan algún beneficio o ganancia.
112 días separado del cargo estuvo Rubén Rocha, mientras la opinión pública debatía sobre qué iba a pasar con el exgobernador. La línea oficial del Gobierno de México mencionaba que se mantenía haciendo una vida normal en su casa en Sinaloa, que no recibía ningún tipo de protección o privilegio proporcionado por el Estado y que, además, estaba cooperando con la autoridad para esclarecer su inocencia.
Lo cierto es que los sinaloenses, el vox populi en el estado del norte, tenían “otros datos”. Se mencionaba que las propiedades de Rubén se mantenían custodiadas por elementos de la Guardia Nacional, esto no por “evitar” que abandonara el estado o el país. Recordemos que nos desenvolvemos en un contexto donde el presidente Trump busca el más mínimo pretexto para inmiscuirse en su vecino del sur.
El pasado 21 de agosto, Rubén Rocha Moya retomó sus funciones como gobernador del estado de Sinaloa, un regreso triunfante, jovial, victorioso y presumiendo su propia presunción de inocencia, decidido a continuar con la gestión tan “transparente” que venía realizando antes de las acusaciones en su contra.
Al mismo tiempo, en radio, televisión y redes sociales, los líderes de opinión y la sociedad en general condenaron enérgicamente esta decisión, retomando el discurso de narco partido, cuestionando la coherencia y la honestidad del partido MORENA y de la misma presidenta. Solo 32 horas y una fuerte campaña mediática orquestada por los mismos dirigentes del partido y los gobernadores de este fueron suficientes para hacer dimitir nuevamente al mandatario.
Una nueva licencia indefinida aprobada por el Congreso local, solo que esta vez sin comunicados de apoyo y respaldo total, sin entrevistas, sin aprobación de Palacio Nacional. Rocha Moya quedó como la mayoría de los políticos quedan al dejar su cargo: apestado, solo, sin aliados; todo esto mucho antes de tiempo.
Habrá que ver qué sucede en próximos meses: si lo seguirán protegiendo o seguirán protegiéndose a ellos mismos en la opacidad de la ley, o bien, tratarán por lo menos de simular la caída de un pez gordo ante una sociedad cansada de los balazos e incrédula de los abrazos.
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René A. Peralta Acevedo es politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Cuenta con una maestría en Educación y Docencia, formación que complementa su perfil en el análisis político y social. Asimismo, actualmente labora en la fundación Christel House México.
