Paul Roberts mencionó a principios del siglo XXI que la mayor economía energética del mundo, basada en el cuento aleccionador para un mundo pagado de sí mismo y acostumbrado a la energía barata, tendría un fin irremediable, pues la política energética basada en el petróleo sería redireccionada (por no decir reinventada), al ser el combustible fósil un instrumento factible de modernidad, con etiqueta de caducidad.
A la luz de lo ocurrido en enero de 2026, cuando Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela, la premisa de Roberts fue conminada a un segundo plano. El episodio internacional que cambió la historia reciente de la economía energética y la geopolítica petrolera, modificó por completo la dirección productiva de una de las más grandes reservas petroleras probadas en el mundo: la Faja del Orinoco.
Tras décadas de tensas relaciones caracterizadas por sanciones económicas, reconocimiento de líderes opositores como Juan Guaidó y acusaciones mutuas de violaciones democráticas, a finales de 2025 Washington intensificó su presión política y militar bajo la administración de Donald Trump, enmarcando sus acciones en la lucha contra el “narcoterrorismo” y buscando un cambio de gobierno. Esta escalada incluyó aumentos de presencia naval, ataques a embarcaciones en el Caribe y finalmente, una operación militar directa que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, lo que desencadenó debates sobre soberanía y legalidad internacional.
Con la implementación de la Operación Resolución Absoluta, Estados Unidos tendrá acceso a la Faja Petrolífera del Orinoco, permitiéndole diversificar el suministro energético, reducir la dependencia de otros productores considerados inestables y abrir oportunidades para empresas petroleras estadounidenses mediante concesiones, contratos de servicio o esquemas de inversión. Además, el control o la influencia sobre la producción venezolana tendría un impacto geopolítico relevante, al debilitar a rivales energéticos y reforzar la posición de Estados Unidos en el mercado petrolero global, aunque estos beneficios se han discutido más como expectativas políticas y económicas que como resultados concretos, dadas las complejidades legales, técnicas y sociales que rodean al petróleo venezolano.
Las opiniones internacionales sobre el futuro petrolero de Venezuela combinan expectativas de recuperación con cautela y críticas: muchos analistas coinciden en que, aunque el país tiene reservas gigantescas, su industria está severamente deteriorada y requerirá años de inversión, reformas legales y estabilidad política antes de que pueda aumentar su producción de manera significativa, lo que podría no ocurrir hasta finales de esta década incluso con apoyo externo. Otros expertos señalan que, sin un marco regulatorio claro y garantías jurídicas para atraer a grandes compañías energéticas, la vuelta masiva de capital extranjero será difícil, y las firmas internacionales seguirán siendo selectivas en su participación. Al mismo tiempo, hay observadores que enfatizan el papel estratégico del crudo venezolano en mercados globales y para refinadores complejos, aunque advierten que beneficios reales para la población local dependen de cómo se distribuya la riqueza petrolera. Finalmente, voces que analizan la economía venezolana destacan que la transición energética global y las dinámicas del mercado pueden influir tanto en los precios como en las inversiones, haciendo que el futuro petrolero esté ligado no solo a factores internos sino a tendencias más amplias en todo el mundo.
