Por supuesto que todos sabemos que el gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por ser un circo. Pero aunque éste se vistiera de payaso, se subiera a la cuerda floja en un monociclo mientras hace malabares con una sierra eléctrica, unos aros encendidos en llamas y un chihuahua totalmente en pánico, sus declaraciones y afirmaciones cuando no se trata de agredir directamente a nuestro país deben ser tomadas en serio.

Poner en tela de juicio cualquier declaración de un gobierno extranjero que infiera crímenes cometidos por un tercero y por organizaciones mafiosas de tu propio país debería escucharse con respeto, y no envalentonarse pidiendo pruebas como si una madre defendiera a su hijo ante la acusación del prefecto de la escuela.

Salir con evasiones y retando al gobierno de Estados Unidos es ponerse no solo del lado de un supuesto aliado político latinoamericano, sino también mostrarse un tanto incómodo o implicado en la acusación.

Al hablar de un cártel, específicamente el de Sinaloa, con el que se han supuesto vínculos constantes de los políticos de la Cuarta, empezando por los más altos funcionarios —como lo son Andrés Manuel, Manuel Bartlett, Andy López, etc., en este caso Claudia está fungiendo como una salvaguarda de un vínculo que no debiera estar ahí, que no debiera existir.

Este monero se pregunta si, en este caso, cabe aquel refrán que dicta: “Justificación no pedida, complicidad admitida.”