Queriendo o no, Andrés Manuel y su movimiento ideológico lograron un gran cometido: la reforma judicial es un verdadero golpe a los cimientos de esta nación. Por tanto, estemos de acuerdo o no, una vez implementado este proyecto, se convierte en una revolución política que afecta completamente la Constitución de nuestro país.

Empecemos por el principio: al fundarse esta nación, se hizo con un enfoque democrático y se determinó que debía estar dividida en tres poderes, base de la administración nacional.

Como sabemos, el Poder Ejecutivo está representado principalmente por el Presidente de la República, los gobernadores de cada estado y los presidentes municipales, todos electos mediante votación democrática y popular. Sus equipos y gabinetes son designados por los propios funcionarios electos.

Por otro lado, está el Poder Legislativo, dividido en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores. Estos también son elegidos por voto popular. Aunque existe la figura de representación plurinominal, se argumenta que esta también tiene un sustento democrático, al basarse en el apoyo que recibe cada partido.

Pero el tercer poder, el Judicial, hasta ahora no tenía funcionarios electos por voto popular. Quienes acceden a este poder lo hacen mediante una carrera de méritos, comenzando desde niveles bajos y ascendiendo según su capacidad. Se les aplican exámenes técnicos y deben pasar por el escrutinio de órganos especializados.

Es decir, no cualquiera puede llegar a ser juez o ministro. Eso podría parecer antidemocrático, pero en realidad, nuestros sabios patriotas fundadores intuyeron que el Poder Judicial debía concebirse como un elemento técnico de la administración pública, encargado de aplicar la ley y la justicia en manos de personas con capacidades demostradas, no en un concurso de popularidad.

Por supuesto que esto lo sabe Morena. Pero la única forma de cambiar todo el Poder Judicial a beneficio de su movimiento ideológico —que pretende más cambios radicales y contrarios a los principios democráticos, como sucedió en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba— es mediante este golpe de timón: eliminar los contrapesos para que ya no existan límites ni barreras a lo que decidan hacer quienes están en el poder.

Aquí cabe hacerse la pregunta: si el Legislativo y ahora también el Judicial obedecen al Ejecutivo, ¿qué ocurrirá si la persona en la presidencia, siendo un ser humano, se equivoca? Precisamente la independencia entre estos tres poderes garantiza que, en algún momento, uno pueda vetar o contener las decisiones del otro. Por ejemplo, el Poder Legislativo puede frenar al Ejecutivo, o el Judicial puede anular una decisión con base en la interpretación constitucional. Pero si ambos poderes se convierten en defensores y aplaudidores del presidente, nuestro sistema de gobierno dejará de existir. Se termina la República democrática y nace una tiranía absolutista. Los resultados no son halagadores ni prometedores. Ni siquiera son progresistas: son un retroceso en términos de civilización. Es claramente un tropiezo histórico.

Pareciera que quienes apoyan a la 4T quisieran poner a prueba los límites de nuestra nación, preguntándose: ¿qué más puedo perder? Sin considerar que las decisiones que hoy se tomen como país reverberarán en el futuro de nuestros hijos.

Hijos que actualmente están alejados de la politización que probablemente vivimos nosotros. En su momento, nuestra democracia avanzó de forma significativa, y pronto todos se conformaron con las nuevas administraciones, particularmente en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto.

Esto derivó en el crecimiento de un movimiento de izquierda que denunció la corrupción sistemática en los tres poderes de la nación. Una vez en el poder, e incrementando su presencia elección tras elección en las cámaras de senadores y diputados, esta causa ideológica creció exponencialmente gracias a esos argumentos. Pero pronto quedó demostrado que la impunidad y la corrupción seguían siendo un patrón dentro de los círculos de poder del país, incluso con el nuevo partido gobernando. Y vaya que hay pruebas: desde los propios hijos del fundador del movimiento, hasta cada uno de los políticos que hoy ocupan la cima de la jerarquía nacional.

Ahora vuelven a la carga, con el mismo argumento de combatir la corrupción, para eliminar de un golpe todo el Poder Judicial. Porque incluso si algunos de los candidatos que hoy ya pertenecen al sistema judicial son electos en esta farsa populista del 1 de junio, estarán completamente supeditados a las decisiones del Ejecutivo, bajo amenaza de destitución o de frenar su avance en la carrera judicial. Solo serán premiados quienes obedezcan sin cuestionar y laman la mano de su amo.

El riesgo es claro: se pierde la razón de ser del Poder Judicial, se elimina la división de poderes y se concentra todo en un solo individuo. Podríamos pensar que la doctora Sheinbaum, en quien próximamente recaerán estas atribuciones, es una persona moderada, con capacidad de decisión y prudencia. Pero ¿qué sucederá cuando llegue alguien con las peores intenciones de perpetuarse en el poder? Por ejemplo, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el famoso Andy López.

Si él —o cualquiera que llegue al poder, como Gerardo Fernández Noroña, quien recientemente obligó a un ciudadano a pedirle disculpas públicas en una escena humillante y abusiva— decide actuar de forma tiránica contra la ciudadanía, el Legislativo lo justificará, lo aplaudirá y lo aprobará. La Suprema Corte, cuya función sería frenar esas arbitrariedades, ya no podrá hacerlo. Porque este movimiento habrá impuesto la sumisión total al presidente en turno.

Todos estamos de acuerdo en que la impunidad y la corrupción están carcomiendo nuestra sociedad como un cáncer, y que el Poder Judicial necesitaba cambios profundos. Esa era, tal vez, la única parte benéfica de la reforma. Pero entregárselo a las masas —masas que están siendo encauzadas a votar obedientemente por este movimiento— ya no es una reestructuración positiva: es la destrucción de la democracia. Irónicamente, a través de la democracia misma.

Te dejo estos pensamientos para que reflexiones, querido lector. Este monero, en lo personal, se declara objetor de conciencia y no emitirá voto alguno como postura ante esta situación histórica. Prefiero decirle a mis nietos que, parado en mi granito de arena democrática, sostuve mi inconformidad ante la destrucción de la República. Aunque parezca que un solo voto, o su abstención, no significan nada, quienes decidimos tomar esta postura somos como una aguja en un pajar: pequeña, sí, pero afilada y más brillante que cada brizna de hierba entre la que se encuentra.

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