Debajo del enfoque mediático que se le dio a la lectura de lo ocurrido el domingo en la ceremonia constitucional en Querétaro se localiza una reorganización crítica de la correlación de fuerzas políticas del Estado como parte del escenario sucesorio de 2024.

Las críticas al protocolo presidencial que desplazó a los titulares de los poderes Judicial y Legislativo deben explicarse en el contenido crítico y de ruptura de los discursos de la ministra Norma Piña Hernández y del diputado Santiago Creel Miranda: la extraterritorialidad estatal del Poder Judicial y la presión legislativa de la oposición minoritaria.

El presidente de la República ha sido muy insistente en criticar al Poder Judicial por razones muy concretas: la corrupción de jueces y funcionarios judiciales que permite la liberación de delincuentes, el nepotismo que ha convertido al Poder Judicial en un espacio de territorialidad familiar y el fracaso de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro presidente al subordinar a la Corte a los intereses presidenciales. Más que defensa de la autonomía como poder del Estado, la ministra presidenta Piña marcó su territorio de autonomía estatal.

El diputado Creel no pronunció un discurso que fijara los espacios políticos de la pluralidad del poder legislativo en el escenario de la reorganización del Estado, sino que presentó una arenga personal como precandidato panista a la presidencia de la República en el 2024 y sus exigencias de diálogos y acuerdos con el Poder Ejecutivo solo estaría buscando subordinar y paralizar el proyecto presidencial a sus propios objetivos panistas sucesorios. En Querétaro, el diputado Creel convirtió una ceremonia protocolaria en un reclamo al presidente López Obrador para retirar el Plan B de la reforma electoral que no le conviene a la oposición comandada por la Coparmex, el empresario Claudio X. González y el INE como eje dinámico del bloque electoral conservador.

El discurso de la ministra Piña cayó como anillo al dedo a una oposición en busca de figuras de confrontación presidencial, pero sin que pudiera tener ningún efecto en la reorganización de los poderes del Estado. Más que los párrafos de su discurso que se leyeron como de confrontación agresiva con el presidente de la República, la ministra presidenta no adelantó ninguna iniciativa para reformar el Poder Judicial de los vicios que se denuncian todos los días.

El principal problema de la ministra Piña se localiza en la percepción de que llegó al cargo de ministra presidenta de la corte solo por su condición de mujer y no por enarbolar una inexistente propuesta de reforma judicial. Lo que se quiere vender como un acto histórico de que una mujer sea por primera vez ministra presidenta del Poder Judicial podría reducirse solo a un récord de Guinness sobre el avance de género, pero sin que hasta ahora se perciba alguna propuesta de reorganización judicial.

El problema actual de la ministra presidenta Piña lo tiene en su propio espacio de decisión: la presencia en el Pleno de la Corte de una ministra a la que se le demostró el plagio de su tesis de licenciatura y que hasta la fecha sigue tomando parte de las decisiones fundamentales del máximo Tribunal Constitucional, a pesar del desprestigio y las críticas por el caso universitario. En términos jurídicos, las decisiones en las que participe la ministra Yasmín Esquivel Mossa serán fruto del árbol envenenado por su tesis universitaria plagiada.

Más que discursos llenos de críticas o cacayacas de los titulares de los tres poderes, en el fondo quedó la preocupante evidencia de una crisis de reorganización del Estado que pudiera configurar la imagen de un Estado-archipiélago o inclusive hasta balcanizado, con cada poder confrontando a los otros y todos debilitando la autoridad del Estado como la estructura fundamental de funcionamiento del sistema político y del régimen de gobierno, con indicios de que la desorganización de la estructura decisiva de la República perfila una crisis de funcionalidad pública para configurar un verdadero colapso de gestión del Estado.

Si los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial mostraron en Querétaro ir cada uno por su lado, entonces el país podría estar ingresando ya de manera formal a una crisis de viabilidad del Estado-nación, frente al creciente activismo y autonomía de poderes fácticos legales e ilegales que profundizarían la inviabilidad de la República.

En Querétaro se mostró la crisis del Estado.