Como si hicieran falta más argumentos para los sectores estratégicos de la seguridad nacional de Estados Unidos, el juicio contra el secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está sentando al sistema/régimen/Estado mexicano en el banquillo de los acusados, en un suceso similar al enjuiciamiento al Gobierno mexicano que se hizo en 1985 por el asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

Casi de modo natural, el juicio contra García Luna está desnudando las complicidades anteriores de la estructura mexicana de seguridad con toda la red de intereses del crimen organizado y de manera inevitable se resentirá pronto un replanteamiento más autoritario y unidireccional del Gobierno de Estados Unidos contra la política y estructura del aparato de seguridad mexicano.

Los casos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y García Luna dejan ver con claridad la dimensión real de la estrategia de seguridad antinarcóticos de la Casa Blanca: no destruir estructuras del narco ni suspender de tajo con el contrabando de droga, sino evitar casos personales extremos y tratar de regresarle el control del proceso del narcotráfico a las oficinas estadounidenses que regulan las drogas en las calles americanas.

La estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca la definió el presidente Barack Obama en 2011 con su programa contra las organizaciones criminales transnacionales, es decir, los cárteles del narcotráfico que están operando con impunidad dentro de Estados Unidos para controlar el contrabando de drogas, su distribución en los 50 Estados americanos y sobre todo la venta en las calles. Obama estableció el discurso político de culpar a los cárteles en sus países de origen –México y Colombia, sobre todo– y decretar a Estados Unidos como víctima de la maldad sudamericana, pero en el fondo obligar a los gobiernos de esos países al destruir los cárteles locales, pero sin tocar a las células de esas organizaciones instaladas –de acuerdo con la DEA– en 40 de los 50 estados de EU.

Lo que están demostrando los casos del Chapo y García Luna es mucho más grave de la sola identificación de dos personajes que agotan las persecuciones judiciales, pero que revelan estructuras criminales de funcionamiento con autonomía relativa y que son las que manejan a ras de tierra el tráfico, la distribución, la venta y la circulación de la droga y sus beneficios económicos.

En este sentido, el juicio contra García Luna es un asunto de interés exclusivo de la DEA y no tiene la intención de desarticular la impresionante red de la célula del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos ni de interrumpir o disminuir el tráfico de las drogas duras, entre ellas el fentanilo que lleva ya más de 200,000 muertos por sobredosis en dos años.

El arresto preliminar de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y encargado del departamento de producción y contrabando de fentanilo a Estados Unidos, parece haberse dado en el limbo: México no tenía órdenes de aprehensión contra el capo y el Gobierno de Estados Unidos está tardando en solicitar su extradición, lo que está dejando el signo preocupante de que Ovidio fue detenido en un operativo circunstancial y puede ser liberado por falta de requerimientos legales.

El Chapo Guzmán fue acusado de contrabandear cocaína y fentanilo a Estados Unidos y García Luna está siendo juzgado por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero como funcionario y exfuncionario el exsecretario calderonista de Seguridad Pública mantuvo relaciones institucionales con toda la estructura de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, las 17 oficinas encargadas de las políticas de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Los capos, los funcionarios de ambos países involucrados en el auge de las estructuras del crimen organizado y los gobernantes han sido rebasados por la estructura transnacional del narcotráfico. Hasta ahora no se tienen informaciones de que el Gobierno de Estados Unidos haya iniciado un proceso de investigación interna para detectar qué tipo de información de inteligencia le fue entregado a todos los funcionarios mexicanos en el periodo 1992-2020 y que pudo haberse filtrado a los cárteles del crimen organizado.

En ese sentido, el poder de los cárteles criminales es correspondiente al poder político de los funcionarios.