Las elecciones presidenciales de junio próximo están adelantando la configuración de dos bloques de poder político: el neoliberal que asume la democracia como ideología conservadora y el populista que perfila la democracia como una forma de redistribución de privilegios.

Todo el bloque neoconservador que fue impulsado por el activista Claudio X. González en las movilizaciones contra la reforma electoral y la reforma judicial del presidente López Obrador ahora se alinea con Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral y pieza de la alianza PRI-PAN de 2012 que se configuró alrededor del Pacto por México como la segunda revolución neoliberal, en la cual ha aparecido en libros José Woldenberg como el ideólogo de esta alianza neoconservadora.

Este nuevo grupo ideológico está construyendo el discurso de que el presidente López Obrador está encabezando una movilización para destruir la democracia o el régimen democrático vigente que viene del viejo PRI, se nutre de una interrelación con el PAN que luchó contra la Revolución Mexicana y encontraron algunos minúsculos espacios para un PRD descardenizado y llevado por Jesús Ortega a una alianza con el neoliberalismo salinista.

Pero en función de sus facultades y mayoría legislativa, el presidente de la República ha lanzado iniciativas que efectivamente reforman estructuras de poder, pero lo ha hecho cumpliendo con estricto sentido democrático el mandato de las mayorías, es decir, enfrentando varias derrotas en los espacios legislativos constitucionales.

El trasfondo tiene que ver con la democracia, pero entendiendo que la democracia es un concepto que se mueve en diferentes territorios de la disputa política: como filosofía, como mecanismo procedimental para acceder al poder y como estructura de equilibrios para cualquier tipo de modificación de las instituciones propias de la democracia.

El temor del bloque neoconservador radica en el hecho de que el presidente de la República está enfilando la disputa electoral del 3 de junio –presidente de la República, Cámara federal de diputados, Senado, 9 gubernaturas y casi 30 legislaturas locales– bajo una propuesta de reorganización de estructuras administrativas del poder, pero en términos estrictos sin cambiar los términos del vigente sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional, sino sólo replanteando una nueva correlación de dominación institucional entre el Estado y las estructuras de organismos autónomos que le quitaron poder al Estado a favor de una burocracia como contrapeso institucional.

El camino escogido por el presidente López Obrador es el democrático: la competencia por posiciones legislativas electorales porque en el Congreso de las dos cámaras se aprueban las leyes y las modificaciones constitucionales en función de las mayorías populares determinadas por el voto democrático vigilado por el INE.

El modelo de contrapesos de organismos autónomos fue inventado por el PAN en la presidencia ante la imposibilidad de contar con mayorías que pudieran modificar las estructuras de la administración central, pero en términos constitucionales esos organismos se convirtieron en espacios que violaban la definición constitucional de indivisibilidad del Estado y el Poder Ejecutivo como organismos de centralización administrativa. La autonomía se basaba en el nombramiento de funcionarios de los organismos como contrapesos del poder Ejecutivo central en función de acuerdos institucionales con la oposición minoritaria.

Como una engañifa derivada de su propia incapacidad política en la construcción de una nueva mayoría conservadora, Córdova y organismos de la sociedad civil que están formados por exmilitantes del PAN, del PRI, del PRD y de grupos sin partido quieren llevar el debate a una confrontación que caracterizaría mañosamente el procedimiento democrático del presidente de la República como antidemocrático y por lo tanto la defensa vendría a asumirse como bandera democrática.

La manifestación neoconservadora que se prepara para mediados de febrero y la designación de Córdova como orador único no debe ser asumida como una disputa entre demócratas y dictadores, sino como parte de la lucha político-electoral que pone en competencia a corrientes que tienen propuestas diferentes pero que las dos están enfiladas al cumplimiento estricto de la democracia electoral procedimental y que esa democracia señala que el que gane la mayoría puede tomar las decisiones que acotan las mismas reglas constitucionales.

El país se encuentra en una disputa democrática por el poder entre una mayoría progresista-populista de consolidación del Estado que define la Constitución vigente y una minoría conservadora que debe participar en la disputa por la vía de la democracia procedimental y alejarse del espantapájaros timorato de la dictadura que impide la actual configuración socioeconómica del país.