La circulación esta semana de dos encuestas no electorales debería ser tomada con mayor seriedad por la oposición para cuadrar los escenarios electorales del 2024 que parecen no querer entender: la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en 2022 y el Latinobarómetro titulado “La recesión democrática en América Latina”.
El cruce de la información del contenido de ambos sondeos ayudaría a explicar tendencias de voto y sobre todo las prioridades de los electores. Los puristas de la democracia se rasgan las vestiduras por la declinación de ocho puntos porcentuales en el apoyo a la democracia en México, pero las cifras de desigualdad social y de concentración del ingreso del INEGI revelan que la población marginada o con restricciones sociales –nada menos que el 80% de los mexicanos– depende de inversiones sociales públicas para más o menos evitar un mayor deterioro en su calidad de vida.
Estas dos encuestas revelarían el apoyo social al PRI, al PAN populista 2000-2012 y ahora a Morena: sin un sector privado con actividad económica que se derrame sobre la sociedad, los mínimos de bienestar están atados a programas sociales, incluyendo los asistencialistas o de becas regaladas. La cifra no es menor: el 20% de la población mexicana se queda casi con el 50% del ingreso nacional, en tanto que el 80% restante se reparte, a jalones y estirones, el otro 50%.
El modelo mexicano de bienestar lo inventó el PRI y sobre todo el presidente Miguel Alemán con su iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución en diciembre de 1946 para terminar con el modelo de educación socialista utópica-no marxista del presidente Cárdenas y en menor medida del presidente Avila Camacho. En esa reforma, alemán introdujo lo que es el principio básico del modelo mexicano de bienestar: al hablar del criterio que define la educación, Alemán consideró “a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Es decir, desde entonces existe la política de Estado de que el bienestar precede la democracia.
El bloque intelectual que impulsa hoy la democracia mexicana se basa en el modelo teórico de las reacciones equilibradas en la participación y ejercicio del poder, pero la sociedad mexicana ha sido educada por el PRI desde 1946 en el sentido de que primero está el bienestar y luego, si se puede, algo de democracia. Este dato explica por qué la sociedad mexicana que depende del bienestar de los presupuestos públicos espera más beneficios económicos directos que respeto a las reglas electorales.
El PRI exprimió hasta lo que pudo esta relación de programas sociales a cambio de la aceptación del autoritarismo de Estado, el PAN en la presidencia mantuvo dos sexenios el mismo modelo y ahora Morena reactiva la esencia de la dialéctica bienestar-democracia, lo que explicaría las primeras tendencias de apoyo social los candidatos de Morena.
El PAN creó el modelo de solidarismo que copió sin rubor el presidente Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto rompió el equilibrio bienestar-democracia con su modelo neoliberal que disminuyó los subsidios sociales y dio más importancia a las reformas estructurales de segunda generación del Tratado de Comercio Libre con Estados Unidos que afectaron al bienestar. En cambio, López Obrador comenzó su disidencia en 1988 defendiendo la democracia, pero en 1998 giró hacia el bienestar social asistencialista y lo ha llevado a nivel constitucional, y la sociedad prefiere el apoyo económico del Estado que el ejercicio de la democracia electoral.
La desigualdad social resumida en la fórmula 80/20 entre marginados del bienestar y los ricos tiene otra cifra que está en el imaginario colectivo: el 10% de los mexicanos más ricos tiene el 31.5% de la riqueza, en tanto que el 10% de los mexicanos pobres solo alcanza el 2.1%. Este es el escenario social de las elecciones del 2024 entre una oposición basada en la democracia y un gobierno morenista posicionado de las necesidades sociales.
