La cumbre sobre fentanilo de México y Estados Unidos se mueve en dos vertientes: de un lado, la irresponsabilidad americana para culpar a los productores de la droga del consumo de los adictos locales que tienen acceso fácil a la droga que entra como contrabando por la corrupción fronteriza; y de otro lado, las elecciones presidenciales en los dos países en 2024 y la prioridad de seguridad nacional de republicanos y demócratas para someter a México a las necesidades estadounidenses.

En este contexto, la elección presidencial mexicana de junio próximo, cinco meses antes de la estadounidense, tendrá como punto central no el tema de los cárteles del narcotráfico, sino la vigencia de la decisión del presidente López Obrador de mantener una distancia nacionalista de los intereses geopolíticos y de seguridad de la Casa Blanca. En el fondo, el enfoque de seguridad demócrata no difiere del criterio republicano intervencionista y de invasión militar a México para someter la política de seguridad mexicana al control del tráfico de drogas desde Washington que se ha estado determinando en los últimos tiempos en función de la disponibilidad de drogas para los adictos americanos.

En el hipotético caso de que se arresten a los ya famosos Chapitos –hijos del Chapo Guzmán que están encargados del tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa–, la producción y contrabando de cocaína, heroína, marihuana y sobre todo fentanilo seguirá fluyendo hacia Estados Unidos en tanto los adictos estadounidenses necesiten la droga para mantenerse tranquilos, porque cualquier sobresalto la disponibilidad de esas estupefacientes generaría violencia social en las calles americanas.

La Casa Blanca ha movilizado el Departamento de Estado como factor de presión sobre México, trasladando un tema de seguridad al área de política exterior, sobre todo porque México ha mantenido a raya a la DEA por sus estilos intervencionistas de operar en México y por la decisión de esta agencia de no acatar las reglas establecidas en la Ley mexicana de Seguridad Nacional para impedir que los agentes antinarcóticos operen sin control en territorio mexicano.

Aquí se ha insistido en el hecho fundamental de que la estrategia estadounidense contra el fentanilo sólo culpa a los países productores y los cárteles en territorios extranjeros de la mortalidad de la droga por parte de adictos americanos que siguen teniendo acceso casi ilimitado a la droga.

Asimismo, las autoridades estadounidenses reconocen a través de la DEA que los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa dentro del territorio estadounidense tienen el control del contrabando, distribución de las drogas en los 50 Estados americanos y facilidades para la venta al menudeo en más de tres mil ciudades de EU. Sin embargo, es la hora en que la DEA tiene muy bien detectados a esos dos cárteles –y otros siete también de origen mexicano que participan en la distribución de droga–, pero sin que existan operativos locales para desmantelarlas.

El consumo de fentanilo dentro de Estados Unidos es una falla gravísima de seguridad nacional, porque la droga presuntamente se nutre de precursores enviados de China y mezclados en México, pero introducidos de contrabando a Estados Unidos, a pesar de las supuestas medidas de seguridad en la frontera México-EU.

En este sentido, la cumbre de fentanilo tendrá pocos efectos reales en tanto que México siga entorpeciendo las exigencias imperiales de Estados Unidos y continúe eludiendo una lucha frontal contra los cárteles para evitar una guerra sangrienta en las calles mexicanas. La lógica de Palacio Nacional es muy simple: mientras Estados Unidos no incida en el consumo de drogas de sus millones de adictos, los productores de droga extranjeros y ya también nacionales seguirán existiendo.

Como toda reunión de tipo burocrático, las cumbres sirven para airear un poco el tema del narcotráfico y para mandar el mensaje a los electores estadounidenses de que la Casa Blanca está presionando a México para terminar con el flagelo de los cárteles, pero de manera coyuntural en el contexto del debate presidencial adelantado en EU y el discurso beligerante e invasionista –no sólo intervencionista– de todos los precandidatos presidenciales republicanos que ya pusieron el tema de los cárteles casi como el número uno de las campañas locales.

El enfoque imperial de la Casa Blanca sobre el tema de los cárteles mexicanos no parece ser la prioridad de la campaña presidencial mexicana.