Como parte de su discurso de campaña en 2018, el candidato López Obrador asumió las quejas de los padres de Ayotzinapa, desdeñó la versión oficial del gobierno de Peña Nieto y prometió justicia en el modelo de que “fue el Estado”, pero ahora no sabe cómo salirse de esa trampa.
A lo largo de cinco años, los padres de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos están esperando que el Gobierno de López Obrador responda de manera procesal a la presunta responsabilidad del Estado en ese hecho delictivo y vaya más allá del encarcelamiento del procurador peñista que presentó la versión de la verdad histórica como un incidente y no un operativo institucional.
En el caso Ayotzinapa está repitiéndose el modelo histórico de protesta social que responsabilizaba el gobierno de Díaz Ordaz de haber dado la orden directa de represión a los estudiantes en Tlatelolco, a pesar de las versiones de muchos de los presos políticos afectados de que se trató de un incidenteprovocado por un grupo de estudiantes radicales que disparó contra el Ejército y la respuesta de los militares.
La crisis de Ayotzinapa le estalló al PRD en Guerrero, pero con derivaciones que involucraban a expriístas: la disputa por un cargamento de droga se encuentra en la decisión de un grupo criminal que dio la orden para que los policías municipales de Iguala levantarán a los estudiantes y el asunto se salió de cauce por la ausencia de alguna estrategia institucional.
La intención de los padres de los 43 estudiantes secuestrados es obligar al gobierno del presidente López Obrador aceptar la existencia de un operativo criminal presuntamente ordenado y operado por el Ejército, pero sin aportar ninguna evidencia judicial que pudiera probar alguna utilidad castrense en ese operativo, además de que se olvida que las Fuerzas Armadas tienen prohibida de manera estricta la participación en operativos judiciales y de seguridad sin existir procedimientos legales y por escrito.
En el afán de responder a las expectativas de los padres, el gobierno lopezobradorista ha ido concediendo decisiones judiciales que han llevado a la cárcel a militares por el sólo hecho de haber estado en la zona de conflicto, pero sin ningún argumento probatorio que pudiera definir alguna razón de Estado para la intervención militar.
El encarcelamiento del procurador peñista Jesús Murillo Karam sólo responde a estas concesiones políticas del Gobierno lopezobradorista y a la cuña que representa el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, el único responsable en preparar documentación procesal que intenta probar que el secuestro de Ayotzinapa fue un operativo intencionado del Estado nacional y su Ejército, aunque los elementos investigados sólo hablen de un incidente sin control.
La última reunión del presidente López Obrador con los padres de los 43 dejó entrever que no hay ninguna otra información que pruebe un presunto operativo represivo del Estado nacional contra 43 estudiantes que habían secuestrado camiones para venir a una protesta estudiantil en Ciudad de México, pero que en el camino se encontraron con los intereses de un grupo criminal que recibió a los estudiantes de manos de los policías municipales perredistas de Iguala y los desapareció.
La investigación del experredista Encinas ha eludido de manera muy directa cualquier investigación contra las autoridades perredistas de Guerrero y de los municipios involucrados en Ayotzinapa y ha centrado toda su indagatoria contra las autoridades de la procuraduría peñista que fueron enviados a investigar un incidente criminal. El tema central que no se ha enfocado en Ayotzinapa es la complicidad de perredistas con el narcotráfico y el crimen organizado en Guerrero, desde la llegada perredista con el gobernador Zeferino Torreblanca en 2005.
El tráfico de drogas que se encuentra en el escenario del secuestro de los 43 sigue a la espera de indagatorias que busquen complicidades políticas perredistas.
En este contexto, la investigación de Ayotzinapa tendrá que regresar, se quiera o no, a la “verdad histórica” del procurador Murillo.
