La búsqueda de responsables sobre la decisión de la Suprema Corte de bloquear la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional debe tomar en cuenta el error estratégico del Gobierno federal de incumplir sus compromisos de centralizar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el contexto de la Seguridad Nacional.

La lectura del punto 8 de la estrategia dejó entrever un cambio de paradigma en la configuración del Estado mexicano generando el nuevo concepto prioritario de un Estado de seguridad nacional, pero visto no sólo en términos policiacos, sino considerando a la seguridad nacional como el modelo de democracia, bienestar y soberanía.

La Estrategia de Seguridad estaba basada en siete objetivos estratégicos que se necesitaban con funcionamiento articulado para definir una nueva política para la recuperación de la tranquilidad en materia de seguridad. De esos objetivos, cuando menos cuatro no se cumplieron y hoy explicarían la desorganización en la política de seguridad:

1.- La Estrategia anunció la ejecución del programa para la seguridad nacional para el período 2019-2024, pero es la hora en que dicho programa no ha sido promulgado en el Diario Oficial; y en términos cuando menos doctrinarios, siguen vigentes los programas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

2.- La Estrategia también adelantó el establecimiento de un Sistema Nacional de Inteligencia para generar productos que sustenten la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, pero tampoco se ha avanzado en ese tema. En Estados Unidos, impulsados por los ataques terroristas del 9/11 de 2001, se creó la Comunidad de Inteligencia aglutinando a todas las oficinas dedicadas a esos menesteres bajo el mando del director de inteligencia nacional. La desarticulación de todas las oficinas mexicanas de inteligencia explicaría fallas operativas.

3.- La Estrategia fue muy clara en asumir el compromiso de “fortalecer y mantener la seguridad interior del país”, pero hasta la fecha no existe ninguna estructura jurídica, legal, administrativa u operativa para definir de manera clara una ley reglamentaria para la seguridad interior reconocida por la Constitución. Y la seguridad interior es la síntesis conflictiva de la seguridad pública y la seguridad nacional que se expresa en la expansión violenta y la captura de instituciones por parte del crimen organizado en zonas territoriales del país y en la estructura misma del Estado.

4.- Y la Estrategia se comprometió a “promover el concepto de cultura de seguridad nacional postulado por el Gobierno de México para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los principales riesgos y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los mexicanos”. Este punto era vital para entender decisiones estratégicas del Gobierno por razones de riesgos de seguridad nacional dentro del territorio mexicano.

La reorganización de la Estrategia de seguridad pública del Gobierno actual requería –como estaba concebida en el documento central– de una reformulación pública de una “cultura de seguridad nacional”, con el propósito de explicar las razones de fondo para mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en modo de seguridad interior y para configurar el modelo de Guardia Nacional más allá de una nueva policía federal, con el dato a posteriori de que la Policía Federal existente acabó siendo juzgada por corrupción y complicidad con el narco en un tribunal de Estados Unidos.

Aunque no se dijo de manera explícita, en el segundo pensamiento estratégico del nuevo modelo de seguridad pública/seguridad interior/seguridad nacional estaba la asunción de la crisis de violencia delictiva y criminal en toda la República como una expresión de la confrontación del crimen organizado ya muy fortalecido con objetivos no sólo de robar las propiedades a los ciudadanos, sino para ocupar los espacios institucionales de decisión de gobierno en los tres niveles. Es decir, el crimen organizado en sus diferentes variantes quería tener el control directo de instituciones del Estado y de funcionarios para sus diferentes actividades delictivas.

El fracaso en la Corte de la adscripción de la Guardia Nacional también fue consecuencia del incumplimiento de compromisos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.