Desigualdad social, pobreza, discriminación y violación a derechos humanos, son las constantes en que viven los pueblos indígenas de San Luis Potosí, estado que se ubica en la novena posición de población autóctona en México y donde no se han logrado alcanzar políticas públicas que remedien las condiciones deplorables de las familias Tének, Náhuatl y Pame.
Una de las realidades es que no se impulsan trabajos inclusivos en materia penal y derecho indígena, así lo expresa el antropólogo Raúl Reyna, quien urgió a generar políticas de alto impacto para que las y los habitantes de estos lugares tengan un acceso generalizado a mejores condiciones de vida y sin estigmatización debido a sus orígenes, creencias o lenguas.
Si bien existe un catálogo de derechos indígenas donde indican que las comunidades indígenas han sido excluidas históricamente por los gobiernos, las acciones necesarias para una inclusión de estas comunidades no han presentado conclusiones sustentables, ya que no existe un marco generalizado en materia de derecho penal indígena en materia de usos y costumbres.
Cabe mencionar que de acuerdo con el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí se estimaba que de cada 100 potosinos 15 son pertenecientes a una cultura indígena, lo cual resulta en un 15.2 por ciento de población total del estado, de acuerdo con la Conapo.