La reunión para el Diálogo Económico de Alto Nivel, DEAN, entre México y Estados Unidos, abre la oportunidad de destacar diferencias esenciales entre las políticas públicas de ambos países; dónde están implícitas las relativas a Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.
Si bien la CTI no está incluida como tema en la agenda de manera explícita, quién niegue que es subyacente está perdiendo de vista elementos económicos muy relevantes.
Una premisa es que nuestro vecino del norte se caracteriza, entre otras componentes, por su competitividad global con enfoque a definir su liderazgo en el orbe.
En DEAN se sientan bases para negociaciones con temas específicos, cuya médula se halla en preocupaciones estadounidenses dentro de temas de energía y sustentabilidad, de cambio climático y crecimiento económico, de migración y relaciones fronterizas, y más; todas matizadas en el interés comercial de américa del norte, un mercado de enorme tamaño.
También es inherente la ambivalencia del DEAN en el sentido de los intereses y estrategias de cada país; allá interesa la competitividad global, acá, lamentablemente, la endogámica.
Ahí entra la CTI, ilustro mediante contrastes puntuales.
Mientras que en el vecino del norte la opinión de particulares en normatividad juega un papel central para la emisión de normas y estándares públicos, como el caso del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, IEEE por sus siglas en inglés, acá la Academia de Ingeniería México, AI, es, en el hecho, un grupo de particulares asociados y admitidos en membresía por recomendación endogámica, sin impacto claro en conjunto alguno de normas o estándares; así otras asociaciones como ADIAT y mas.
Al igual, allá la Fundación Nacional para la Ciencia, NSF por siglas en inglés, y los Institutos Nacionales de Salud, NIH por la misma causa, financian proyectos de investigación científica, con distintos grados de madurez de la tecnología; entretanto el CONACYT pretende dictar el quehacer en CTI mediante actos de autoridad veladamente prohibitivos.
La NSF y los NIH colocan recursos financieros para atraer a instituciones, grupos y talentos en CTI hacia sus intereses, que son supervisados por el orden público; quien no desee seguir esos lineamientos puede buscar otras opciones de financiamiento, dado que sí las hay.
En antípoda, CONACYT impulsa un anteproyecto de reforma, del cual se espera inicie su discusión en la actual legislatura, con una marcada política de estado que resulta de facto prohibitiva dado que, por decir lo menos, no se cuentan son recursos financieros.
De hecho, también está por iniciar la discusión del PEF para 2022, veremos que otra vez la CTI mexicana se queda sin el impulso público; pero tampoco con políticas para favorecer el financiamiento privado, sin opciones viables para la competitividad más allá de la endogámica.
Tan así que, incluso, los esfuerzos en los estados se quedan cortos; por ejemplo, recién, el 25 de agosto de 2021, San Luis Potosí, SLP, publicó en su diario oficial el reglamento del llamado Sistema Estatal de Investigadores, bajo la sombra del consejo estatal de ciencia y tecnología; una lectura de éste deja claro que el modelo es antiguo, sin elementos progresistas.
El naciente reglamento en SLP está motivado en el reconocimiento de los profesionales de la CTI, meritocracia de alcance limitado, y no en la competitividad; no se impulsa participación en diseño de normas y estándares, tampoco la participación en políticas públicas estatales y sólo se espera financiamiento de las multas electorales, cuyo origen es público.
Es decir, más de los mismo, eso que no nos ha impulsado en las 5 décadas recientes.
La CTI no es el único factor, empero sí es uno importante, la NSF, los NIH contrastan con CONACYT, AI y ADIAT; los últimos son botones muestra de nuestro carácter intrínseco, faltan cambios o modificaciones esenciales, internalizadas en las personas e instituciones o asociaciones, para mejorar la competitividad desde México.
