San Luis Potosí, S.L.P., sábado 09 de mayo de 2026.– El abogado potosino José Mario de la Garza informó que ya fueron admitidos diversos amparos promovidos contra la obligación de registrar líneas celulares con datos personales, al considerar que esta medida podría vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad y la confidencialidad de las personas.
Explicó que los recursos legales se encuentran actualmente en un tribunal especializado de la Ciudad de México y adelantó que en aproximadamente un mes podría emitirse una sentencia que marque un precedente importante sobre la constitucionalidad de estos registros.
De la Garza señaló que hasta el momento se han presentado alrededor de 50 amparos de manera individual, debido a que jurídicamente no fue posible promover un recurso colectivo. “Este amparo no se pudo presentar como un amparo colectivo, se hizo de uno por uno”, puntualizó.
Asimismo, detalló que existen dos momentos en los que la ciudadanía puede recurrir al amparo: el primero, cuando entra en vigor la ley correspondiente, y el segundo, cuando exista una amenaza concreta de cancelación de la línea telefónica por incumplir con el registro obligatorio.
El abogado explicó que el plazo para promover amparos contra la entrada en vigor de la norma ya venció, debido a que la legislación otorgaba únicamente 30 días para interponer el recurso legal desde su publicación. Sin embargo, indicó que todavía podría existir una segunda oportunidad si las autoridades comienzan a cancelar líneas celulares.
Indicó que, en caso de que los tribunales concedan resoluciones favorables en los amparos actualmente en curso, estas sentencias podrían servir como antecedente para nuevos recursos legales promovidos por usuarios afectados por la cancelación del servicio telefónico.
Finalmente, José Mario de la Garza advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia un “Estado Orwelliano” con mecanismos permanentes de vigilancia ciudadana. “Tenemos derecho a estar comunicados y tenemos derecho a que no nos vigilen”, expresó al hacer un llamado a la población a mantenerse informada sobre las vías legales para defender sus derechos.
