San Luis Potosí, S.L.P., martes 03 de marzo de 2026.– El Congreso del Estado enfrenta una cuenta regresiva de menos de 20 días para definir y presentar el nuevo protocolo con el que se repetirán las consultas públicas que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de detectar irregularidades en su desarrollo.

El plazo fue establecido tras un encuentro entre legisladores, asesores y representantes del órgano electoral local, en el que se pidió formalizar los avances y detallar la metodología que se utilizará para evitar que el nuevo proceso vuelva a ser impugnado.

Ante esta situación, el Poder Legislativo deberá reorganizar el procedimiento en un tiempo limitado, lo que además podría representar un gasto adicional de entre 8 y 9 millones de pesos para cubrir aspectos técnicos y logísticos del ejercicio.

Inicialmente, el Congreso buscó que el proceso fuera organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) con el objetivo de garantizar condiciones de equilibrio y transparencia.

No obstante, el organismo notificó mediante oficio que no se encuentra en condiciones de asumir dicha responsabilidad, por lo que el propio Congreso tendrá que encargarse de repetir las consultas.

El antecedente inmediato es que el ejercicio anterior tuvo un costo cercano a los 9 millones de pesos, recursos que se destinaron principalmente a la integración de un equipo técnico-operativo y a la logística necesaria para llevar a cabo la consulta.

El nuevo procedimiento contempla dos procesos distintos: uno relacionado con temas de discapacidad, considerado de menor complejidad, y otro vinculado con la legislación en materia indígena, el cual requerirá un mayor cuidado para cumplir estrictamente con los criterios legales establecidos por la Corte.

De esta manera, el Congreso deberá reconstruir el mecanismo de consulta dentro del plazo fijado por el máximo tribunal, bajo la supervisión del propio órgano jurisdiccional.