Tras la controversia generada por las declaraciones de Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), sobre las presuntas inconsistencias en las cuentas públicas de 2023, inicialmente señaló la existencia de “obras fantasma” en la Huasteca y el Altiplano. Sin embargo, posteriormente cambió el enfoque de las acusaciones hacia la capital potosina.

El titular del IFSE modificó las acusaciones sobre las presuntas irregularidades, reconociendo que aún está abierto el periodo para subsanar las observaciones, lo que significa que los procedimientos están en posibilidades de ser corregidos.

El 13 de diciembre, Lecourtois López afirmó: “Aún estamos dentro del plazo de los 30 días hábiles para que los entes públicos desahoguen sus observaciones, y ambas partes debemos estar concentrados únicamente en eso.” Con esta declaración, desmentía las acusaciones del presidente del Comité de Vigilancia de la Función de Fiscalización, Luis Fernando Gámez Macías, al destacar que aún se encontraba en proceso de sustanciación de las posibles inconsistencias.

En relación con las acusaciones de que el IFSE podría estar siendo utilizado con fines políticos, la institución negó tal situación. Sin embargo, existen antecedentes como el caso de Marcelino Rivera, quien pretendió ser inhabilitado sin una sentencia condenatoria en su contra, luego de que no se le tomara protesta como diputado local. A cuatro meses del acto, aún no se ha emitido una resolución condenatoria.

Posteriormente, y tras los señalamientos del panista Rubén Guajardo Barrera sobre violaciones procesales al debido proceso, Lecourtois López evitó pronunciarse, pero solicitó a los municipios y entes fiscalizados entregar la información faltante para concluir las auditorías, lo que deja abiertos aún los procedimientos para subsanar las inconsistencias.