San Luis Potosí, S.L.P., lunes 22 de junio de 2026.– Las denuncias por presuntos actos de extorsión, corrupción y abuso de autoridad en las carreteras del país han llevado al sector transportista a fortalecer sus mecanismos de protección mediante una red de denuncias anónimas que permita documentar irregularidades y reducir la vulnerabilidad de los operadores durante sus recorridos.
La decisión surge en medio de reportes de transportistas que aseguran enfrentar situaciones de riesgo en distintas vías federales, entre ellas la carretera 57, una de las principales rutas comerciales que atraviesa San Luis Potosí. Recientemente se difundieron testimonios sobre presuntos actos de extorsión y corrupción en un retén ubicado en la comunidad de Pocitos, en el municipio de Matehuala, donde operadores señalaron posibles prácticas irregulares durante revisiones carreteras.
El contexto coincide con un incremento en la percepción de corrupción en la entidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), San Luis Potosí registró en 2025 una tasa de 16 mil 720 personas víctimas de al menos un acto de corrupción por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos, cifra superior a las 15 mil 617 registradas en 2023.
Además, la encuesta reportó 29 mil 523 actos de corrupción relacionados con trámites y servicios por cada 100 mil habitantes, frente a los 27 mil 001 contabilizados dos años antes. A ello se suma que el 78.8 por ciento de las personas consultadas consideró frecuentes estas prácticas en el estado.
Ante este panorama, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) puso en marcha “Canacar Protege”, una plataforma diseñada para recibir denuncias anónimas sobre actos de corrupción, extorsión, abuso de autoridad y otras irregularidades que afectan a los transportistas.
El presidente nacional de Canacar, Augusto Ramos Melo, explicó que el objetivo es generar información confiable para identificar patrones de riesgo y documentar las problemáticas recurrentes que enfrentan operadores y empresas del sector.
La herramienta fue diseñada para proteger la identidad de quienes denuncian. A diferencia de otros mecanismos, el sistema no solicita datos personales, sino únicamente información relacionada con los hechos reportados, con la finalidad de evitar posibles represalias.
Los casos serán canalizados a las instancias correspondientes según su naturaleza. Cuando se trate de posibles actos de corrupción, la información podrá remitirse a órganos internos de control, mientras que los hechos con posibles implicaciones penales serán turnados a las autoridades ministeriales competentes.
La organización busca además construir una base de datos propia que permita dimensionar con mayor precisión los problemas que enfrentan sus afiliados y respaldar propuestas ante las autoridades federales.
La preocupación del sector responde también al impacto económico de estos incidentes. De acuerdo con Canacar, el autotransporte de carga enfrenta pérdidas cercanas a los 14 mil millones de pesos anuales derivadas de robos, retrasos, extorsiones y costos adicionales asociados a la inseguridad en las carreteras.
El transporte terrestre moviliza alrededor del 60 por ciento de las mercancías que circulan en México y aporta entre el 3 y el 4 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que cualquier afectación en las vías de comunicación repercute directamente en sectores estratégicos como el automotriz y el manufacturero.
Frente a las denuncias de abusos y extorsiones en rutas clave como la carretera 57, así como al aumento en la percepción de corrupción, los transportistas han optado por organizar una red de denuncias anónimas con la que buscan documentar los hechos, visibilizar los riesgos que enfrentan y fortalecer su capacidad de defensa ante posibles irregularidades en carretera.
