San Luis Potosí, S.L.P., viernes 15 de mayo de 2026.– La desigualdad laboral entre docentes del sistema público y privado se profundiza en San Luis Potosí, donde mientras maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantienen prestaciones, bonos y estabilidad laboral, profesores de instituciones privadas denuncian salarios precarios, contratación por honorarios y presuntas prácticas de despido encubierto.

En el sistema público, los docentes cuentan con acceso a seguridad social mediante el ISSSTE, aguinaldos de al menos 40 días de salario, primas vacacionales, bonos por antigüedad y reconocimientos económicos como el pago por el Día del Maestro y la Compensación Nacional Única. Además, tienen acceso a licencias con goce de sueldo, apoyos para profesionalización y horas de descarga laboral, que permiten disminuir la carga frente a grupo sin afectar sus percepciones salariales.

No obstante, aunque actualmente las plazas docentes ya no se heredan oficialmente, maestros señalan que los espacios disponibles dentro del sistema público son cada vez más escasos y altamente competidos. A ello se suma la percepción de que algunas vacantes continúan asignándose mediante prácticas de nepotismo, recomendaciones y amistades dentro de las estructuras sindicales o administrativas, lo que dificulta aún más el acceso para nuevos profesionistas interesados en incorporarse a la educación pública.

En contraste, cientos de docentes del sector privado enfrentan condiciones de precariedad laboral. Muchos son contratados por hora clase, con pagos que oscilan entre los 90 y 200 pesos por hora impartida, en esquemas donde algunas materias representan apenas tres horas semanales de trabajo. Además, gran parte de ellos laboran bajo el régimen de honorarios, obligados a emitir facturas y absorber gastos contables que van de los 400 a los 700 pesos mensuales para poder cobrar sus salarios.

Mientras el magisterio público recibe pagos durante días festivos, ajustes salariales y prestaciones acumulativas, los maestros del sector privado enfrentan salarios estancados, ausencia de seguridad social y condiciones sujetas a la discrecionalidad administrativa de cada institución.

A este panorama se suma otra problemática: la contratación de personal sin formación pedagógica especializada. Ingenieros, abogados, médicos, pasantes, alumnos universitarios e incluso trabajadores de distintos oficios han encontrado empleo en instituciones privadas bajo requisitos mínimos que, en muchos casos, priorizan únicamente la experiencia laboral y la posesión de un título profesional, sin garantizar preparación docente o criterios sólidos de excelencia académica.

Esta práctica responde, en parte, a la necesidad de algunas escuelas privadas de reducir costos laborales, mediante la contratación de personal por horas y sin generar compromisos de largo plazo, antigüedad o derechos laborales adquiridos.

La rotación constante de maestros y las limitadas condiciones laborales terminan impactando directamente en la calidad educativa y en la continuidad de los procesos de enseñanza.

Uno de los casos recientes es el del Colegio Hispano Inglés, donde maestras y maestros denunciaron estar siendo presionados para firmar documentos que consideran equivalentes a renuncias forzadas. Los docentes señalaron que la situación comenzó tras la llegada de una nueva directora, identificada como Beatriz N., quien habría implementado un proceso de “regularización administrativa” que, según los inconformes, pone en riesgo su antigüedad laboral.

Los profesores también enfrentan un ambiente de presión e incertidumbre ante la posibilidad de no ser considerados para el siguiente ciclo escolar, situación que merma aún más sus posibilidades de ingresos y amplía la brecha entre docentes de ambos sistemas educativos. Todo ello ocurre mientras muchos maestros enfrentan también la difícil tarea de convencer a las nuevas generaciones de que el acceso a la educación puede traducirse en mejores oportunidades de vida.