San Luis Potosí, lunes 12 de mayo de 2025.- Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas anunciaron públicamente la interposición de 19 amparos por parte de comunidades tének y náhuatl de la Huasteca Potosina, en contra de la reducción presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El colectivo advierte que esta cifra podría duplicarse en los próximos días debido a las constantes violaciones a sus derechos en los procesos de asignación y administración del fondo.

En los amparos, se señala directamente a la Secretaría del Bienestar y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) como responsables de violaciones a derechos humanos, por haber modificado de manera unilateral y sin consulta el monto aprobado originalmente, tras la publicación del decreto del 13 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

Los afectados señalaron ser objeto de una injusta reducción presupuestal del monto autorizado, sin participación o puesta en conocimiento de esta decisión administrativa, que afecta significativamente y de manera directa a las comunidades y forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

A decir de los representantes indígenas, el recorte a su ministración atiende a una redistribución del presupuesto por la incorporación de nuevas comunidades, que omitió incluir a pueblos indígenas registrados en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, expedido el 9 de agosto de 2024, y que en su lugar integraron a comunidades no indígenas que no deberían ser beneficiarias del FAIS, cuyo 10 por ciento está destinado específicamente para pueblos originarios.

Mientras tanto, señalaron que los municipios, que reciben el 79 por ciento del presupuesto, no han sufrido ningún tipo de afectación. Esta situación, afirmaron, demuestra un trato inequitativo e incongruente con el reconocimiento legal de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, tal como establece el artículo 2 de la Constitución mexicana.

Los consejeros cuestionaron directamente a las autoridades federales y estatales responsables del manejo del fondo: Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar; Guillermo Morales López, delegado de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí; Adelfo Regino Montes, director del INPI; y Mario Alberto Godoy Ramos, titular de la oficina de representación estatal del INPI, a quien incluso acusan de ocupar el cargo de manera indebida.

Los recursos legales han sido interpuestos ante los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito, mientras en la región sur de la Huasteca continúan las asambleas comunitarias para designar a los comités de administración y vigilancia del FAIS, en las que, aseguran, se siguen cometiendo omisiones y violaciones a los derechos colectivos.