San Luis Potosí, S.L.P., jueves 26 de febrero de 2026. – En el último año, cerca de una quinta parte de las solicitudes de información pública presentadas en San Luis Potosí derivaron en inconformidades, lo que motivó la interposición de mil 229 recursos de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Al presentar el informe de actividades 2025 del organismo, el comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso detalló que durante ese periodo se registraron 6 mil 763 solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Estatal de Transparencia. De ellas, aproximadamente el 80 por ciento fue atendido directamente por los sujetos obligados, mientras que el resto requirió la intervención del órgano garante.

El funcionario explicó que en la entidad existen 254 sujetos obligados responsables de publicar información y responder solicitudes ciudadanas; sin embargo, alrededor de 30 presentan incumplimientos en las obligaciones mínimas de transparencia, situación que en algunos casos se refleja en evaluaciones con niveles prácticamente nulos de información disponible.

Navarro Alviso señaló que, ante estos rezagos, la Comisión ha privilegiado estrategias de capacitación y acompañamiento institucional para mejorar el cumplimiento de las dependencias. No obstante, advirtió que cuando las irregularidades persisten, el organismo puede aplicar medidas como amonestaciones públicas y sanciones económicas cercanas a los 150 mil pesos.

El titular de la CEGAIP también destacó que el sistema de acceso a la información en el estado mantiene resultados positivos, pese al contexto de cambios legales derivados de la reforma que establece un plazo de 120 días para la extinción del organismo.

En ese sentido, aseguró que la Comisión continuará operando y resolviendo asuntos hasta el último día de su mandato, mientras se concreta el proceso de transición hacia el nuevo modelo que deberá armonizarse con la normativa federal.

Finalmente, subrayó que la existencia de un órgano garante autónomo permite que cualquier ciudadano pueda solicitar información sin necesidad de identificarse, además de contar con herramientas como los recursos de revisión y las denuncias para defender su derecho de acceso a la información pública.