San Luis Potosí, S.L.P., domingo 10 de mayo de 2026.- La violencia obstétrica continúa siendo una de las formas de agresión más frecuentes y menos denunciadas contra las mujeres en México. Se trata de prácticas de maltrato, negligencia, humillación o atención deficiente ejercidas por personal de salud durante el embarazo, parto o puerperio, situación que, en los últimos años, ha colocado a San Luis Potosí entre las entidades con mayores índices del país.

De acuerdo con especialistas y organismos defensores de derechos humanos, la violencia obstétrica puede manifestarse mediante regaños, humillaciones, omisión de atención médica, procedimientos sin consentimiento y hasta esterilizaciones forzadas, sin dejar de lado el abandono de pacientes durante labores de parto, cuestiones que reiteran que no se trata de un tema mínimo, sino que puede tener consecuencias de alta relevancia.

A nivel nacional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que el 31.4 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 reportaron haber sufrido algún tipo de maltrato obstétrico durante la atención médica.

En ese escenario, San Luis Potosí apareció como la entidad con mayor prevalencia de violencia obstétrica en todo el país. Según la ENDIREH 2021, el 38.9 por ciento de las mujeres potosinas que tuvieron un parto durante ese periodo señalaron haber vivido algún tipo de agresión, negligencia o maltrato durante la atención médica.

La estadística implica que, de aproximadamente 181 mil mujeres potosinas que dieron a luz entre 2016 y 2021, alrededor de 70 mil reportaron incidentes relacionados con violencia obstétrica.

Diversos estudios y reportes periodísticos han identificado que las regiones con mayores problemáticas son la Huasteca y el Altiplano potosino, donde además de las limitaciones de infraestructura hospitalaria, existen barreras lingüísticas, pobreza y dificultades de acceso a servicios médicos especializados.

Entre las prácticas más denunciadas se encuentran la negativa de atención oportuna, regaños durante el parto, minimización del dolor, falta de información médica, cesáreas sin explicación suficiente y atención deficiente en emergencias obstétricas.

En años recientes, varios casos ocurridos en hospitales públicos de San Luis Potosí derivaron en investigaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uno de los casos más relevantes ocurrió en el Hospital Rural del IMSS-Bienestar en Axtla de Terrazas, donde la CNDH acreditó violaciones al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia obstétrica.

El organismo documentó atención médica deficiente y afectaciones físicas y emocionales derivadas de irregularidades durante el proceso de atención.Otro expediente documentado por la Comisión involucró unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Valles, donde se acreditó violencia obstétrica y mala atención médica relacionada con el fallecimiento de un recién nacido. La investigación concluyó que existieron omisiones y deficiencias en la atención brindada a la madre durante el proceso obstétrico.

En 2024, la CNDH también emitió una recomendación dirigida al IMSS por un caso registrado en hospitales de la capital potosina, donde se acreditaron violaciones al derecho a la salud, integridad personal y acceso a información médica adecuada durante la atención de una paciente embarazada.

La Comisión sostuvo que las instituciones de salud tienen la obligación de garantizar atención médica digna, oportuna y libre de violencia para todas las mujeres, además de implementar capacitación permanente al personal médico y mecanismos efectivos de supervisión.

Especialistas en salud pública y derechos humanos han advertido que la violencia obstétrica no sólo representa un problema médico, sino también una violación sistemática a los derechos de las mujeres, debido a que muchas de estas prácticas han sido normalizadas dentro de los servicios de salud.

Aunque la legislación mexicana reconoce este tipo de violencia dentro de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, organizaciones civiles han señalado que todavía existen vacíos importantes en materia de sanción, seguimiento institucional y reparación del daño para las víctimas.

En San Luis Potosí, académicos y colectivos defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer la capacitación médica, mejorar la infraestructura hospitalaria y garantizar protocolos de atención con perspectiva de género e interculturalidad, particularmente en comunidades indígenas y zonas rurales donde las mujeres enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.