San Luis Potosí, S.L.P., martes 02 de septiembre de 2025.– La falta de solución al conflicto laboral entre el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) y la administración de José Ricardo Gallardo Cardona escaló al plano internacional. Organizaciones sindicales de siete países manifestaron su respaldo a la dirigencia encabezada por Francisca Reséndiz Lara y pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intervenir de manera directa para frenar lo que calificaron como “violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos” de las y los agremiados.
En una carta difundida durante el II Seminario Latinoamericano Caribeño Contra la Privatización de la Educación y la Salud en Lima, Perú, los sindicatos acusaron al gobernador potosino de mantener un “período de terror” contra los trabajadores estatales, mediante prácticas de represión física, violencia política, económica y de género, además de incumplir obligaciones patronales. Señalaron que, a casi cuatro años de iniciado el conflicto, ni el gobierno estatal ni el federal han ofrecido soluciones, lo que prolonga un clima de incertidumbre para cientos de familias.
Los pronunciamientos pusieron énfasis en la violencia política de género contra la secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz, quien —afirman— ha sido blanco de campañas mediáticas de difamación y del intento de desconocer su representación sindical. A la presidenta Sheinbaum le solicitaron sororidad con las mujeres del gremio, y congruencia con la política laboral y social que impulsa la llamada Cuarta Transformación.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad denunciada por los sindicatos internacionales expone una omisión preocupante: mientras en el plano federal se promueven reformas laborales para fortalecer los derechos de los trabajadores, en San Luis Potosí persiste la represión y la criminalización de la organización sindical. Para los firmantes, mantener esta contradicción erosiona la credibilidad del gobierno mexicano en materia de justicia social.
Además, los participantes en el seminario alertaron que ignorar conflictos como el del SITTGE debilita a los movimientos sindicales y abre la puerta a la privatización de servicios básicos como la salud y la educación, al convertirlos en mercancías sujetas al lucro empresarial.
