San Luis Potosí, S.L.P., jueves 20 de agosto de 2026.- El regreso a clases en San Luis Potosí se dará sin que avance la reforma a la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, que permanece atorada en el Congreso del Estado desde que fue presentada en junio.
La propuesta busca modificar el enfoque de la legislación vigente, actualmente concentrada principalmente en la detección y atención médica durante la infancia, para incorporar una perspectiva basada en derechos, inclusión y vida independiente durante todas las etapas de la vida.
Sin embargo, la iniciativa continúa sin ser analizada en comisiones y tampoco ha llegado al Pleno para su discusión y eventual votación, por lo que no podrá representar un cambio en las condiciones de atención para las personas con autismo de cara al inicio del nuevo ciclo escolar.
Uno de los principales señalamientos es que la legislación actual mantiene prácticamente invisibilizadas las necesidades de adolescentes y adultos con autismo, al concentrar buena parte de sus disposiciones en la atención durante la niñez.
El rezago legislativo se suma a otros pendientes en materia de inclusión educativa. También continúa sin concretarse la publicación de un listado de escuelas que cuenten con condiciones y preparación para atender a niñas y niños con discapacidad.
Actualmente, la información disponible permite identificar principalmente instituciones especializadas como los Centros de Atención Múltiple (CAM), USAER y CAPEP, pero no existe un registro público que permita conocer qué escuelas regulares de gobierno cuentan con las condiciones necesarias para brindar atención a estudiantes con discapacidad.
A esto se agregan reportes de bullying y malos tratos contra personas con discapacidad, principalmente en planteles de la zona metropolitana, aunque también se han señalado casos en municipios como Rioverde.
Entre las propuestas para atender esta problemática se encuentra fortalecer el marco legal para sancionar estas conductas y establecer como agravante que el acoso sea cometido contra una persona con discapacidad, considerando además que tanto las víctimas como sus agresores pueden ser menores de edad.
