Sigue bajo análisis filtración de 27 mil archivos del Poder Judicial

La institución aún no define si presentará una denuncia por la exposición de documentos y expedientes.

Por

Ernesto García

- domingo, septiembre 13 de 2026

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 13 de septiembre de 2026.- El Poder Judicial del Estado aún no determina si la exposición de más de 27 mil documentos y expedientes, ocurrida semanas atrás, fue consecuencia de un ataque informático o de una filtración de información, por lo que mantiene en análisis la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades.

La presidenta del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que ya se realizó una auditoría externa para revisar lo ocurrido y que los documentos que habían sido publicados en internet fueron retirados de la plataforma donde se encontraban disponibles.

“Ya se realizó una auditoría externa”, señaló la magistrada, quien explicó que el caso también ha sido revisado con el órgano de administración del Poder Judicial.
Zarazúa Martínez indicó que, hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal, debido a que continúan en revisión las circunstancias en las que la información llegó a internet y la naturaleza del incidente.

La presidenta del Poder Judicial señaló que uno de los elementos considerados para determinar los siguientes pasos es que los documentos ya no se encuentran disponibles públicamente, aunque precisó que la investigación continúa.

El incidente fue dado a conocer a principios de agosto, cuando se detectó la publicación de alrededor de 11 gigabytes de información, correspondientes a más de 27 mil archivos y expedientes relacionados con el Poder Judicial del Estado. La información habría sido colocada en una plataforma utilizada para la venta de archivos, lo que generó la hipótesis inicial de que la institución había sido víctima de un ataque informático.

Sin embargo, hasta ahora, el Poder Judicial no ha confirmado que se haya tratado de un hackeo ni ha establecido públicamente el mecanismo mediante el cual los documentos fueron extraídos o difundidos.

La institución deberá determinar, a partir de la auditoría y las revisiones internas, si existen elementos para atribuir responsabilidades y proceder legalmente ante las autoridades correspondientes.