San Luis Potosí, SLP., viernes 26 de diciembre de 2025.– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha concentrado la mayor parte de sus recomendaciones de 2025 en los ayuntamientos, evidenciando que las violaciones a derechos humanos en los separos municipales no son hechos aislados, sino una práctica recurrente que las autoridades locales no han logrado erradicar.

De las 10 recomendaciones emitidas en lo que va del año, seis estuvieron dirigidas a gobiernos municipales por irregularidades graves en celdas preventivas.

Los municipios de Matlapa, Tancanhuitz, Salinas de Villa de la Paz, Guadalcázar y Villa de Guadalupe figuran en la lista por incumplir estándares mínimos en la detención de personas, mientras que el ayuntamiento de Venado recibió una recomendación adicional por la falta total de regulación ambiental en su tiradero municipal, reflejando un patrón de negligencia en distintas áreas de la administración pública.

Durante el año, la CEDH realizó inspecciones a separos municipales como parte de su programa de supervisión; sin embargo, los resultados volvieron a ser alarmantes. Las visitas efectuadas por la Tercera Visitaduría derivaron en la apertura de expedientes de queja tras documentarse múltiples vulneraciones a derechos fundamentales dentro de las celdas preventivas.

En el proceso de investigación se recabaron testimonios, documentos y reportes del personal de las direcciones de Seguridad Pública municipal. Tras el análisis de la evidencia, el organismo concluyó que las autoridades incurrieron en omisiones graves al no fundar ni motivar adecuadamente los actos de detención, lo que constituye una violación directa al derecho a la legalidad.

Finalmente, la CEDH acreditó afectaciones al derecho a la integridad personal debido a certificaciones médicas deficientes o inexistentes, así como al derecho al trato digno, al mantenerse a personas detenidas en condiciones inadecuadas.

Pese a la reiteración de estas prácticas, la actuación del organismo continúa limitándose a la emisión de recomendaciones, sin que se observen sanciones efectivas ni cambios estructurales que impidan la repetición de los abusos.