San Luis Potosí, S.L.P., viernes 05 de junio de 2026.- Las asociaciones civiles Cambio de Ruta A.C. y Colectivo Verde Potosino manifestaron su rechazo a la propuesta de que Soledad de Graciano Sánchez abandone el organismo operador INTERAPAS, al sostener que hasta el momento no existen estudios técnicos, financieros ni legales que respalden la viabilidad de dicha medida.

Durante la presentación de un posicionamiento público realizada este 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ambas organizaciones informaron que solicitaron información a diversas instancias gubernamentales relacionadas con el tema.

Sin embargo, señalaron que ninguna dependencia entregó documentación que explique los alcances, costos o mecanismos de operación que implicaría la separación.

Entre las autoridades consultadas se encuentran la Comisión Estatal del Agua, INTERAPAS, el Congreso del Estado y la Secretaría Particular del Gobernador.

Las agrupaciones advirtieron que la zona metropolitana de San Luis Potosí depende de un mismo sistema hídrico y comparte un acuífero que presenta condiciones de sobreexplotación desde hace varios años, por lo que consideraron que dividir la gestión del servicio podría generar problemas de coordinación entre municipios y afectar la eficiencia en el suministro.

Asimismo, señalaron que una eventual desincorporación podría traducirse en mayores gastos operativos, incertidumbre administrativa y posibles complicaciones laborales, además de impactar a usuarios que actualmente enfrentan problemas de abastecimiento de agua.

En su pronunciamiento, las organizaciones sostuvieron que cualquier modificación al modelo de gestión debe sustentarse en información pública y estudios especializados que permitan evaluar sus consecuencias para la población y el medio ambiente.

“El agua no distingue fronteras ni colonias: la misma gota que brota del acuífero llega a una casa de Soledad, a una de la capital y a una de Cerro de San Pedro”, expresaron como parte de su mensaje.

Finalmente, anunciaron que analizan la posibilidad de emprender acciones jurídicas para impugnar el proyecto y demandaron que, antes de tomar una decisión definitiva, se realicen consultas públicas que permitan a la ciudadanía conocer y opinar sobre el futuro del sistema intermunicipal de agua.