San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 21 de octubre de 2026.— A pesar de existir una resolución judicial y un amparo federal a favor de una docente, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) continúa sin cumplir con el pago de un laudo laboral, situación que derivó en una multa económica y en que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) diera vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la posible comisión del delito de desobediencia.

Cuestionada sobre el incumplimiento, la titular de la SEGE, Daysi Maribel López Sierra, aseguró que la dependencia se encuentra buscando alternativas para cubrir el adeudo, aunque no precisó una fecha para efectuar el pago ni explicó por qué no se ha dado cumplimiento a las determinaciones judiciales emitidas a favor de la trabajadora.

La funcionaria también rechazó que la cantidad pendiente ascienda a casi tres millones de pesos, como se ha señalado públicamente, y sostuvo que el monto real es considerablemente menor; sin embargo, no proporcionó la cifra exacta que reconoce la dependencia. “La información, ahora sí como decimos, no son esos tres millones, es mucho menos realmente de la maestra”, expresó.

Como argumento para justificar la falta de pago, López Sierra explicó que la docente estaba contratada mediante recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), por lo que, aseguró, existe una restricción para utilizar ese financiamiento federal en la liquidación de la obligación laboral.

“Es un programa federal y que, pues bueno, no se puede pagar por parte de FONE, sino que esos laudos se tratarán de cubrir con el insumo que tenga la Secretaría, los recursos propios”, manifestó la titular de Educación, al señalar que se buscará disponer del presupuesto de la dependencia para atender el compromiso.

No obstante, el incumplimiento ya generó consecuencias legales, pues el TECA impuso una multa superior a los siete mil pesos y dio vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión del delito de desobediencia, ante la falta de cumplimiento del laudo laboral, pese a la existencia de un amparo federal favorable a la docente.

Aunque la secretaria de Educación aseguró que existe disposición para cubrir la obligación económica, no detalló las gestiones presupuestales realizadas ni estableció un plazo para garantizar que la trabajadora reciba los recursos reconocidos mediante la resolución laboral.

De esta manera, el laudo permanece sin cumplirse, mientras la SEGE atribuye el retraso a restricciones en el uso de recursos federales, sin que hasta el momento exista una fecha concreta para atender la resolución judicial ni se haya informado sobre el resultado de la intervención solicitada a la Fiscalía General del Estado.