San Luis Potosí, S.L.P., jueves 26 de junio de 2025.- La falta de respuestas por parte de las autoridades del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto frente a las denuncias de hostigamiento, adeudos laborales y agresiones físicas contra personal sindicalizado, genera una creciente tensión que este jueves culminó en una manifestación a las afueras del nosocomio.

Convocados por la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central (STEHC), Evelia Hernández Cano, y el secretario de actas y acuerdos, Damián Alejandro Rangel Arellano, decenas de trabajadores alzaron la voz exigiendo el cese de violencia laboral y el cumplimiento de derechos básicos como el pago de prestaciones, aguinaldos, vacaciones, horas extras y aportaciones al Infonavit, IMSS y Fonacot.

Lo que inició como una protesta pacífica pronto evidenció una problemática más grave: la falta de canales institucionales eficaces para resolver conflictos y la presunta agresión física de un funcionario contra una trabajadora sindicalizada.

De acuerdo con testimonios de trabajadores, la Jefatura de Recursos Humanos ha mostrado una conducta reiterada de evasión, alegando siempre estar llamados por superiores cuando se intenta establecer un diálogo. Este patrón, señalan, ha impedido avances en cualquier intento de conciliación.

Uno de los episodios que detonaron la actual crisis ocurrió en el área de Trabajo Social, donde una colaboradora habría sido removida de su cargo sin previo aviso ni justificación, situación que generó molestia entre sus compañeros y fue ignorada por la administración.

Ya al interior del hospital, cuando un grupo reducido de trabajadores buscó dialogar en uno de los pasillos, personal de seguridad intentó desalojarlos con el argumento de que estaban atacando a la patronal. En ese momento, según relataron testigos, el coordinador administrativo habría agredido verbal y físicamente a la líder sindical Evelia Hernández, lanzando amenazas y simulando una agresión directa, en un acto captado presuntamente por las cámaras de seguridad.

Los agremiados exigen que los videos no sean alterados y que las autoridades del hospital, así como la Secretaría de Salud estatal, no minimicen los hechos. “No puede haber una institución de salud donde se normalicen las amenazas y el maltrato a quienes la sostienen con su trabajo”, expresó un trabajador bajo anonimato.