Se frena nuevamente elección de Dirección en la Facultad de Derecho de la UASLP

Docente presento un amparo tras ser dejado fuera de la contienda.

Por

Ernesto García

- jueves, diciembre 11 de 2025

San Luis Potosí, jueves 11 de diciembre de 2025.– Un docente de la Facultad de Derecho presentó un amparo para suspender la elección interna que definirá a la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de manera temporal.

El amparo fue promovido el 9 de diciembre de 2025 ante el Juzgado Sexto de Distrito. Cualquier actuación destinada a concretar el nombramiento deberá detenerse mientras se analiza si la medida cautelar se mantiene de forma definitiva. El expediente quedó registrado en el incidente de suspensión 1848/2025-VII.

José Edgar Durón Puente fue el académico que presentó el recurso, mismo que sostiene que fue dejado fuera de la contienda pese a haber entregado toda la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

El amparo señala que, para el Juzgado, esa exclusión tiene un impacto directo en sus derechos y podría provocar daños imposibles de reparar si la Universidad continúa con el proceso y nombra a otra persona antes de que se resuelva el juicio. Bajo ese argumento se concedió la suspensión provisional.

Desde mediados de noviembre, distintos grupos dentro de la propia Facultad, docentes, académicos y aspirantes, han denunciado fallas en la integración de la terna y en la forma en que el Consejo Técnico condujo el procedimiento. La inconformidad ha escalado al punto de poner en pausa, por segunda ocasión, la renovación de la Dirección.

Con la suspensión, la UASLP está impedida de tomar una decisión final sobre quién encabezará la Facultad de Derecho. La medida conserva intacto el objeto del juicio de amparo y evita que el proceso universitario avance sin la participación de quienes afirman haber sido excluidos indebidamente.

De confirmarse las irregularidades señaladas, podrían configurarse violaciones a principios fundamentales consagrados en la Constitución, como el de no discriminar a las personas aspirantes y la obligación de garantizar un debido proceso.