San Luis Potosí, Miércoles 11 de junio de 2025.- El Caribe mexicano se prepara para recibir una oleada sin precedentes de sargazo durante el verano de 2025. Proyecciones científicas apuntan a que el arribo de estas algas superará en un 40% los niveles registrados en años anteriores, afectando principalmente las costas de Quintana Roo y Yucatán.
Investigadores de la UNAM advierten que este fenómeno, asociado al crecimiento del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, tiene vínculos directos con el calentamiento global y el exceso de nutrientes en el mar, como fertilizantes y aguas residuales. En 2024 se recolectaron más de 37,000 toneladas de sargazo en aguas someras, cifra que podría ser superada este año.
Estudios recientes han identificado altos niveles de metales pesados en el sargazo, como plomo y arsénico. Su acumulación en las playas y su descomposición afectan la salud de los ecosistemas marinos, bloqueando la luz solar, generando zonas sin oxígeno y contribuyendo a la muerte de corales, peces y tortugas marinas.
También se han detectado efectos negativos en el acuífero de la Península de Yucatán. Los lixiviados del sargazo pueden filtrarse a través del suelo y contaminar la principal fuente de agua dulce de la región. Al descomponerse, el alga libera gases que causan molestias y síntomas físicos tanto en trabajadores como en visitantes.
Frente a este panorama, se han desarrollado alternativas para aprovechar el sargazo, como el Sargapanel, un material de construcción hecho a base de esta alga. Además, algunos hoteles y autoridades locales invierten en la recolección marina del sargazo antes de que llegue a las playas. Investigadores subrayan la necesidad urgente de un marco legal que regule su manejo y fomente su aprovechamiento.
Una investigación periodística reveló que entre los sexenios de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, empresas fantasma recibieron más de 11,400 millones de pesos del erario para trabajos de limpieza y mantenimiento relacionados con el sargazo. Contratos firmados por Fonatur con compañías declaradas inexistentes por el SAT no muestran pruebas claras de que se hayan realizado los servicios pagados.
