San Luis Potosí, miércoles 23 de abril de 2025.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el mecanismo de depuración de candidatos al Poder Judicial no logró detectar todos los perfiles con antecedentes cuestionables. Señaló que algunos aspirantes tienen vínculos con la defensa legal de narcotraficantes, lo que incumple con el principio constitucional de probidad.

Organizaciones civiles como Defensorxs y Laboratorio Electoral denunciaron la postulación de candidatos con antecedentes penales o con vínculos con el crimen organizado. Entre ellos, mencionaron a Fernando Escamilla, quien habría defendido a miembros de Los Zetas, y a Silvia Delgado, integrante del equipo legal de Joaquín El Chapo Guzmán.

Fernández solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) una revisión exhaustiva de los perfiles y que se retiren las candidaturas que no cumplan con los requisitos legales. Indicó que la mayoría de los casos detectados corresponden al Poder Judicial, aunque también hay algunos del Poder Legislativo.

Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que la primera evaluación fue responsabilidad del Senado y que la revisión posterior se hará tras las elecciones. Sin embargo, Fernández consideró que esperar hasta después de la jornada electoral sería un error y pidió actuar de inmediato para evitar que estos perfiles accedan a cargos judiciales.