San Luis Potosí, S.L.P., lunes 27 de abril de 2026.– La violencia contra la niñez y adolescencia en San Luis Potosí persiste sin variaciones significativas y con una respuesta institucional limitada.
De acuerdo con datos recabados entre 2020 y 2025, se contabilizaron 10 mil 211 denuncias y 9 mil 853 carpetas de investigación por delitos como violencia familiar, abuso sexual, violación e incumplimiento de obligaciones familiares; no obstante, únicamente el 3.5 por ciento de estos casos llegó a judicializarse.
Esta información forma parte del diagnóstico “Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí (2020-2025)”, desarrollado en el contexto del proyecto Espacios Seguros y Libres de Violencia por Apoyare A.C. y Shakti.
El documento se construyó a partir del análisis de mil 258 notas periodísticas, solicitudes de información dirigidas a más de un centenar de instituciones y la recopilación de datos en entornos escolares, lo que permitió identificar patrones de violencia en los ámbitos familiar, educativo y comunitario.
En ese periodo, se abrieron 3 mil 24 carpetas de investigación por delitos sexuales, lo que equivale a un promedio anual de 604 casos, es decir, cerca de dos hechos diarios en una sola delegación de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.
A ello se suman 991 reportes de niñas, niños y adolescentes no localizados, activados mediante el mecanismo de Alerta Amber, siendo las niñas y adolescentes quienes concentran la mayor parte de las víctimas.
El entorno familiar continúa como el principal espacio donde se presenta la violencia, mientras que en las escuelas se registran situaciones de acoso escolar, ciberacoso, así como agresiones físicas, emocionales y sexuales.
Tan solo entre 2024 y 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) documentó 53 quejas y emitió más de 40 medidas precautorias, en un contexto donde más del 80 por ciento de los señalamientos relacionados con menores de edad se originan en el ámbito educativo.
El informe también advierte deficiencias estructurales en las instituciones encargadas de atender estos casos, entre ellas investigaciones débiles, prácticas de revictimización, abandono de procesos, falta de coordinación entre dependencias y ausencia de información sistematizada.
Estas condiciones, concluye el diagnóstico, obstaculizan la evaluación y el diseño de políticas públicas eficaces para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
